La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá es un proyecto cultural fundamental para la ciudad. Precisamente por eso, las críticas que hoy surgen no buscan atacarla ni desinformar, sino defenderla desde la experiencia de quienes la sostienen.
El problema no es la Red. El problema es cómo se está gestionando.
Hoy existe un malestar real en el talento humano: situaciones de hostigamiento, persecución laboral y silenciamiento de la crítica que provienen tanto desde la Dirección de Lectura y Bibliotecas como desde algunas coordinaciones —algunas de ellas señaladas y denunciadas por posibles casos de acoso, sin que hasta ahora se evidencien respuestas claras o acciones efectivas frente a estas situaciones. No es aceptable que se sugiera que quien se queja “mejor renuncie”. Eso contradice el sentido mismo de lo público y del pensamiento crítico que las bibliotecas promueven.
La Dirección responde con cifras, metas y logros, pero evita hablar de lo esencial: las condiciones internas, la sobrecarga laboral y el desgaste de los equipos. Se habla de crecimiento, pero no de las personas que lo hacen posible.
A esto se suma una preocupación por la falta de planificación.
Si desde 2025 se conocía una reducción presupuestal, ¿por qué no se priorizó la sostenibilidad del equipo humano y de la infraestructura existente?
En ese mismo sentido, surge una pregunta legítima:
¿era pertinente destinar recursos al Encuentro de Ciudades 2025 —con logística para cerca de 300 invitados internacionales y un amplio despliegue institucional— cuando ya se conocía el escenario de recorte? En esa misma línea, también es necesario revisar la priorización de otros eventos e iniciativas como el Festival Reverso, el concurso de violín y analizar el impacto real de programas como Barrios Vivos. No se trata de cuestionar su valor cultural, sino de evaluar con seriedad su alcance, pertinencia y sostenibilidad en un contexto de restricción presupuestal.
También hay vacíos que deben aclararse, como lo ocurrido con la Biblioteca Pública La Giralda: ¿por qué ciertos cargos siguieron apareciendo en pliegos y en el esquema operativo si no correspondían a la realidad? En lo público, estas inconsistencias requieren explicaciones claras.
Se suma además la percepción de prácticas de contratación que deben ser transparentes y verificables, basadas en mérito y no en cercanías.
Y hay un tema clave: la comunicación institucional.
El área de comunicaciones no está visibilizando de manera equilibrada los procesos reales de las bibliotecas locales; privilegia ciertos contenidos y deja por fuera el trabajo territorial. Además, se ha transmitido la idea de que los canales como WhatsApp deben ser controlados exclusivamente por esa área, desconociendo el derecho de la ciudadanía a organizarse y generar comunidad alrededor de las bibliotecas.
A esto se suma otro ejemplo preocupante: la reactivación del préstamo a domicilio anunciada públicamente sin explicar que, en muchos casos, recaerá en una sola persona por biblioteca mayor. Tampoco se ha dicho cómo se sostendrá el servicio en medio de la reducción de equipos. Esto plantea dudas sobre tiempos de respuesta, condiciones laborales y viabilidad real.
Pero hay algo aún más evidente: el estado de la infraestructura.
Las bibliotecas están claramente afectadas. No es una acusación infundada: hay goteras, grietas, deterioro y falta de recursos básicos. Basta con que las autoridades visiten los espacios —especialmente en días de lluvia— para evidenciar la falta de inversión y el abandono en el mantenimiento.
Cuando se privilegia el anuncio, la visibilidad o el evento sobre la sostenibilidad, se corre el riesgo de caer en decisiones más mediáticas que estructurales.
Defender la Red no es repetir sus logros. Es garantizar su sostenibilidad ética, laboral y humana.
Las bibliotecas no son solo infraestructura o indicadores. Son, ante todo, las personas que las hacen posibles.
Si realmente se quiere fortalecer BibloRed, el primer paso no es desestimar las críticas, sino escucharlas y responderlas con seriedad.
Pero, además, ese fortalecimiento debería pasar por la revisión de acciones contundentes a mediano y largo plazo, a partir de preguntas que tienen un efecto en la dimensión estructural como ¿La tercerización del servicio está garantizado adecuadamente los derechos de las y los trabajadores de las bibliotecas y de la ciudadanía que es usuaria de las mismas? ¿No se debería contemplar un vínculo directo atado a la política pública con contrataciones de planta? ¿Hasta cuándo se van a pensar las bibliotecas públicas como eventos aislados y no como una red humana de cultura, conocimiento y construcción de comunidad?
