He hecho llave y he convencido a algunas personas que se autoreconocen como de «centro», y he identificado que el punto no reside en moderar el discurso sino en evidenciar que en realidad hay puntos en común. Hay que recordar que estamos defendiendo un programa de gobierno progresista, que tiene muchos elementos relacionados con las socialdemocracias de otras latitudes, y que no estamos frente a un programa maximalista de ruptura. Estás claves no son infalibles, es necesario ajustar los énfasis discursivos, lo más importante es demostrar que tenemos apertura para el diálogo.
La cuestión radica en partir de una premisa: la izquierda tiende a asumir la política desde los ejes que la conmueven, desde el combate a la pobreza, la búsqueda de la igualdad, la paz, etc.,por su parte, quienes se asumen «centristas» —me refiero quizás a la gente común y corriente, no al político o al militante—, ponen el foco en asuntos prácticos. Por ejemplo, la o el centrista puede estar más interesado en sentir tranquilidad sobre el rumbo de la economía que en la importancia de la «verdad» y «la memoria histórica» o el lugar de las víctimas del conflicto.
Sobre lo económico, más allá de poner apellidos a las decisiones, podemos insistir que nuestra propuesta busca la productividad del país; en qué los sectores a los que representa De la Espriella tienen una visión antimoderna de la ruralidad en la que miden su poder por las hectáreas de tierra que tienen o el costo del ganado antes que sobre lo rentable que pueda ser, a nivel macroeconómico, ese modelo.
Nosotros, al apostar por la reforma agraria, y seguir una postura que se alínea a la perspectiva histórica de sectores avanzados del partido liberal (Alberto Lleras, Carlos Lleras), creemos que el campo debe ser para el desarrollo de la agricultura y la agroindustria, porque el campo debe ser para producir y es necesario incentivar la propiedad privada de los actores productivos de la ruralidad, es decir, de las y los campesinos. Cómo se puede ver, el foco no es identitario, no es sobre el campesinado, su identidad o sobre por qué se lo merecen, sino por qué, en términos prácticos, es mejor que sea de esa manera.
Desde nuestra propuesta, creemos en que el Estado debe ser un agente activo, que se debe modernizar —durante este gobierno se avanzó en ese sentido—, y debe promover el impulso de las Mypimes (micro, pequeñas y medianas empresas), porque, según los datos, son las que más dinamizan la economía. Por supuesto, la confianza inversionista se seguirá garantizando, cómo pasó en este gobierno, pero el respaldo a esas modalidades se debe profundizar, tal y como propone nuestro candidato.
Es falso que la economía vaya mal, el 31 de mayo de 2026, el mismo Luis Carlos Sarmiento Ángulo en entrevista declaró que la economía iba bien. Es decir, para uno de los grandes millonarios del país, la economía va bien y él mismo, como se puede evidenciar, no fue objeto de las supuestas «expropiaciones» que, decían, se iban a desarrollar durante el gobierno.
Según información del DANE, para el 2026 la economía creció en un 2.2%, y creció en sectores claves. Es importante destacar que ese crecimiento se medía, en gobiernos pasados, con énfasis en sectores improductivos como la extracción minera, mientras que el actual crecimiento es en sectores claves que generan valor agregado como el del comercio, el agropecuario, el turismo, o el de la industria manufacturera. La economía va a seguir ese criterio técnico con proyección social.
Estas políticas han permitido una baja del desempleo. El DANE también reveló que la tasa de desocupación está en un 8.8%, lo que significa que hay una reducción considerable respecto al 11.2% con el que cerró el gobierno Duque o el 9.7% del segundo gobierno Santos o el 12.4% del segundo gobierno Uribe.
La institucionalidad se va a fortalecer, porque en nuestra concepción, es una institucionalidad sólida la que permite la garantía de derechos y la responsabilidad sobre los deberes ciudadanos. Se trata de dos ejes articulados: fortalecimiento de lo público aunado al fortalecimiento de la iniciativa privada, con especial énfasis en las familias de a pie que quieren emprender en el campo y en la ciudad.
Lo anterior con el fortalecimiento del crédito accesible, con programas del gobierno, y con acciones como la compra de alimentos para instituciones como el ICBF, la fuerza pública o el Ministerio de Educación, para que esa compra no sea solo a grandes empresas sino también a emprendimientos de comunidades organizadas, teniendo en cuenta los 6 billones de pesos anuales que el Estado destina a esa compra de alimentos.
En los sectores de izquierda hemos puesto énfasis en «lo político» de las discusiones y asumido con cierta desconfianza «lo técnico», algo que para los centristas es muy importante. Claro, muchos temas pueden tener un manejo específico según sean los criterios políticos de base sobre los que los asumamos, pero «lo técnico» es fundamental y debemos mostrar que la izquierda también lo es y lo puede ser.
La seguridad, desde un punto de vista social, tiene criterios técnicos que son básicos, por ejemplo: debemos avanzar en la seguridad ciudadana, la que está enfocada en el delito común, no solo en seguridad nacional, y la política de paz no debe eclipsar estás dos dimensiones de la seguridad. Pero podemos insistir también con que un ejército funciona mejor si está bien pago y que en eso avanzó este gobierno al pagarle $996.500 a los jóvenes que prestan el servicio respecto a los $300.000 que que recibían para el 2021-2022, y ese componente social también es un criterio técnico básico.
Estos son algunos ejemplos sobre cómo las propuestas de gobierno pueden tener sintonía con la visión de personas «centristas». No sé trata de dejar de ser lo que somos sino de saber a quién le hablamos y cómo le hablamos en función de sus visiones e intereses.
Por eso es importante escuchar, con calma, sin apasionamientos, con capacidad autocrítica como izquierdas o progresistas, e ir notando cuáles son los énfasis discursivos del otro para, desde ahí, encontrar los puentes que evidencien cómo podemos estar de acuerdo en un proyecto de país productivo en el que el desarrollo beneficie a todas y todos y no solo a unos cuantos.
