Colombia, 10 de mayo de 2021. Luego de que circularan vídeos en los que civiles vestidos de blanco abrían fuego desde camionetas de alto cilindraje contra integrantes de la Minga Indígena en el Valle del Cauca, posterior a los pronunciamientos del alcalde de Cali en los que rechazaba las medidas de protección que los comuneros habían tomado para proteger sus vidas, las de la misión médica y las de las y los manifestantes, en respuesta a otros atentados cometidos también desde camionetas de alto cilindraje, Duque afirmó en un pronunciamiento:
“Colombia entera y particularmente la ciudadanía de Cali, rechaza los bloqueos que afectan el abastecimiento y la distribución de medicamentos. A los integrantes del @CRIC_Cauca les hago un llamado: retornen a sus resguardos y eviten confrontaciones violentas con la ciudadanía”, y ordenó «el mayor despliegue que se tenga de capacidades de nuestra fuerza pública».
Cabe destacar que la ciudadanía caleña de los barrios populares y de las capas medias ha sido de las que más se ha movilizado en los días de Paro Nacional, y que quienes se han manifestado en contra han sido habitantes de los barrios de la élite caleña que hacen parte del caudal electoral de la extrema derecha.
En una noticia publicada en la página del CRIC, se explicaba:
“9 mingueras y mingueros heridos a bala, deja una marcha convocada por simpatizantes del uribismo, respaldada por la fuerza pública e incitada por el alcalde Jorge Iván Ospina en la ciudad de Cali. Hoy 9 de mayo, algunos ciudadanos del sur de Cali que se manifestaban en contra del paro Nacional y la minga indígena, que pretendían quitar uno de los puntos que resisten, retienen un vehículo donde se movilizaban autoridades y mingueros; los agreden y ante la llegada de más comunidad a protegerlos, estos disparan con armas de fuego”.
Y en un comunicado señalan:
“En los videos que circulan ampliamente por las redes sociales se ve claramente quiénes son los que disparan y quiénes organizan y recogen a los que disparan. El comunicado de la Policía Nacional no es más que una huida hacia adelante, un acto del más profundo cinismo formulado por quienes están masacrando al pueblo colombiano, poniendo incluso en riesgo la vida de aquellos que de forma legítima se oponen al paro, y que están siendo utilizados como carne de cañón para contener la protesta”.
Posteriormente, en un comunicado, el partido de gobierno Centro Democrático, manifestó:
“Como partido de gobierno que siempre lo ha acompañado desde su elección y en los momentos más difíciles, hoy nos sentimos en el deber de solicitarle acción militar contundente y sostenida en la ciudad de Cali para restablecer el orden público en el marco de la Constitución y de los Derechos Humanos.
Es urgente, señor presidente, superar las condiciones de inferioridad en que se encuentran los policías y el ESMAD para dar protección a la ciudadanía”.
Horas después, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, por solicitud de un consejo extraordinario con delegados del gobierno Duque y de la Fuerza Pública, decretó el cierre de fronteras del departamento, desde el lunes 10 de mayo, hasta el sábado 15 de mayo.
No hay que perder de vista que según el informe de violación de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública presentado el 9 de mayo por INDEPAZ y Temblores ONG, estas serían las cifras actualizadas y trianguladas registradas:
“47 personas asesinadas desde el 28 de abril de 2021, día en que comenzó el Paro Nacional. De estos casos de violencia homicida, ha sido posible determinar que 39 de ellos se dieron por violencia policial.1 De las 47 víctimas de violencia homicida, 2 de eran mujeres y 45 eran hombres. 36 de los casos se presentaron en el Valle del Cauca (35 en Cali y 1 en Yumbo), 3 en Cundinamarca (1 en Soacha y 2 en Madrid), 3 en Risaralda (2 en Pereira y 1 en La Virginia), 2 en Bogotá, 1 en Antioquia (Medellín), 1 en Tolima (Ibagué) y 1 en Santander (Floridablanca). Asimismo, ha sido posible determinar las siguientes modalidades de agresión con respecto al total de casos de violencia homicida: 34 se dieron por arma de fuego, 2 arrollados con tanqueta del ESMAD, 2 por gases lacrimógenos y 3 con arma blanca (6 casos sin información).
A lo anterior se le suman numerosos casos de violencia a nivel nacional por parte de la Fuerza Pública. A la fecha, se han registrado, al menos, 1.876 casos, dentro de los cuales se pudieron identificar los siguientes: ● 278 víctimas de violencia física ● 963 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes ● 356 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas ● 28 víctimas de agresiones oculares ● 111 casos de disparos de arma de fuego ● 12 víctimas de violencia sexual”.
Organizaciones de Derechos Humanos y ciudadanía movilizada temen una situación generalizada de violación de derechos humanos por el despliegue de Fuerza Pública y el cierre de fronteras en el Valle del Cauca.
