La mayoría de grandes medios mordieron el anzuelo. Sin que pudiera ser prevista, una tormenta política se desató contra Gustavo Petro, uno de los denunciantes, en el debate sobre Odebrecht contra el fiscal general. El responsable: un video divulgado por Paloma Valencia, sin audio, de hace algunos años, en el que se aprecia a Petro recibiendo fajos de billetes. Imágenes inquietantes y que a partir de lo que se alcanza a escuchar en sus versiones más completas, suscitan dudas razonables que deben ser respondidas ante las respectivas instituciones estatales y la ciudadanía, pero que en todo caso, no sólo no prueban delito alguno sino que no tienen que ver en absoluto con el tema para el cual se invocó el debate de control político: los vínculos del fiscal general Néstor Humberto Martínez con uno de los grandes escándalos de corrupción trasnacional de la historia política, el caso Odebrecht. La patica del caso en Colombia, aparte de la consabida financiación de Odebrecht de las campañas de Santos y Zuluaga, involucra a Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre y banquero más rico de Colombia, ex congresistas condenados —como el «Ñoño» Elías del Partido de la U— y a Corficolombiana, del Grupo Aval, socio minoritario de Odebrecht para la construcción de Ruta del Sol II, y cuyo abogado era… ¡bingo!, el hoy fiscal general Martínez.
Menuda argucia arrojó Paloma Valencia para desviar la atención. Periódicos como El Tiempo, de propiedad de Sarmiento Angulo y que ha servido descaradamente de vitrina para promocionar al Grupo Aval, como, han emitido constantemente noticias relacionadas con el escándalo de Petro, bajándole un poco a las revoluciones de una marea política que podría significar la renuncia del hoy fiscal general. Pero los hechos sobre Odebrecht son tan graves que aun cuando se demostrara que Petro es culpable de algún delito o su actuar fue clientelista, ello no exime de atención al fiscal, pues existen diversos cuestionamientos que no fueron aclarados en el cacareado debate, y tampoco un fiscal ad hoc ternado por Duque los podrá apagar. La necesidad de una lucha contra la corrupción y el «pacto de impunidad» de las élites en Colombia, que en México han producido la reciente elección presidencial de Andrés Manuel López Obrador, no depende de que esté o no esté Petro.
Los audios de Jorge Enrique Pizano
Pizano era el controller o auditor del Grupo Aval para la Ruta del Sol II. Dentro de sus labores, encontró irregularidades, «concretamente […] la firma de contratos espurios con empresas localizadas en diferentes jurisdicciones, presumiblemente para pagar coimas»… coimas que tiempo después, según la Fiscalía, sólo hasta 2017 se comprobaría que serían de más de 55 mil millones de pesos. Pero los audios que Pizano entregó a Noticias Uno y revelados por otros medios como El Espectador, de agosto de 2015, prueban que Néstor Humberto Martínez, en ese momento en calidad de abogado de Corficolombiana —Grupo Aval—, ya conocía de los posibles delitos —y no meras irregularidades— en los que incurrían los hallazgos de Pizano.
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La enunciación de los delitos asentados por Martínez es larga: «Soborno, lavado de activos, falsedad en documento privado, administración desleal, abuso de confianza, estafa, hurto agravado, peculado por apropiación». En entrevista a Noticias Caracol, Martínez Neira había dicho engañosamente: «Ningún delito conocía yo».
El mismo reportaje de Noticias Uno muestra que Martínez Neira omitió en 2018 su avanzado conocimiento de este aparte del caso Odebrecht a la opinión pública y quiso aparentar cierta ingenuidad, pero, en definitiva, los audios prueban que tres años antes de ser fiscal general, Martínez Neira sabía de las graves implicaciones —delitos— de esas irregularidades. ¿Por qué ocultó su conocimiento del caso? ¿Por qué el fiscal engañó al decir que no sabía de ningún delito? ¿Ocultó el Grupo Aval la información suministrada por Pizano?
La extraña muerte de Alejandro Pizano
Según Medicina Legal, Alejandro Pizano, hijo de Jorge Enrique Pizano, murió debido a la ingesta de una botella de agua saborizada que contenía cianuro encontrada en el escritorio de su padre, quien había muerto días antes por cáncer. Por supuesto, la pregunta es: ¿cómo llegó esa botella de cianuro ahí? ¿Se pretendía envenenar a Jorge Enrique Pizano? Medicina Legal, según reporta El Tiempo, está barajando la hipótesis del suicidio de Jorge Enrique Pizano, además, Martínez Neira ha insistido en que de acuerdo con los peritos, Pizano padre habría sido el único que manipuló el frasco de cianuro. ¿Pero cómo garantizar la transparencia e independencia de los peritos, que las pruebas no sean manipuladas, con el fiscal general a bordo y más aún cuando la Procuraduría ha denunciado fallos en la recolección de pruebas? Por más que Martínez Neira invoque lo que le permite o no le permite hacer la Constitución, la vida real es más compleja que lo que dicen las leyes. Por si fuera poco, los montajes judiciales no son nuevos en Colombia. Ahora se sabe, por ejemplo, irónicamente por cuenta de la Fiscalía, que el DAS infiltrado por el narcoparamilitarismo desvió la investigación sobre el asesinato de Jaime Garzón.
La teoría de conspiración no probada por el fiscal y otras dudas
En su defensa, Martínez Neira ha sostenido que todo este asunto se trata de una conspiración urdida por algunos de los involucrados en las investigaciones de la Fiscalía como Luis Fernando Andrade, y que «la esposa de ese exfuncionario en juicio hace lobby en el Congreso gringo para desprestigiar a la Fiscalía colombiana. Que a la “conspiración” le han metido millones de dólares porque contrataron a un exsenador gringo del Partido Republicano y a una exfuncionaria de la CIA», como cuenta La Silla Vacía. Pero en el debate de control político contra Martínez Neira, y pese a la amplitud de esa supuesta conspiración, él no aportó ni una sola prueba sólida que evidencie la existencia de esa gran conspiración. Peor aún, las intervenciones del fiscal general dejaron dudas sobre si la Fiscalía ha estado vigilando a sus opositores políticos, como Gustavo Petro, actuación que recuerda la terrible práctica del extinto DAS contra los adversarios de Álvaro Uribe.
Otras preguntas planteadas por La Silla Vacía tienen que ver con la idea de la amistad incondicional de Pizano con el hoy fiscal general, si como ciudadano —y siendo fiscal— solicitó información para favorecer a Sarmiento Angulo y al Grupo Aval, por qué Martínez Neira no se declaró impedido en todos los casos relacionados con Odebrecht a sabiendas de lo que conocía y sus evidentes conflictos de interés, o la relación de Martínez Neira con Ernesto Yamhure —«famoso por la línea directa que tenía con el jefe paramilitar Carlos Castaño» y actual director del medio propagandista uribista Los Irreverentes—. Es que si Pizano padre confiaba tanto en Martínez Neira, ¿por qué decidió grabarlo?; si Martínez Neira sabía tanto sobre las implicaciones del caso Odebrecht en Colombia, ¿por qué no se declaró impedido desde el principio?
¿Por qué el uribismo desvió el debate?
Otra duda razonable es, ¿cuál es el interés del uribismo, que respaldó el actuar de Paloma Valencia, en desviar el debate? ¿Por qué publicar ese video para desprestigiar a un opositor del actuar del fiscal por eventos que no tenían nada que ver con lo debatido? ¿Cuál es el interés del uribismo en defender a Martínez Neira, amigo de Santos y su ex superministro? ¿Se estarán amparando bajo la misma sombrilla, a sabiendas de que tanto la campaña de Santos como la de Zuluaga, el excandidato uribista a la presidencia, recibieron aportes de Odebrecht? ¿Es el fiscal general una ficha clave para dilatar, ignorar o descontinuar las investigaciones que afectan al uribismo?
Para concluir: el fiscal general debe renunciar
El País de España ha editorializado la necesidad de la renuncia del fiscal general para garantizar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones jurídico-estatales, particularmente la Fiscalía. Esta petición no es tan reciente: aun sin la tormenta política desatada por los audios de Pizano, ya en 2017 el periodista Jorge Gómez Pinilla pedía su renuncia por sus vínculos con Sarmiento Angulo, Germán Vargas Lleras —Cambio Radical— y afinidades con Álvaro Uribe —dadas, por ejemplo, por cuenta de sus posturas respecto a la JEP.— Según Gómez Pinilla, Martínez Neira está tan contaminado del mundo de la política partidista que «le queda muy difícil resistirse a la tentación de usar su poder punitivo para castigar o amedrentar a rivales políticos». Sus inocultables conflictos de interés han llevado a que la Corte Suprema nombre un fiscal ad hoc para el caso Odebrecht en Colombia y la forma matoneadora, burlona y amenazante del fiscal general para referirse a sus opositores desdice mucho de la imparcialidad que podría tener la Fiscalía en cabeza de Martínez Neira. Por lo que dado todo lo anterior, quizá sea el tiempo de que el fiscal general dé un paso al costado y renuncie del todo, de ese modo es probable que se pueda —al menos intentar— construir confianza y legitimidad en las degradadas instituciones estatales del país.
Publicado el 04 de diciembre de 2018.
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Camilo David Cárdenas Barreto. Licenciado en Filosofía por la Universidad Pedagógica Nacional y estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional. Me gusta escribir y hacer análisis político de coyuntura. Muchas gracias por leerme. Contacto: cdcardenasba@unal.edu.co
