De startup a superapp: la red de poder detrás de Rappi

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Mientras el presidente Gustavo Petro firma la reforma que actualiza el Código Sustantivo del Trabajo y dos leyes clave de flexibilización (1990 y 2002), vale mirar el espejo que ofrece Rappi: una plataforma nacida en Bogotá que, en diez años, pasó de “emprendimiento” a actor financiero transnacional. Esta primera entrega sitúa el contexto político y traza el mapa corporativo que explica su ascenso.

Reforma en marcha, democracia frágil

La nueva reforma laboral llega tras un forcejeo de dos meses en la Comisión Séptima del Senado y un trámite en Cámara que recortó capítulos neurálgicos para fortalecer al sindicalismo, en un país que concentra más del 60 % de los asesinatos de sindicalistas documentados. La apuesta del gobierno es ampliar capacidad estatal para garantizar derechos y cortar flujos de dinero público que enriquecieron a élites por décadas. En ese tablero, Rappi ocupa un lugar central.

Rappi en la constelación del capital de riesgo

Fundada en 2015, alcanzó estatus de unicornio tres años después. Opera con residencia fiscal en Delaware y ambición de superapp: integra reparto, pagos, datos, turismo, farma, entretenimiento y servicios financieros. Delivery Hero posee 7,9 % de Rappi; compró el 100 % de Glovo en 2022 (con PedidosYa) y antes tuvo Domicilios.com, luego vendida a iFood. Rappi amarra alianzas con Davivienda (Colombia), Interbank (Perú), Banorte (México) y acuerdos sectoriales (Civitatis, Laboratorios Richmond, Páramo).

También invierte: en 2021 participó en Airlift junto a figuras como Sam Altman, Biz Stone, Steve Pagliuca, Jeffrey Katzenberg, Taavet Hinrikus, Stanley Tang y Bastian Lehmann. No es solo logística: es un nodo de datos, capital y poder.

El credo emprendedor de Simón Borrero

El CEO repite un ideario de autoexigencia (“no quejarse”, “impacto social”) y referentes como Bezos, Musk, Zuckerberg, Jobs. Afirma que los repartidores no son empleados porque se conectan “cuando quieren”. La evidencia contradice esa libertad plena: dependencia económica, control algorítmico y sanciones automatizadas moldean ingresos y horarios. La retórica meritocrática borra las asimetrías de acceso a capital, redes globales y captura regulatoria.

El trabajo que cambió (y lo que no)

Colombia pasó de rural a urbana y financiarizada; la flexibilización de 1990 y 2002 prometió formalización masiva que no llegó. Más de la mitad de la fuerza laboral permanece en la informalidad o economías populares. Entre 2022 y 2025, el salario mínimo subió más del 40 % sin disparar desempleo ni inflación; la desocupación tocó mínimos de 25 años, reabriendo el debate sobre “costos laborales”. En ese contexto, las plataformas funcionan como válvula de escape del subempleo, con jornadas largas, ingresos inciertos y sin protección.

Quema de caja, sube la valoración

En Colombia, Rappi reportó pérdidas operativas superiores a $305.000 millones COP (2019) y por encima de $230.000 millones (2020–2021). 2020 fue el pico de ingresos ($394.800 millones); en 2021 cayeron a $249.529 millones sin que las pérdidas bajaran en igual proporción. Aun así, la valoración saltó de US$1.000 millones (2018) a US$6.400 millones (2024). La clave: capital de riesgo (≈ US$2.200 millones de Sequoia, T. Rowe Price, a16z, SoftBank) que subsidia tarifas para capturar mercado y postergar utilidades. Si la apuesta al monopolio falla, los costos ya habrán sido socializados.


Rappi es tecnología, sí, pero también impuestos, lobby y poder. En la próxima entrega: cómo opera el supervisor invisible (el algoritmo), qué viven los repartidores y cómo responden con organización colectiva.