Por: Daniel Castillo M
El gasto público y los derechos sociales
Entre los denominados derechos de segunda y tercera generación —económicos, ambientales, sociales y culturales— (DESCA), se encuentran el derecho humano a no pasar hambre, hoy renombrado como Derecho Humano a la Alimentación – DHA, el acceso a la tierra, al agua y las prácticas culturales propias de los pueblos como la cocina tradicional. Aunque varios de estos derechos no aparecen expresamente formulados como derechos fundamentales en la Constitución, inciden y condicionan directamente en otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida y la dignidad humana. En coherencia con tales premisas, el Estado social de derecho, manifestado en el ejercicio público de los gobiernos del orden nacional y local, deberá actuar en torno a su garantía y protección.
No obstante, como es sabido, la garantía de derechos históricamente ha estado por debajo de los intereses particulares, económicos y políticos de los gobernantes. En Colombia, la cartera pública o Presupuesto General de la Nación —PGN —, se limita alrededor del 27% del PIB que actualmente es de $1.843 billones de pesos (≈ USD 420.500 millones), siendo aproximadamente $546 billones de pesos para 2026; este es el marco de maniobra del gobierno en consideración con la normatividad vigente para su buen uso y distribución.
En los últimos 20 años el PGN nacional se ha destinado en materia del pago de la deuda pública, la seguridad y defensa, salud y educación, distribuciones que, como se mencionó, aunque están condicionadas por la ley, varían de algún modo en cada periodo de gobierno; mientras algunos gobiernos impulsan políticas públicas con intenciones diferenciadas que amplían o reducen las brechas sociales.[1]
Revisando la distribución de los cuatro gobiernos pasados, observamos cómo Colombia pasó de un Estado enfocado en seguridad y conflicto armado (2002-2010) a uno centrado en gasto social (2010-2026). Sin embargo, el rubro que más creció de manera sostenida no fue educación ni salud, sino el del pago de la deuda pública, que pasó de representar alrededor de 20 billones de pesos anuales durante el primer gobierno de Uribe a más de 90 billones anuales en la actualidad.
Gobierno Petro
El primer gobierno del cambio no estuvo ajeno a recibir un país con inmensos problemas fiscales y de limitaciones en la garantía de derechos. Se trató de un reto enorme, asumido al intentar transformar las históricas prácticas administrativas de la clase política tradicional, el sector privado, que han destinado grandes recursos en seguridad y defensa sin resultados contundentes.
Gráfico No 1. Deuda pública de Colombia (% del PIB) 2005-2025
Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Hacienda, el Banco de la República y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).
Petro se atrevió a proponer una mirada distinta sobre el uso y la distribución de los recursos públicos. Aumentó como ningún otro gobierno el gasto social, buscando mejorar las condiciones de vida de las personas y colectividades más vulnerables históricamente marginadas y empobrecidas en Colombia, como la niñez, las personas mayores, las madres cabeza de hogar y otros grupos históricamente empobrecidos. En su gobierno la inversión en educación ascendió a los 70 billones de pesos, mientras que salud y defensa se ubicaron seguidamente con un presupuesto de un 60,5 y 56 billones de pesos respectivamente en 2024, con 112 billones de pesos destinados al servicio de la deuda en 2025.
El presidente sale del gobierno con la inversión más alta en los últimos 20 años en gasto social, pasando de representar aproximadamente 10% del PIB durante los primeros años del siglo XXI a cerca de 16% del PIB en la actualidad, mientras que su participación dentro del PGN aumentó de alrededor del 40% a cerca del 60%. Sin embargo, vale la pena revisar periodo tras periodo los gastos en inclusión social, pues son estos los que se destinan para atender realmente las brechas sociales y la garantía de derechos a la población en general, con el propósito de superar la pobreza y la desigualdad imperante en Colombia.
Desde 2002, el presupuesto de Inclusión Social pasó de aproximadamente 3 billones de pesos anuales a cerca de 15 billones en 2025, multiplicándose por cinco en términos nominales. Sin embargo, su peso relativo dentro del PGN se ha mantenido relativamente estable alrededor del 2% al 4%, muy por debajo de sectores como educación, salud o servicio de la deuda. Lo cierto es que los resultados de las acciones de gobierno se pueden ver reflejados en la reducción de la pobreza multidimensional 9.9 %, la tasa de desempleo, hoy ubicada en 8,8% y el IPC actualmente en 5,61%.
Gráfico No.2 Pobreza multidimensional en Colombia.
Fuente: Dane 2026.
Petro y garantía de derechos: alimentación y salud
El gobierno saliente aumentó la inversión en salud de 48.5 a 73.5 billones de pesos. Presupuesto que se tradujo no solo en el sostenimiento de un sistema de salud heredado en crisis, en la urgencia de una reforma estructural, sino en la conformación de más de 10.000 equipos básicos de salud (EBS) beneficiando a cerca de nueve millones de familias en todo el país. Se destinaron 3.1 billones de pesos en infraestructura hospitalaria y otros 3 billones en el mantenimiento de la red nacional de hospitales. Adicionalmente, cabe mencionar los 1.6 billones de pesos para la reconstrucción del centro médico y científico Hospital San Juan de Dios 2026-2034 y los 87 mil millones de pesos en la construcción y dotación del buque hospital Benkos Biojo que busca beneficiar a más de 150.000 personas del Pacifico colombiano.
Finalmente, resulta especialmente relevante destacar los claros logros en la disminución de la inseguridad alimentaria y la mortalidad infantil por desnutrición, algunos indicadores del hambre en Colombia, que obedecen no solo al impacto del gasto en inclusión social, sino a un compromiso político plasmado en el plan Nacional de desarrollo Colombia potencia mundial de la Vida 2022-2026.
Gráfico No 4. Número de casos reportados mortalidad por desnutrición Colombia 2022-2025
Fuente: Elaboración propia a partir de Boletín INS 2025
En concordancia con la inversión, según datos del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), reportados por el Gobierno Nacional, las muertes por desnutrición en menores de cinco años pasaron de 406 casos en 2022 a 150 casos en 2025. Igualmente, el DANE y la FAO reportan que la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en los hogares pasó de 28,1% en 2022 a un 25,5% en 2024.
Gráfico No 5. Porcentaje de Inseguridad alimentaria por hogar Colombia 2022-2026
Fuente: elaboración propia a partir de datos SOFI de FAO y encuesta calidad de vida (FIES) Dane.
Nos queda entonces la duda si el gobierno entrante buscará enfrentar más fuertemente estas brechas sociales hacia la continuidad de la disminución de estas o su enfoque político y presupuestario priorizará otros aspectos sociales sacrificando los avances hasta aquí mencionados.
Las propuestas de los candidatos
En la nueva contienda electoral, que definirá al presidente para el periodo 2026-2030, el país se encuentra ante a continuidad de las políticas impulsadas por el presidente Petro o un cambio de rumbo hacia los gobiernos tradicionales a lo que fueron los gobiernos de derecha tradicionales de Colombia en las últimas dos décadas. Sin embargo, la principal diferencia entre las candidaturas no parece estar en eliminar o mantener la inclusión social, sino en su magnitud y mecanismo de financiación.
Tabla No 4. Síntesis de propuestas en inclusión social campaña electoral 2026
| Candidato | Orientación sobre inclusión social | Impacto esperado en PGN |
| Iván Cepeda | Ampliar programas sociales, fortalecer renta básica, reducción de pobreza y desigualdad, mayor inversión en educación, salud y protección social. | Incremento de la participación del gasto social dentro del PGN; financiación mediante reforma tributaria progresiva. |
| Abelardo de la Espriella | Prioridad en seguridad, orden público y crecimiento económico. Menor énfasis en expansión de subsidios sociales. | Mayor presión presupuestal hacia defensa, justicia y seguridad; no ha propuesto una expansión significativa del gasto social. |
Fuente: elaboración propia programas de gobierno Candidatos.
El candidato del oficialismo, Iván Cepeda, senador de la República y militante histórico por las víctimas y los crímenes de Estado, apunta a expandir significativamente el gasto social y los programas redistributivos. Por su parte, el candidato Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, representantes del uribismo y la clase oligarca tradicional del país, enfatizan más la seguridad, la reducción del déficit y la actividad económica privada.
Conclusiones
La garantía de los derechos humanos obedece a las acciones de los distintos Estados para protegerlos y efectuar su realización. Ejemplificando, proteger la vida implica acciones en torno a la paz, la salud y el bienestar social. Retos que se materializan en inversión pública y gestión social que permita a un gobierno administrar de la mejor forma posible su presupuesto para el mantenimiento del Estado-nación y la prosperidad humana de sus integrantes.
Las elecciones de 2026 determinarán qué pasará en términos de avances o retrocesos en la garantía de derechos, mientras la nueva administración llegó nuevamente en números rojos con una deuda pública que asciende a los $1.181,4 billones de pesos, lo que equivale aproximadamente al 61,2% del Producto Interno Bruto.
Se impondrán nuevamente sacrificios al PGN de uno u otro sector de acuerdo con las promesas de campaña. Así, mientras por un lado se busca la continuidad de gasto alto en inclusión y bienestar social, por el otro se busca volver a las políticas centradas en los altos gastos en defensa y fuerza pública que alimentaron la guerra décadas atrás y que poco o ningún impacto dejaron en asuntos como el hambre, la pobreza o la malnutrición.
Referencias
Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2026). Pobreza multidimensional en Colombia 2025. DANE.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2025). Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2024. DANE.
Departamento para la Prosperidad Social. (2025). Informes de gestión y ejecución presupuestal 2022–2025. DPS.
Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2025). The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2025. FAO.
Instituto Nacional de Salud. (2025). Boletín epidemiológico nacional 2025. INS.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2025). Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Banco de la República. (2025). Estadísticas de deuda pública y finanzas públicas. Banco de la República.
Comité Autónomo de la Regla Fiscal. (2025). Informe anual de seguimiento fiscal. CARF.
Decreto 111 de 1996. (1996). Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Diario Oficial.
Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida. (2023). Ley 2294 de 2023. Congreso de la República de Colombia.
[1] La distribución del Presupuesto General de la Nación (PGN) no depende únicamente de la voluntad del gobierno de turno. Está condicionada por la Constitución, leyes orgánicas y compromisos fiscales previos, entre ellas el Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico del Presupuesto), norma central que regula la programación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto nacional.
