6 de mayo de 2021. El senador Wilson Arias hizo pública una denuncia en horas de la tarde del 6 de mayo, en la que aseguró que conoció dos contratos de la Dirección Administrativa de la Policía, por más de $14.100 millones de pesos, en los que se busca gastar recursos del Estado en instrumentos de disolución de manifestaciones empleados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios.
Las compras serían las siguientes: municiones “menos letales”; lanzador de gas de 37MM; 98.686 cartuchos de gas lacrimógeno; 25.349 granadas, en las que se cuentan 9.935 granadas de gas, 5.650 granadas de aturdimiento, 5.843 granadas multi-impacto y 3.921 granadas de humo; 60.684 esferas explosivas; 107 rifles lanzadores de gas; 650 protectores corporales; 2.138 escudos y 1.948 cascos antimotín.
El primer contrato fue publicado el 21 de marzo, y el segundo el 6 de abril. Cabe destacar que se elaboraron en medio de la crisis económica y social, y cuando el gobierno tenía en firme el proyecto de ley de reforma tributaria proyectado por el exministro Alberto Carrasquilla, que fue retirado por la presión ciudadana.
La policía, según el senador, podría adjudicar los contratos el 20 de mayo, por lo que aún habría tiempo de detener la compra.
Cabe recordar que el Senador Arias también denunció en abril de 2020 el gasto de 7.900 millones de pesos en la compra de 10 tanquetas para el ESMAD.
7.900 millones de pesos se está gastando Min. Defensa comprando 10 tanquetas para el ESMAD.
7.900 millones con los que se pudieron comprar 20.700 test para COVID-19 o 7 maquinas para analizar muestras.
Las prioridades del Gobierno son represión y los bancos, más no salvar vidas pic.twitter.com/f8BRt7LikW
— Wilson Arias (@wilsonariasc) April 6, 2020
El uso del dinero del Estado para este fin ha sido cuestionado tanto por el hecho de descartar la priorización del gasto social —general y no hiper focalizado—, en medio de la crisis social y económica por la que atraviesa el país, para dirigir los recursos al gasto de la Fuerza Pública; como por la financiación de un Escuadrón sobre el que reposan miles de denuncias sobre violación de derechos humanos, sistematizadas por organizaciones y redes como la Campaña Defender la Libertad.
