¿Cómo comunican los grandes medios la protesta social?

El representante boyacense Cesar Pachón, quien se hizo conocido por ser uno de los dirigentes campesinos del paro agrario de 2013, publicó en sus redes sociales un vídeo que había difundido en el tiempo de las protestas agrarias.

Se trata de una recopilación de noticias de la prensa corporativa, en las que se pone en evidencia el criterio editorial de estigmatizar a las y los manifestantes, acreditar como única fuente válida a la fuerza pública, y hacer de la protesta social un mecanismo cuestionable para la exigibilidad de derechos y reivindicaciones.

A su vez, la producción audiovisual muestra el manejo que el periodismo comercial hace de las denuncias de brutalidad policial, invistiendo de legitimidad el accionar de la fuerza pública así vaya en contravía de los derechos humanos y de la Constitución misma..

Si bien el foco de análisis es el manejo periodístico de los grandes medios hacia el paro agrario, cabe señalar que la línea editorial de la prensa corporativa respecto a la protesta social no ha cambiado en lo sustancial en los últimos años. En los casos de abuso de autoridad en el marco de protestas y paros posteriores, el periodismo comercial siguió haciendo de las víctimas victimarios, y de los victimarios víctimas, siendo un caso paradigmático el del asesinato del joven manifestante Dilan Cruz, quien fue señalado y satanizado en la producción noticiosa, mientras el Escuadrón Móvil Antidistubios era humanizado por medio de distintos formatos periodísticos.

El manejo periodístico de los grandes medios corporativos de comunicación frente a la brutalidad policial, al opacar los casos de agresión y homicidio mientras ataca a la ciudadanía movilizada de forma abierta o encubierta, deja en evidencia su posición de rechazo a la protesta social, con la producción de noticias que señalan los problemas de movilidad generados por las marchas pacíficas, antes que las banderas sociales o políticas de ésta, y al saturar su parrilla noticiosa con la criminalización de repertorios de movilización como el grafiti, o la afectación de infraestructura del poder financiero y político como bancos o edificios gubernamentales, para opacar el número de personas que participaron, o la provocación policial.

Sobre la violencia de la fuerza pública, tal y como lo señaló Temblores ONG, solo “en los tres primeros años de implementación de este Código [el nuevo Código de policía], ha cobrado la vida de 289 personas, ha dejado lesionadas a 39.613 y causado hechos de violencia sexual sobre 102 personas”, siendo evidente que se trata de una forma de actuar sistemática que difícilmente escapa de lo que un medio de comunicación serio informaría rigurosamente.

En su informe a la Comisión Histórica del Conflicto Armado, el sacerdote e investigador social Javier Giraldo sostenía que: “La propiedad de los grandes medios siempre ha estado en manos de personas y corporaciones privadas muy ricas y defensoras del sistema imperante, integradas a los más grandes conglomerados económicos del país, pero en los últimos años sus accionistas mayoritarios han pasado a ser grandes transnacionales de la información. Los medios alternativos son realmente marginales. Tal situación es calificada como ‘libertad de prensa’, pero en realidad de verdad es una libertad exclusiva de quienes tienen mucho dinero y se identifican con el régimen excluyente y elitista, para informar lo que ellos deciden y de una manera tal que condicione las conciencias de las grandes masas de población a pensar y actuar de determinada manera, la que más le convenga al Establecimiento”. Lo que deja el debate abierto respecto a los intereses de los grandes medios corporativos de comunicación a la hora de estigmatizar la protesta social y disminuir la producción noticiosa frente a los casos de violencia policial, teniendo en cuenta la relación entre esta expresión de la prensa y el poder.

 

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