El ICBF asfixia la educación comunitaria: el caso del Banco Nacional de Oferentes

Los surcos de su piel albergan años de historias, de origen campesino y con gran capacidad para declamar poesía, la maestra Alicia Barbosa, a sus 76 años de edad llega un poco agitada a cumplir su horario de trabajo, es maestra en una unidad que ofrece el servicio Desarrollo Infantil en Medio Familiar (DIMF) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la localidad de Usme. Ha trabajado con la Institución desde 1991, es decir, casi 30 años, es un libro lleno de historias y anécdotas, tras un accidente que sufrió en el 2017 y que le ocasionó una lesión en una de sus rodillas, tiene una movilidad limitada, sumado a una enfermedad obstructiva pulmonar, la cual le impide hacer algunas labores.

Aunque se muestra cansada, la “profe Alicita”, como cariñosamente sus compañeras de trabajo le llaman, aún se ve en la obligación de trabajar, de ello dependen los ingresos con los que logra sobrevivir junto con su esposo, un hombre ya mayor, que se rebusca algo de dinero con una barbería en el barrio Tenerife. El ICBF se lava las manos diciendo que nunca hubo una relación laboral directa con la maestra, por ende, no está en la obligación de asumir cargas prestacionales, sumado a ello, ningún fondo de pensiones la quiso afiliar hace 5 años, cuando se empezó el proceso de afiliación a salud y pensión. Como Alicia hay muchas más, en muchos otros rincones del país, muchas han muerto esperando su pensión, la “solución” que eventualmente les dan, una mesada pensional mensual que oscila los $400.000. ¿Acaso pueden vivir dos personas dignamente con $400.000 al mes?

Sin embargo, la situación de la Alicia no es la única que denota irregularidades en el manejo que le viene dando el ICBF a sus programas y al personal que indirectamente contrata, a continuación, expondremos muchas otras situaciones, que generan fuertes conflictos y denotan un interés implícito de liquidar los escenarios comunitarios de educación inicial.

Lo primero a decir es que la intención del ICBF de asfixiar los escenarios comunitarios de educación inicial no es algo nuevo, ya en ocasiones previas se ha denunciado la situación.

En el año 2015 se inició el proceso de tránsito del programa FAMI  a los DIMF, ello significó que cientos de unidades de atención salieran de sus hogares, entrando a un terreno desconocido, cobijando a una mayor cantidad de población e implicando la contratación de nuevo personal, para ese momento, todo era nuevo para las “madres comunitarias”,  sin conocer a fondo las consecuencias que dicha decisión traería debieron transitar, pues  las palabras de la funcionaria que estaba a cargo en su momento del proceso fueron:  “mamás, transitan o transitan”. En la actualidad, dichas “madres comunitarias”, ahora llamadas institucionalmente “agentes educativas” llevan dos meses sin contrato, por ende, sin salario, y están ad-portas de quedar por fuera del “modelo de contratación”.

A finales del 2017 y comienzos del 2018, la traba en la rueda fue puesta por la Plataforma Cuéntame, en la cual se vinculan todos los beneficiarios y se debe disponer de las 9 atenciones al 100%, una falla allí, significaba quedar sin contrato. Para este 2020 la talanquera en el camino está ligada al “Banco Nacional de Oferentes” y la capacidad económica de los operadores. Una herramienta promovida por la directora de primera infancia, Karen Abudinen Abuchaibe, una abogada barranquillera que trabajó diez años en el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial en Washington, regresó a su ciudad en 2010 para dirigir la Fundación Nu3, dedicada a promover alimentación a la niñez a través de alianzas público-privadas, y en 2012 fue nombrada como secretaria de gestión social en la alcaldía de Elsa Noguera.

A menos de dos semanas de finalizar el mes de febrero es incierta la contratación de varios de los programas del ICBF, tan solo algunos Hogares Comunitarios están en funcionamiento, en tanto la mayoría de los Centros de Desarrollo Infantil, los Hogares Infantiles y los DIMF están en vilo. Para nadie es un secreto que estas pequeñas asociaciones comunitarias, ahora comprendidas como “operadores”, están en riesgo inminente de ser tomadas por otros más grandes, el pez grande busca comerse al más chico, empresas que se dedican a vender servicios educativos y están como lobos hambrientos tras la firma de nuevos contratos, que les signifique aumentar su rentabilidad, entre ellos: Compensar, Cafam, Fundación Carulla, desconociendo la ardua labor que han desempeñado durante estos años los modelos comunitarios.

La Asociación de Agentes Educadoras los Caracolitos de Usme, es una de ellas, precisamente donde trabaja la profe Alicia, una asociación que tras más de veinte años de funcionamiento parece estar siendo ahogada administrativa y jurídicamente por el ICBF, bajo figuras que buscan “estandarizar” los procesos de contratación. Es evidente que, ante la lógica de las grandes empresas educativas, una profe como Alicia no les será funcional, al igual que muchas otras, que entrarán al desempleo.

Sin ir muy lejos para el último trimestre del año pasado el ICBF informó a todas las asociaciones de padres de familia y operadores que debían demostrar cierta capacidad financiera para seguir operando los programas, argumentando que dicho proceso se hacía para garantizar una mejor atención a los beneficiarios de las diferentes modalidades.

En su momento la gran mayoría de dichas asociaciones y operadores salieron habilitados, pero con rangos más bajos que los requeridos por el Instituto, es decir que los grandes operadores fueron los seleccionados para firmar los contratos, quedando por fuera muchas pequeñas asociaciones que no tienen recursos propios para su funcionamiento. El Director General de Primera Infancia, Carlos Aparicio, manifestó en diferentes medios de comunicación que la atención iniciaría el 17 de febrero, sin embargo, ello aún no ocurre, hay una gran incertidumbre en el ambiente, los funcionarios de los grandes operadores ya han estado rondando los puntos de atención de las asociaciones comunitarias, como hienas que acechan su presa, en tanto las madres comunitarias no dan abasto para sortear sus gastos, sin recibir un peso de salario.

Pero esto no es lo único absurdo, las asociaciones deben contratar personal profesional del área psicosocial, con salarios determinados por la canasta de atención del ICBF, los cuales no sobrepasan el $1.400.000 mensual, teniendo que sortear enormes cargas laborales, bajo ambientes sociales altamente exigentes. En definitiva, allí trabaja el que tiene vocación, amor y corazón, porque el salario no es un determinante real. Las maestras, licenciadas en buena parte, no reciben un salario acorde al escalafón docente determinado por el Ministerio de Educación, además, la experiencia profesional no es avalada por otros centros educativos.

El modelo de contratación que adelanta el ICBF, terminando en el mes de noviembre o, en el mejor de los casos, a mediados de diciembre, hace que los procesos médicos que llevan las mujeres y sus familias queden interrumpidos, permaneciendo hasta dos meses sin afiliación al sistema de salud, algo que para personas como la Profe Alicia resulta nefasto y altamente riesgoso, así como para aquellas, que están a la espera de realizar un procedimiento médico de alta complejidad.

El panorama no es alentador, años de luchas, de constante trabajo con y por las comunidades más vulnerables, se ven amenazados por contratos cada vez más cortos, que no permiten brindar una atención constante a la población y lograr una estabilidad laboral a los miles de trabajadores de estos programas. El ICBF destina una canasta presupuestal cuyos valores son muy limitados, realizando continuos recortes en los presupuestos para complementos nutricionales y en las cantidades de productos de las minutas, sin dejar de mencionar que durante los meses en los cuales no se tiene contrato no se desembolsan dineros para pagar los arriendos, ni los servicios de las infraestructuras en las cuales se prestan los servicios, costos que son asumidos por las asociadas.

Entre lo más grave del asunto está la interrupción de los procesos pedagógicos, psicosociales y nutricionales de las familias y los niñ@s, durante el tiempo que no hay contratos. Son miles de familias que dejan de recibir el apoyo nutricional, el acompañamiento en los procesos de restablecimiento de derechos y demás herramientas que los modelos de atención ofrecen.

Evidentemente no se puede decir que todo funciona a la perfección en los modelos comunitarios de atención, se podrán presentar vacíos administrativos o algunas diferencias personales entre el talento humano. Pero hay algo que NUNCA se podrá negar y es el AMOR con que dichas mujeres atienden a las familias, dando su corazón día a día con miras a construir un mejor país.

Sí las asociaciones comunitarias no se organizan para hacer frente a los embates del ICBF y los grandes operadores, tarde que temprano “se las van a comer”, llevando a que cientos de mujeres se queden por fuera del mercado laboral, sin la posibilidad de percibir ingresos, dejando en el limbo la posibilidad de construir nuevos modelos de educación, con pertinencia y enfoque territorial local. Por otro lado, mientras el ICBF se enfrasca en sacar adelante medidas administrativas y jurídicas para la contratación, las cifras de violencia, malnutrición y muerte no ceden terreno, por el contrario, van en ascenso, al igual que los hechos de corrupción, la mayoría de ellos ligados a esos “grandes operadores” con gran musculo financiero, que solo ven en los niñ@s mercancías o equivalentes a montos de dinero a percibir, ello sin olvidar, las practicas politiqueras que han amarrado el ICBF y abundan en los diferentes rincones de la geografía nacional.

Escrito por: Cesar Suárez y Maribel Rojas- Lic. en pedagogía infantil – Madre comunitaria y actualmente coordinadora de un DIMF.

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