El neoparamilitarismo avanza con el silencio del Estado

Bogotá, Enero de 2018. En el mes de julio de 2017 fue pública la incursión de una de las agrupaciones neoparamilitares que pone en riesgo el escenario de pos acuerdo con las FARC y el avance de la mesa de diálogos con el ELN, las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, también conocidas como “el clan Usuga” o “Los Urabeños”. Así lo demostró la formación de 50 paramilitares en la plaza del municipio el Bagre en Antioquia y las pintas rayadas sobre las paredes del municipio de Leiva en el departamento de Nariño, con el amenazante mensaje “de nuevo a las armas por la paz de Colombia”. 

En los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017 fueron públicas también las presentaciones paramilitares -que acarrean amedrantamientos y amenazas- en la comunidad de paz de San Jose de Apartadó. Sumado a lo anterior, las comunidades de diferentes partes del país han denunciado que detrás de las amenazas y asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos se encuentra el paramilitarismo.

Para la opinión pública y el sentido común de un importante sector de la población colombiana, parece no ser un problema el paramilitarismo, probablemente por el hincapié mediático en las acciones guerrilleras, omitiendo por años los desmanes de este fenómeno que guarda una estrecha relación con el Estado colombiano. Por ésta razón, presentamos a continuación una breve contextualización acompañada de cifras sobre el peligro del paramilitarismo para la construcción de paz con justicia social en Colombia.

En contexto:

El paramilitarismo nació amparado por el orden legal colombiano con la Ley 48 de 1968, como recurso del Frente Nacional [periodo de 16 años donde las elites del partido conservador y liberal se turnaban el gobierno cada 4 años] para impedir la toma de tierras realizada por campesinos que habían sido despojados por grandes hacendados. Esto en el marco del discurso de destrucción del enemigo interno erigido durante la guerra fría.

Dicho orden legal legitimado por altos mandos militares como el General Rafael Samudio y el General Fernando Landazábal Reyes, tal y como lo indican estudios del IEPRI, fue cuestionado tras la masacre de La Rochela en la que murieron funcionarios de organismos judiciales a manos del paramilitarismo. La ley 48 sería abolida por la Constitución de 1991 pero bajo el amparo de diversas figuras jurídicas, gobiernos locales y nacionales le darían nuevamente un marco legal al paramilitarismo con el paradigmático caso de “Las Convivir” promovidas por Álvaro Uribe en Antioquia.

Después del cuestionado proceso de negociación con el paramilitarismo durante el periodo de gobierno de Álvaro Uribe, hubo sectores paramilitares que nunca ingresaron al proceso, otros que se rearmaron y finalmente otras agrupaciones, nacieron ligadas a antiguas estructuras paramilitares, tal y como lo indica el reconocido analista Ariel Ávila. Al respecto, señala sobre una de estas manifestaciones, que se trata de una red criminal organizada en “estructuras jerárquicas que protegen testaferros, están al servicio de la extracción de rentas derivadas de la extorsión, la minera [minería] criminal, el contrabando, tráfico de armas y el control de rutas del narcotráfico. Estas estructuras mantienen vínculos con sectores políticos y judiciales, y financian campañas. Es decir que no sólo les importa el negocio criminal. (…) Fueron y son las élites políticas regionales las que mejor supieron combinar la política con armas, y al parecer lo quieren seguir haciendo.”

El paramilitarismo, como su nombre lo indica, no se inscribe en una lógica contra estatal, a diferencia de las agrupaciones insurgentes que nacen cobijadas por el delito político, el derecho a la rebelión y tienen un estatus de beligerancia según lo indica el Derecho Internacional Humanitario, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de Ginebra, sino que por el contrario nace y existe como un dispositivo al margen de la legalidad –en la actualidad- que pretende sostener el orden establecido de despojo de tierras a campesinos minifundistas, y del uso del campo para efectos de agroindustria y ganaderos. Es por esta razón que están en contra de los procesos de paz que buscan algún grado de justicia social y emprenden acciones intimidatorias contra líderes sociales y comunitarios que se movilizan en la defensa de los derechos humanos y la justicia social.

En razón de que el Estado en el actual gobierno no reconoce a estas agrupaciones como neoparamilitares sino como bandas criminales o crimen organizado, a la fecha no ha desplegado mecanismos contundentes que conduzcan a su desmonte.

Cabe destacar que en poco menos de dos años han sido asesinados más de 150 líderes sociales tras amenazas y atentados reivindicados por agrupaciones neoparamilitares, lo que evidencia la creciente violencia contra la población civil que se organiza en busca de la satisfacción de necesidades básicas pese al discurso oficial de «posconflicto».

Asesinatos que se suman a las escalofriantes cifras de masacres y asesinatos selectivos perpetrados por el paramilitarismo tal y como lo revela el informe ¡BASTA YA!

Fuente infografías: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.html