Según la ACNUR[1], el éxodo de 5 millones y medio de venezolanos representa una de las crisis de desplazamiento más importantes del mundo en la última década. Para Colombia, la situación se ha convertido en un nuevo dolor de cabeza por tres razones. La primera corresponde al reto económico que exige dotar de bienes y servicios públicos a más de 1 millón 700 mil nuevos visitantes y regularizar a un poco menos de 1 millón; la segunda debido a los esfuerzos socioculturales de integración que requiere una población percibida como amenaza a la seguridad ciudadana y a las oportunidades laborales de los colombianos; y la tercera porque aún no se cuenta con una política pública acorde al momento. Trágico, pues no se ha logrado capitalizar los beneficios sociales de la diversidad cultural y el trabajo calificado.
Pero el problema de migración es complejo y tiene tanto de largo como de ancho. Hay 2.219 km de frontera con Venezuela lo que la hace difícil de controlar, es tan extensa como la distancia que hay en ir y volver de Bogotá a Quito. Por otro lado, la ONU proyecta que a finales de 2021 el número de venezolanos fuera de su país será de 6,2 millones y Colombia recibirá cerca de 300 mil nuevos migrantes en los próximos tres meses[2]. Tampoco podremos ofrecer oportunidades laborales en el corto plazo debido al sorprendente 17,3% de desempleo que ha dejado la pandemia. Ahora, súmele que no hay relaciones diplomáticas ni consulares con el gobierno de Nicolás Maduro para negociar algo. Estamos hechos.
Así que cualquier esfuerzo que mejore la condición del migrante vale la pena, y hay que reconocer que, aunque el gobierno colombiano se raje en política exterior, el reciente Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos es una iniciativa importante, aun siendo principalmente una estrategia de caracterización y vinculación laboral legal de extranjeros con todo lo que ello significa. Desde esta orilla política, tenemos que reconocer lo positivo de la otra. Aunque sea poco. Y es que el reconocimiento ha sido internacional. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, felicitó al gobierno por el Estatuto después de criticar su limitado accionar en defensa de los derechos humanos referente a líderes sociales, excombatientes firmantes del acuerdo y estrategias para desmantelar las organizaciones criminales.
Como se ve, no todos son aplausos para este «magnífico» gobierno. Ni, como lo dice la Canciller, es una muestra de «solidaridad y hermandad histórica», de hecho, el mismo Estatuto expresa que la irregularidad «genera un desplazamiento de la oferta de trabajo, implica reducción de salarios y disminución en el empleo de trabajadores nativos», así mismo reduce los «aportes de los migrantes a la economía» y dificulta su identificación y judicialización. Hay una clara racionalidad económica y normativa. Que, dicho sea de paso, hay que tenerla, pero sin excluir las preocupaciones humanitarias.
Si se profundiza, se reconocerá que la migración está mediada por niveles de pobreza extrema en Venezuela que se sitúan entre el 50 y 90% dependiendo de la fuente y este escenario se debe, a su vez, a las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea, sin fundamento en el derecho internacional, le han aplicado con mayor rigor desde 2015. Ese es el análisis que hace la relatora especial de la ONU en sus conclusiones preliminares sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Douhan, quien visitó Venezuela en febrero de 2021. Lo que sugiere Douhan es que Estados Unidos y los demás Estados involucrados, deben revisar y levantar las sanciones que afecten el sector público venezolano, los suministros de diésel y los activos del Banco Central de Venezuela «para la compra de medicamentos, vacunas, alimentos, equipos médicos y de otro tipo, repuestos y otros bienes esenciales para garantizar las necesidades humanitarias… y la restauración de los servicios públicos…». Así las cosas y según la relatora, si se quiere dar trámite a la compleja situación humanitaria en Venezuela y por extensión al problema migratorio, se debe partir de que las medidas coercitivas unilaterales han tenido una repercusión negativa sobre el disfrute de los derechos humanos y no son el camino.
Ya que ni el cerco diplomático, ni los presidentes interinos, ni la actitud hostil hacia el régimen de Maduro, ni la ruptura de relaciones diplomáticas, ni las sanciones unilaterales, ni el cierre de fronteras, ni los conciertos de «ayuda y libertad» han cambiado el gobierno de Venezuela ni resuelto de forma consistente el problema de migración y derechos humanos de miles de venezolanos, valdría la pena revisar las estrategias y así, como lo plantea Douhan, minimizar los efectos humanitarios de todas esas medidas. Pero claro, ni soñar que eso al menos se contemple en el actual gobierno, más bien, será una propuesta que las fuerzas alternativas deberán viabilizar en los diferentes espacios de debate y gobierno.
[1] Agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados.
[2] ABECÉ Estatuto Temporal de Protección para Migrantes. Migración, Ministerio de Relaciones Exteriores. 2021.
