Defender la Ley 100 es criminal, perverso o ignorante. La reforma es necesaria y urgente

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Es muy probable que la persona que esté leyendo este texto haya sido atendida alguna vez por una Institución Prestadora de Salud (IPS), y que haya estado o esté suscrita como usuaria a una Empresa Promotora de Salud (EPS), entidad responsable de otorgar los servicios de salud, sean una consulta médica en la que receten acetaminofén, o bien, un servicio de alta complejidad como, por ejemplo, una quimioterapia. 

Sabemos de los largos desplazamientos a los que son obligadas las personas con menos recursos que deben trasladarse desde las periferias hasta los centros económicos en los que, muchas veces, se encuentran las clínicas especializadas; o de los tratos indignos o deshumanizantes que tienen que vivir millones de pacientes que se someten al actual sistema; se trata de un saber empìrico, de primera mano, que nos puede bastar para rechazar el actual régimen de salud,  pero no deja de ser importante que también conozcamos el engranaje millonario que hay tras las EPS.

El dinero que concentran las EPS y que intermedian entre la ciudadanía y las IPS es girado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES-, que es un fondo público que concentra todos los aportes que hacemos al sistema ¡Incluyendo impuestos!, y gira los dineros correspondientes, según el número de usuarios, a las EPS. Son más de 75 billones de pesos anuales los que concentra la ADRES. 

Tanto dinero ha enriquecido a personajes como el hermano de Germán Vargas Lleras, Enrique Vargas Lleras, quien firmó contratos con el Grupo SaludCoop EPS —involucrada en gastos escandalosos que nada tenían que ver con la prestación del servicio y que fue liquidada por una quiebra del orden de los 3400 millones de pesos— y hoy hace parte de la junta directiva de la Nueva EPS. No es gratuito que Germán, como jefe de Cambio Radical, pactara con Fuad Char para declarar al partido como oposición al gobierno y hacer frente unido en contra de la reforma.

Durante el confinamiento decretado por la pandemia en el 2020, la ADRES probó que puede hacer el pago directo al 70% de las IPS en el régimen subsidiado y al 20% de las mismas en el contributivo. Medida de emergencia que fue necesaria precisamente porque las EPS retienen los pagos que las IPS facturan, lo que precariza la prestación de un buen servicio bajo la excusa de la auditoría.

Lo que pretende la reforma a la salud propuesta por el gobierno Petro es quitarle la intermediación financiera a las EPS de los recursos públicos que, precisamente por el ánimo de lucro, no llegan a tiempo a las IPS para que presten de manera efectiva el servicio y garanticen el derecho a la salud. Esa intermediación les ha permitido detentar un poder de mercado escandaloso que, pese a todo, tiene al día de hoy a 16 EPS en proceso de liquidación y 10 más bajo la vigilancia de la Supersalud.

El ánimo de lucro es palpable si le ha tocado hacer una fila eterna para reclamar un medicamento en una farmacia —de alguna IPS o a la que remite la EPS—, atendida por personal precarizado. En esos costos que se ahorran las intermediarias está el negocio a costa de la dignidad de la ciudadanía.

En mi familia hace unos años decidimos pagarle a mi abuela, de más de 80 años, un servicio de medicina prepagada que cuesta poco más de 600 mil pesos mensuales, ya que buscábamos evitar esperas de 3 meses o más para conseguir una cita con un geriatra, y esperábamos agilizar cualquier exámen que ella requiera. Es un privilegio del que no goza la mayoría de la población y del que, seguramente, tampoco gozan muchas de las personas que leen este texto. Es que es, literalmente, garantizar el acceso a la salud como mercancía según la capacidad de pago: es neoliberalismo puro y duro. 

Quienes defienden la Ley 100 de 1993, que es el marco legal del sistema de seguridad social en Colombia, señalan que se construyó en 30 años la cobertura universal del servicio de salud. Lo que es cierto. Hoy cualquier ciudadana está inscrita a una EPS sea del régimen contributivo o subsidiado. Los defensores también alegan que es un servicio eficiente ya que, hoy en día, cuesta por persona poco más de 250 dólares anuales.

En la discusión sobre las bondades de la Ley 100 se obvia que en un principio no reconocía la salud como un derecho fundamental, sino como un servicio público esencial, como por ejemplo, el transporte aéreo monopolizado por Avianca. La sentencia T-760 del 2008 de la Corte Constitucional fue la que declaró a la salud como un derecho fundamental que fue definido al detalle en la Ley Estatutaria de la Salud del 2015, en la que la ministra Carolina Corcho fue protagonista como una de las voceras de las y los trabajadoras de la salud. Falta la reglamentación de esa ley estatutaria que ha sido aplazada hasta ahora por la presión lobista y mediática de los poderosos intereses involucrados. En otras palabras, es evidente que si  la salud es un derecho constitucional en Colombia es por las luchas sociales despertadas ante el pésimo servicio prestado por las EPS.

La reforma propuesta por el gobierno busca transitar hacia la prevención. Un sistema preventivo que considere a la salud como un derecho interrelacionado con toda una complejidad de derechos sociales. Por ejemplo: a largo plazo siempre será mejor garantizar a una comunidad un acueducto con agua potable, que estar curando las diarreas producidas por no tener acceso al agua como derecho. Siempre será más eficiente en un marco de garantía de derechos, como garantizar la alimentación de los menores de 5 años, que estar lidiando, de por vida, con las consecuencias que supone la desnutrición para las personas.

Es por esto que la reforma propone también que se transite hacia un modelo territorializado. Esto  implica que el ciudadano de Caquetá tenga las mismas posibilidades de acceso a los servicios que el ciudadano de Bogotá. Territorialización que conlleva una fuerte inversión en infraestructura, inversión que, dicho sea de paso, las EPS no han querido hacer en 30 años por el simple hecho de que el negocio no está en regiones periféricas y empobrecidas sino en quienes pueden pagarles la cura de sus enfermedades. Esto se logrará con la construcción de cientos de miles de CAPS –Centros de Atención Primaria– y en el proceso de transición de la implementación de muchísimos hospitales itinerantes para romper con las desigualdades territoriales del sistema.

Esta clase de transiciones son complejas y demoradas. Son transiciones que ya han hecho países como Corea del sur que demoró 15 años en transformar su sistema mixto, mediado por empresas privadas —como ocurre acá— hacia uno 100% público que no tenga en un lugar angular del sistema el ánimo de lucro como incentivo fundamental para la garantía del derecho a la salud.

Esta es una transición que reconoce la necesidad de la participación ciudadana. Que no busca eliminar a las EPS de un tacazo sino, por el contrario, usar sus capacidades y saberes técnicos para el desarrollo e implementación del nuevo sistema. Es un sistema en donde todas las instancias de participación tendrán como mayoría a la propia sociedad civil y que además buscará dignificar el trabajo de las y los trabajadores de la salud, porque una enfermera o una médica feliz en su trabajo serán personas que se podrán enfocar en prestar el mejor servicio posible sin las presiones de los jefes que están pensando en ahorrarse los pesos que no se quieren gastar en la gente.

Piense muy bien si quienes se oponen a reformar el sistema lo hacen porque están pensando en usted o en el colombiano de las selvas del Caquetá o si por el contrario están hablando a nombre de esas EPS y de quienes se han enriquecido con el manejo de esos billonarios recursos durante décadas.

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