El derecho de vivir en paz

Hay un hecho muy importante que en Colombia merece bastante atención y estudio por parte de las organizaciones sociales y políticas: la defensa de los derechos humanos. El Estado habla de paz en un marco de contrariedades

; no es posible entender la terquedad del gobierno frente a temáticas particulares como el conflicto y la defensa de los derechos en nuestros territorios. Partiendo de la lógica que reviste las decisiones gubernamentales, es natural exigirle garantías al Estado social de derechos pues es un principio fundamental la defensa y protección de los mismos, aquellos que están inmersos en los pueblos desde su modo de ver, ser y sentir la cotidianidad; en ese sentido es normal cuestionarse sobre el modo de operar del gobierno en las regiones que hoy por hoy se ven sometidas a la presencia materializada del conflicto social, de la intranquilidad y la vulneración de derechos. 

Mafe Revista Hekatombe

La proclama de los burócratas que se sientan a ver como suceden masacres y atentados contra nuestra población, ha sido reforzar los medios de guerra, enviando miles de cuerpos armados, en su defecto bases militares, escuadrones móviles antidisturbios, acallar a los estudiantes con pistolas taser, como único hecho efectivo para “defender y proteger” a la sociedad; ellos no han entendido aún que es muy diferente hablar de militarización y la represión frente a una solución política y social.

Desde el año 2012 la fuerza de indígenas milenarios logró expulsar del territorio caucano a un grupo de militares que amenazaban la tranquilidad de sus vidas, sigue siendo en el Cauca donde el pueblo lucha por justicia social; sea cual sea el medio: a través de un acuerdo humanitario, de una movilización social o de la organización piden que la población civil no se encuentre en medio del fuego cruzado, teniendo que acarrear con más dolencias, la muerte o desaparición de personas inocentes que nada tienen que ver con esta difícil problemática social. En el mismo año, en Meta y Guaviare la corte ordenó al ejército respetar el territorio de indígenas que rechazan la presencia de las bases militares, sin embargo, el argumento de respuesta se basó en que estos aparatos armados cuentan con el beneplácito de los alcaldes, quedando nuevamente vulnerables.

Este accionar social provocó, con gran ahínco, las movilizaciones, paros y protestas de los años subsiguientes y así mismo, a la medida de su fuerza, aguante y alcance, surgió un nuevo discurso patriótico para defender los dispositivos de seguridad y poner a salvo la nación, recriminando las acciones políticas de indígenas y campesinos. El discurso tuvo como aliados a los medios de comunicación pues su primer paso en la táctica fue ocultar a los actores populares; negarlos como parte del proceso y finalmente acusarlos y estigmatizarlos para señalarlos como causantes de daños, destrozos y retrasos.
Finalmente la manipulación mediática cumple su estrategia a través de argumentos desdeñosos que solo han generado burlas hacia dichos movimientos y los han caracterizado como terroristas. Las amenazas en dicho discurso, han sido directas: “no quiero ver a un solo indígena en las bases militares”, “les mandaremos al ESMAD”, “son delitos graves que deben ser judicializados” “ustedes protestan y van a tener que enfrentarse al brazo de represión legal del Estado ” “aquí hace falta innovar con armas no letales, como esas que le meten voltios a los muchachos para que caiga, lo acaten, lo sigan y se lo lleven arrestado”. La violencia continua y vemos que las medidas del Estado no son las más pertinentes, es cierto que no se habla de humanidad, de derechos humanos o del convenio de Ginebra donde “las personas deben ser puestas fuera de combate, y además deberán ser tratadas con humanidad, sin distinción alguna” y que las guarniciones militares deben estar lejos de la población civil, planteamiento además lógico; pero lo que se ha logrado es acrecentar los odios y generar más violencia.

Los burócratas repiten que estan defendiendo al Estado y por eso en diferentes municipios del territorio colombiano se mira con expectativa y asombro la “innovación” del gobierno cuando implementa los batallones energéticos, las pistolas taser, duplicar las fuerzas represivas de 50 mil a 100 mil que solo significa la presencia militar y armada de quienes hacen la guerra y que ponen en riesgo la vida de miles de personas sin responsabilidad alguna, No Se Puede Derribar A Un Mounstro Dando Lugar Al Nacimiento De Otro Más Perverso, el Estado toma cartas en el asunto, constitucionalmente se proclama como “Social de derechos”, sin embargo, pasa por alto los derechos humanos que garantizan una vida digna y el trato con humanidad que merecen las personas fuera de la guerra. Vemos con tristeza que departamentos como Cauca, Choco, Nariño y Putumayo continúan siendo relegados políticamente y en Colombia solo observamos un gobierno fascista que impone guerra con más guerra. Las promesas de bienestar y confianza de todos los ministros de defensa, el circo mediático como instrumento psicológico de aceptación a la guerra en nuestros niños; caímos en el círculo de ser falsos positivos, jóvenes campesinos reclutados, agredidos y estigmatizados por pensar diferente y querer un futuro donde la paz y la justicia social sean nuestros pilares. Batallón Energético, base militar, pistola taser, ESMAD, ¿cuál sería la diferencia si sopesamos sus actitudes y acciones? las que demandan los presidentes; la seguridad democrática, la prosperidad para todos son lo que son, corresponden a métodos asistencialistas que solo nos hacen ser mujeres y hombres sin territorio ni libertad con nombre de nación independiente para reclamarnos propios de un lugar que perdimos hace tiempo, quizá por nuestra poca participación y nuestra total enajenación en acciones populares que nos gritaron con fuerza llamando a nuestra resistencia. Para vivir en paz es importante hacer efectivas las políticas honestas, la justicia, el respeto; mientras la conciencia sea premisa y antes de perdernos en el dolor de la muerte, seguiremos luchando por nuestro territorio libre, por nuestro derecho de vivir en paz.
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María Fernanda Arévalo Rivera. Licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales, Túquerres (Nariño).
Ha escrito para la revista Historia de la Educación Colombiana y participado en el grupo de investigación de pensamiento latinoamericano de la facultad de ciencias humanas de la universidad de Nariño.

 

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