La Alta Consejería de Paz inició conversaciones con algunas de las bandas criminales de Quibdó. También ha buscado espacios de conversación con las dos principales bandas de Buenaventura: los Shotas y Espartanos; y además, está procurando establecer encuentros con bandas de Medellín. Y todo esto en paralelo con los diálogos con la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional y con el grupo disidente de las FARC conocidas como primera disidencia o Estado Mayor Central.
Todo un conjunto de organizaciones que vive de las rentas ilícitas pero también de ingresos lícitos y de múltiples nexos con el mundo de la «legalidad».
También se están buscando los mecanismos para la conversación con las Farc-Segunda Marquetalia y con la nueva generación paramilitar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el grupo criminal más grande del país en este momento.
Es evidente que se trata de un complejo entramado de grupos al margen de la ley, un grupo heterogéneo que responde a distintas historias y dinámicas políticas, económicas, territoriales y nacionales. Todo un conjunto de organizaciones que vive de las rentas ilícitas pero también de ingresos lícitos y de múltiples nexos con el mundo de la «legalidad».
¿Cómo desmontar esa estructura?, ¿siguiendo con la guerra?, ¿la misma con la que se ha insistido por más de cincuenta años? O con formas específicas de conversación que lleven a tensionar las lógicas convencionales de justicia pensadas para países sin guerra, o países que buscan superar los conflictos armados por la vía militar.
Estos enfrentamientos generan no solo desplazamientos sino confinamientos que impiden el desarrollo de las dinámicas comunitarias y sociales. Por eso algunas voces, aunque no las suficientes, llaman a un cese al fuego multilateral.
Evidentemente se trata de un gran reto, cuya dificultad incrementa si se tiene en cuenta que uno de los segmentos que maneja los hilos del poder ha llegado al lugar en el que está por medio, precisamente, de las economías de la guerra.
En este momento de cese al fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional el nivel de conflictividad territorial no disminuye, y no necesariamente porque se esté violando el cese sino por los enfrentamientos entre ELN y Estado Mayor Central, o Autodefensas Gaitanistas de Colombia y ELN. Estos enfrentamientos generan no solo desplazamientos sino confinamientos que impiden el desarrollo de las dinámicas comunitarias y sociales. Por eso algunas voces, aunque no las suficientes, llaman a un cese al fuego multilateral.
¿No sería esta una razón suficiente como para defender la política de paz total aún con todos los retos que representa?
La superación militar del conflicto fue un fracaso porque la capacidad de fuego y táctica nunca logró superar la guerra de guerrillas ni los controles paramilitares ni delincuenciales, y la negociación con un solo actor armado no bastó, como lo puso de manifiesto el acuerdo con las Farc —en gran medida incumplido por los gobiernos Santos y Duque—. Dicho eso ¿No sería esta una razón suficiente como para defender la política de paz total aún con todos los retos que representa?
Por supuesto, entendiendo que en gran medida la efectividad a largo plazo de la «paz total» depende de la democratización de la tierra con la reforma agraria y de una reforma profunda a la fallida política de «guerra contra las drogas», basada, en gran medida, en la ilegalización, la satanización del consumo y la persecución del eslabón más débil de la cadena: los pequeños productores.
La iniciativa de paz total, pese a su importancia histórica, parece avanzar casi sola, o por lo menos sin el acompañamiento suficiente, al contar solo con el respaldo de algunas expresiones de la sociedad civil, el gobierno, y el impulso, real o táctico, de algunos grupos armados.
En el debate público, posibilitado por el poder mediático, los temas son la fabricación del escándalo de coyuntura y la satanización de las conversaciones de paz y de las propuestas de reforma con contenido social. Por su parte, a nivel territorial y de organizaciones sociales y étnicas, en gran medida los debates giran en torno a lo electoral —que parece ser asumido desde un punto de vista cortoplacista antes que estratégico—, o a las ventanas de oportunidad generadas por el nuevo gobierno para la consecución de recursos inmediatos. La iniciativa de paz total, pese a su importancia histórica, parece avanzar casi sola, o por lo menos sin el acompañamiento suficiente, al contar solo con el respaldo de algunas expresiones de la sociedad civil, el gobierno, y el impulso, real o táctico, de algunos grupos armados.
Esperemos que el tiempo alcance y el camino quede abierto para que la transición de la guerra a la superación dialogada del conflicto armado sea posible, y el país no esté advirtiendo simplemente lo que será la nueva reconfiguración del control territorial de la violencia.
