¿Por qué las universidades deben salir a las calles?

En la coyuntura latinoamericana estamos viendo los estallidos de insumisión popular en Haití, Costa Rica, Chile y Ecuador, resultado de la indignación de centenares de jóvenes, mujeres, obreros, indígenas, negros, campesinos y desempleados que se han tomado las plazas públicas, las calles, las universidades y el transporte público (privatizado), para frenar la avanzada de las “medidas económicas” que pretenden imponer los gobiernos neoliberales a costa de profundizar la pobreza y la miseria, favoreciendo a los grandes capitales de la muerte transnacional. Medidas, que cabe anotar, no les están quedando nada fáciles de implementar.

A estos escenarios de movilización y lucha por la dignidad, se suman los universitarios, que desde hace más de dos años retomaron la senda de la defensa de la educación pública superior ante la crisis de financiación por parte del Estado que amenaza con acabarla.

En este último aspecto me quiero detener, por la importancia de responder la pregunta ¿Por qué las universidades deben salir a las calles? En el marco de una agenda de lucha universitaria nacional.

Se debe recordar que “las instituciones de educación superior (IES) públicas vienen en constante deterioro desde hace más de 25 años; y que hoy es inocultable el déficit financiero que amenaza con cerrar más de una IES pública en el país (…), como está sucediendo con la Universidad de La Guajira, que cierra sus puertas desde el 25 de septiembre de 2019 por las deudas que tiene la gobernación con esa institución por más de 92.000 millones de pesos, afectando el derecho a la educación de 14.000 estudiantes.

El Estado tiene una deuda con las universidades estatales por el déficit histórico acumulado calculado a finales de 2018 por más de $3.2 billones de pesos para funcionamiento y $15 billones de pesos para inversión. Deudas que no han sido cubiertas con el Presupuesto General de la Nación (PGN).

En el PGN aprobado para 2020, se asignaron $44,1 billones para educación, donde aún siguen orientados a:

  1. Pagar el endeudamiento del ICETEX por préstamos financieros a estudiantes.
  2. Cubrir las deudas del programa SER PILO PAGA (PSPP) que benefició a 40.000 estudiantes, se apropió de más de $1.57 billones de los recursos del extinto CREE y dejó un déficit de más de $2 billones.
  3. Mantener la estrategia de desfinanciación de los recursos de la educación pública superior a través del programa GENERACIÓN E, que sustituye al PSPP y se proyecta ¿beneficiar?, a más de 336.000 jóvenes en el marco del gobierno de Duque.

En la actualidad se han beneficiado cerca de 67.000 estudiantes y para el 2020, se proyecta atender a más de 80.000. Haga cuentas, si el PSPP solo benefició a cerca de 40.000 jóvenes y favoreció a la grandes universidades privadas acreditadas de este país, ¿Cómo será el negocio entre manos en estos 4 años?

Las Instituciones de Educación Superior Públicas, a pesar de declaraciones públicas y acuerdos con los gobiernos de turno, como lo sucedido a finales del año 2018, seguirán soportando la carga financiera, administrativa y académica con tan solo el 50% del presupuesto que aporta el Estado, y aún están obligadas en sus labores de extensión social a la venta de servicios, para completar el otro 50% restante de sus presupuestos anuales, para garantizar su funcionamiento en condiciones precarias.

Lo paradójico del asunto es que en Costa Rica, los estudiantes se están tomando el país a pesar de que la destinación de recursos del Estado para financiar las universidades públicas supera el 80% de su presupuesto.

Al anterior panorama, se suman otras acciones del gobierno para Desfinanciar la Educación Pública Superior, y con bala y bolillo mantener el (OCDE -Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos-) orden.

La primera acción, es el poco anunciado y discutido Proyecto de Ley Número 212 de 2018 Cámara, “por medio del cual se modifican los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones”. Se encuentra aprobado en primer debate por la comisión sexta constitucional permanente de la Cámara de Representantes, publicado en la Gaceta del Congreso, el 1 de agosto de 2019.

Lo grave del proyecto es el acorralamiento y condicionamiento a las Universidades Públicas, donde se establece una regla fiscal para el financiamiento de las Instituciones de Educación Superior Pública que tendría como criterios:

  • Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que sería poner a las Universidades y al país a defender la crisis ambiental sustentada en el actual modelo de desarrollo extractivista y la inversión extranjera transnacional, donde se utiliza la fracturación hidráulica, la minería a cielo abierto, las hidroeléctricas, la venta de empresas del Estado y otras modalidades de saqueo y exterminio de la vida para incrementar el PIB.
  • Índices de costos de la Educación Superior (ICES), que es establecido por el DANE, con indicadores que presenten “…a partir de un semestre base, la variación promedio semestral de los precios de los bienes y servicios representativos de los costos y gastos, que realizan las instituciones de educación superior para el desarrollo de su objeto social”[2].

Es decir, que si se tomara como referencia la información del DANE en el “(…) primer semestre de 2019 y se comparará con el segundo semestre de 2018, la variación semestral del Índice de Costos de la Educación Superior –ICES– fue 2,16%”.

Existe además un tema que debe llamar la atención, “(…) el mayor aporte correspondió al grupo gastos de personal que contribuyó con 1,43 puntos porcentuales”. En este asunto, casi el total del 50% que gira el gobierno para los presupuestos de las universidades públicas se destina al pago de nómina, es decir, a garantizar el funcionamiento de las instituciones.

Este tema para lo público ha significado en las discusiones de formalización docente con el Ministerio de Educación Nacional y algunas universidades, que los profesores fueran señalados de ser los responsables de los problemas de déficit de las universidades por el pago de sus (supuestos) exorbitantes salarios, justificaciones que también fueron útiles para castigarlos con la reforma tributaria dejada por el ex presidente Santos.

  • Cobertura, que está vinculado estrictamente al incremento de los alumnos que se matriculen en las universidades públicas.

El aumento de recursos financieros para la base presupuestal de las universidades sería la suma del PIB+ICES+Cobertura y se indica un +2% que no se conoce su fórmula para calcular.

Lo anterior significa asumir el no carácter de derecho fundamental de la educación y la ubicaría en la progresividad del derecho, es decir, estaría supeditada la financiación a la capacidad económica del Estado cada año y a la disposición (negociación) de los gobiernos de turno.

Adicionalmente, los recursos se condicionan a los aumentos de cobertura, lo que significa, recibir más estudiantes sin tener previamente los recursos financieros y de infraestructura para garantizar su permanencia y graduación.

La segunda acción se expresa en la aprobación del artículo 44 del Presupuesto General de la Nación para el 2020, donde se señala: «En virtud de la autonomía consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política, las universidades estatales pagarán las sentencias o fallos proferidos en contra de la nación con los recursos asignados por parte de ésta en cumplimiento del artículo 86 de la Ley 30 de 1992″.

El texto aprobado es otra de las formas jurídicas de desfinanciar el presupuesto de las universidades públicas. El presupuesto proyectado para pagar las demandas que pierde el Estado se acerca a más de $7 billones, y de ser canceladas con este rubro, el aumento del 6,41% del PGN en sector educación para el 2020 por $44,1 billones no sería real, al contrario, sería un presupuesto de $37,1 billones, menor que el presupuesto asignado en 2019 y 2018.

Este asunto no es un tema nuevo que llega por equivocación en la redacción del gobierno nacional. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica, reportó en el mes de febrero que “al cierre del 2018 había casi 400.000 procesos en contra de la Nación, cuyas pretensiones rondan los 338 billones de pesos; además, los rezagos en el pago de sentencias han generado una deuda de 7 billones de pesos”.  Más claro no se puede…

Y con bala y bolillo mantener el (OCDE) orden.

La desfinanciación de las Universidades Públicas no solo se realiza por la vía jurídica, sino que estas medidas neoliberales vienen empadronadas con acciones de guerra que buscan obediencia debida al gobierno de turno y el establecimiento del orden para no afectar al capital. No olvidemos que nuestros vecinos están en “Estado de excepción”, “toques de queda” y en represión a la población por parte de las Fuerzas Militares.

En las movilizaciones que estamos presenciando en Colombia “no todo es color de rosa”, las tonalidades para enfrentar la indignación social y la lucha por derechos, son manchadas por fuego, sangre y dolor. Muestra de ello, es que desde el año 2016 a octubre de 2019 han asesinado a más de 800 madres, padres, hermanos, primos y amigos que han luchado por conseguir la paz con justicia social desde los territorios.

Así mismo, centenares de jóvenes que salen a las calles a ejercer su derecho a la protesta social, están siendo víctimas de tentativas de homicidio y muchos de ellos han quedado con lesiones físicas y psicológicas de por vida, como pasó en las movilizaciones a inicios de octubre. Los disparos le han quitado los ojos a nuestros estudiantes, lo que constituye un modus operandi del ESMAD.

Sin que lo anterior sea suficiente, la comunidad universitaria es estigmatizada por funcionarios del Estado, que indican que los universitarios tienen inclinaciones hacia la insurgencia, convirtiendo a las universidades en objetivo militar.

Dichas actuaciones legitiman las infiltraciones en las universidades, las marchas, las organizaciones sociales y estudiantiles; justifican judicializaciones, y lo más grave, favorecen las prácticas de tortura y sevicia con que actúa la fuerza pública contra el pueblo.

A pesar de las adversidades y el avance del proyecto de derechas en el continente, a la sociedad y en especial a la comunidad universitaria no nos quedan más caminos que generar las grietas de nuevos proyectos poscapitalistas que solo serán posibles si defendemos la Educación Pública.

 Nota:

La espiral de la guerra y la violencia sigue inerme y el fascismo se ondea al son de la bandera del norte del continente y con la reelección presidencial de carácter indefinido.

 

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