Gestión algorítmica, riesgo transferido y deuda digital. Esta segunda entrega describe cómo se trabaja en Rappi, la captura regulatoria regional y las formas de organización que emergieron para disputar derechos.
Puertas giratorias y lobby: el otro motor
La expansión no es solo código. Es política. David Luna, exministro TIC (2015–2018), fundó Alianza In para agrupar a plataformas como Rappi, Uber y Didi e influir en la agenda. Su exviceministro Juan Sebastián Rozo pasó luego a Rappi como jefe de Políticas Andinas y director regional de Política Pública (hasta 2024). En Perú, redes empresariales y parlamentarias (con Adriana Tudela como figura visible) frenaron cinco proyectos de ley pro-derechos de los rappitenderos y otras plataformas; en Argentina, Gabriel Buenos saltó del gobierno macrista a Rappi Cono Sur. La línea entre regulación y cabildeo se difumina cuando los exreguladores acaban en nómina corporativa.
Gestión algorítmica: control sin capataz
Rappi, como Glovo o Deliveroo, organiza trabajo con sistemas opacos que:
- Asignan pedidos y calculan tarifas dinámicas.
- Clasifican desempeño con estrellas y métricas.
- Gamifican con bonos y “rachas” para mantener conexión constante.
- Sancionan automáticamente con bloqueos por rechazos, demoras o fallas técnicas.
El resultado: el repartidor ve una app; detrás opera un motor estadístico que define su ingreso. Encuestas sindicales señalan que 81 % de repartidores en Colombia depende exclusivamente de Rappi, desmintiendo la “plena libertad” de rotar entre apps.
Riesgo y costo, del lado débil
Jóvenes y migrantes —muchos venezolanos— trabajan sin contrato ni afiliación plena a salud, pensión y riesgos laborales. Pagan bici o moto, combustible, repuestos, teléfono, datos, maleta térmica y casco (en Argentina, vendido por la propia empresa). En ciudades congestionadas, enfrentan accidentes, hurtos y exposición climática. El esquema a destajo convierte cada minuto en carrera por cumplir metas invisibles.
El manejo de efectivo añade fricción: cuando el cliente paga en efectivo, el repartidor luego “le debe” a la plataforma; errores o demoras del sistema se traducen en deudas y bloqueos. En México se reportaron montos de hasta 40.000 pesos, condonados tras protestas.
La comparativa corporativa de “doble del mínimo por hora” repetida en muchas entrevistas de sus directivos omite tiempos muertos, espera, compras y depreciación. Una hora conectada no es una hora pagada.
De la rabia a la organización
La competencia diseñada no impidió la solidaridad. Grupos de WhatsApp y Facebook derivaron en organización sindical:
- Junio 2019 (Bogotá): protestas con quema de mochilas frente a oficinas de Rappi.
- 8 de octubre de 2020: nace UNIDAPP (con apoyo de la CUT), tras una movilización de 3.000 repartidores; rechaza el rótulo de “colaboradores”.
- Durante la pandemia, el sindicato denunció seguimientos y perfilamientos de líderes por seguridad privada.
El cambio político de 2022 con la llegada del gobierno de Gustavo Petro y el Pacto Histórico abrió puertas:
- Septiembre 2023: Ministerio del Trabajo media un acuerdo; Rappi reconoce a UNIDAPP como interlocutor y ajusta notificaciones de la app.
- Febrero 2024: se pacta tarifa mínima por pedido; UNIDAPP impulsa avances similares en otras plataformas (como Didi).
- Marzo 2025 (Medellín): la Unión Sindical de Mensajeros de Tiendas Turbo acuerda mejoras para 700 repartidores (parqueo, hidratación, baños y debido proceso en cierres de cuenta) con mediación de la Dirección Territorial del MinTrabajo.
El ministro Antonio Sanguino (feb. 2025) lo sintetizó: la negociación colectiva no puede obstaculizarse por falta de reglas; toca proteger las nuevas modalidades de trabajo digital y garantizar trabajo digno.
Contrastes regionales
En Argentina, Rappi bloqueó a la directiva del sindicato APP; el conflicto sigue en tribunales en ausencia de un marco favorable y ante el peso del lobby. En Chile, colectivos como Rapi08 y Riders Unidos Ya integran MAREA, que coordina demandas por salario mínimo, seguridad social y derechos sindicales.
Del control algorítmico a la acción colectiva, el tablero se movió. En la tercera entrega, el nuevo marco legal colombiano: qué cambia para plataformas y repartidores, y qué desafíos deja su implementación.
