Bogotá, 17 de septiembre de 2017. El pasado 15 de noviembre el Senado reformó estructuralmente la Jurisdicción Especial para la Paz. Para entender de qué se trata la JEP, sus implicaciones y lo que viene, Revista Hekatombe habló con el profesor e investigador Alberto Benavides, quien nos explicó bien clarito y sin tecnicismos qué está pasando.
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Revista Hekatombe: Profe, ¿quiénes se ven afectados con las modificaciones a la JEP?
Alberto Benavides: El acuerdo de paz negociado en La Habana aunque se hizo entre el Gobierno y las Farc, involucra a todo el país. Lo hecho ayer (15 de noviembre) en el Congreso, las modificaciones a la JEP, afectan a las aspiraciones colectivas y comunes de las y los colombianos que buscamos participar y construir con garantías una paz social y política en los distintos territorios del país.
RH: ¿Nos puede resumir cuáles fueron los cambios que hizo el Senado a la JEP?
AB: ¿Sabía usted que hasta ayer era posible saber la responsabilidad de empresarios y políticos en las masacres en Colombia? ¿Sabía usted que hasta ayer los políticos que llegaron al senado con dinero del narcotráfico y con la presión armada de grupos paramilitares podrían ser investigados y juzgados? ¿Sabía usted que esos mismos políticos buscan incluir en la JEP las masacres de los parapolíticos a pesar de que la Corte Constitucional no los reconoce como delitos políticos? ¿Sabía usted que ayer negaron la posesión como magistrados a abogados/as que se han destacado en la defensa de las víctimas?
RH: ¿Qué pasó anoche? O mejor, ¿qué ha pasado en estas últimas semanas?
AB: Se ha consolidado en la práctica un discurso indolente que desde hace unos meses, distintos sectores políticos opuestos al acuerdo de paz tienen en relación a víctimas y la búsqueda de justicia y reconciliación. Hubo un aspecto fundamental que se modificó, que fue crear -después de haber sido seleccionados los y las magistradas de la JEP- una inhabilidad para dichos magistrados, que consiste en que si ha defendido a víctimas o participado en demandas contra el Estado, o denuncias relacionadas al conflicto armado, no podrían ser magistrados de la JEP. Es un ataque directo a las garantías de las víctimas. Es desconocer quiénes y cómo se ha desarrollado la defensa de los Derechos Humanos en Colombia, y cómo hay personas que han aportado de manera fundamental a este propósito.
Es la última de una serie de acciones -como las demoras y la mezquindad de Rodrigo Lara y en general Cambio Radical, ‘la oposición’ del Centro Democrático y el partido Conservador- dirigidas a afectar la implementación de la Justicia del acuerdo de paz. Acciones para en la práctica quitar todas las garantías para los derechos de las víctimas independientemente de lo que se diga en las declaraciones públicas y en sus medios de prensa-portavoces.
RH: ¿Por qué modificar la JEP?
En Colombia hay personas que no quieren que se sepan verdades, datos, historias e hilos que permitirán construir narraciones y consensos y disensos informados alrededor de puntos sobre lo que nos ha pasado. Por lo mismo es problemática la parte de la reciente decisión de la Corte Constitucional sobre la JEP, en la que se dice que es voluntaria la presencia de terceros. Nos quedamos sin gran parte de la verdad. De la verdad de las formas en que empresariados y gamonales locales se aliaron a proyectos de políticos de siempre funcionales a poderes reaccionarios legales e ilegales. Los políticos de siempre que han mostrado su verdadera cara guerrerista al congreso.
Necesitamos reconstruirnos desde una esperanza crítica. Lo que está pasando es grave y doloroso. La indiferencia lo hace más. Son las aspiraciones colectivas de un país las que están en juego.
