¿La democracia en peligro?

La madrugada del miércoles 9 de septiembre, Javier Ordoñez fue asesinado por dos policías en el espacio público. Este abuso de poder hace parte de las sistemáticas acciones violentas e injustificadas cometidas por la policía en contra de civiles. Ante dicho abuso, las llamas de la ira prendieron fuego a los CAI, exigiendo justicia y no más impunidad ante estos crímenes.

Ciertamente, a los bogotanos nos sorprendió la rápida reacción ciudadana que no se concentró solamente en un punto de la ciudad, sino que se esparció por todos los rincones, desnudando lo ilegítima que resulta la policía para la ciudadanía. Desde el sur hasta el norte, el calor de la indignación se apoderó de los CAI para destruirlos y, con ello, destruir lo que representan: lugares donde niñas y mujeres han sido violadas, donde personas de todas las edades y de distinto sexo han sido torturados, desaparecidos y asesinados.

La respuesta de la policía, como era de esperarse, fue un violento abuso de autoridad que incluyó desde palizas hasta disparos contra las personas. Es decir, lo que se vivió la noche del 09 de septiembre fue una masacre: policías armados dispararon contra civiles desarmados, quienes no tenían la posibilidad de igualar su fuerza.

Hasta aquí, he sintetizado de una manera general lo ocurrido. Ahora introduzco lo que me motivó a escribir este texto, que es: ¿cuál fue la respuesta de la alcaldesa Claudia López? Hasta el momento sus respuestas se han concentrado en tres puntos: el primero consiste en publicar el número de heridos y de muertos expresando su solidaridad con las víctimas; el segundo, el llamado a la ciudadanía para que se nieguen a ejercer su legítimo derecho a la protesta y, por último, ha aclarado insistentemente que las acciones cometidas por la policía se hicieron sin su autorización.

En un vídeo publicado en su cuenta de Twitter afirma: “desde inicio de año se dio la instrucción de que Policía no usara armas de fuego en protestas sociales y ayer se violó”.  En otra publicación afirma que nadie dio la orden de usar armas de fuego y mucho menos de manera indiscriminada. También afirma: “en varios puntos hubo uso indiscriminado de armas de fuego”. Igualmente, solicita a la Procuraduría que asuma los 58 casos de heridos y 5 casos de asesinato producidos por armas de fuego. Es decir, es un hecho que la Policía usó en una sola noche armas de fuego contra mínimo más de 63 civiles en varios lugares de la ciudad.

Las preguntas que surgen son: ¿si la alcaldía no dio la orden, entonces quién?, ¿acaso los policías actuaron por voluntad propia? De ser así, ¿cómo se explica que las voluntades individuales coincidieran sin coordinación alguna en proceder del mismo modo, en distintos lugares y ante distintas circunstancias?, ¿quién puede protegernos de la policía?

No sólo tenemos una noche de masacre en toda la ciudad. No sólo se tiñeron de rojo los barrios por culpa del actuar criminal de las fuerzas represivas del Estado. También se puso en evidencia que la democracia puede estar en riesgo. Si la Policía no cumple las ordenes de la alcaldía y puede asesinar civiles sin fundamento alguno ¿qué poder tiene la alcaldía para proteger a sus ciudadanos? Lo que Claudia López está aceptando implícitamente con estas afirmaciones es que la policía puede actuar de manera autónoma negando derechos fundamentales a los ciudadanos. ¿Quién nos garantiza que podemos estar a salvo?, ¿quién nos garantiza que no se tomarán el poder?, ¿quién nos garantiza que el Estado cumplirá su supuesto deber como protector de los ciudadanos?

La afirmación de la ausencia de responsabilidad por parte de la alcaldía en esta masacre no sólo lava las manos de quienes se supone toman las decisiones. Estas declaraciones afirman también la falta de autoridad y, con ello, afirman la fragilidad de nuestra democracia y afirman la probabilidad de que lo que pasó anoche se reproduzca en el tiempo y nadie pueda detenerlo. Ante esto, ¿qué nos queda?, ¿cuidarnos entre nosotros?

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