Violencias Basadas en Género en el marco de la protesta social en la ciudad de Bogotá, una violencia ignorada por la institucionalidad

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Informe elaborado por el equipo de Genero Fundación Lazos de Dignidad

Cuidémonos mientras luchamos

La represión en Colombia: una triste historia

En Colombia las luchas y movilizaciones sociales han estado acompañadas por acciones represivas y de control por parte de la Fuerza Pública, en las que se han violado los Derechos Humanos hacia quienes han participado y liderado estas movilizaciones. La represión, a su vez, ha hecho parte de una política de Estado donde se ha criminalizado la protesta social a pesar de reconocerse como un derecho legítimo y constitucional que tiene la sociedad para expresarse colectivamente.

La represión, a su vez, ha hecho parte de una política de Estado donde se ha criminalizado la protesta social a pesar de reconocerse como un derecho legítimo y constitucional que tiene la sociedad para expresarse colectivamente.

Las vulneraciones y agresiones a quienes se manifiestan, por parte de la Fuerza Pública son una práctica sistemática que se viene presentando desde hace décadas y que claramente se agudizó con la creación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), en 1999, con lo cual aumentaron considerablemente las denuncias por vulneraciones a las personas manifestantes, por parte de diversas organizaciones y colectivos de Derechos Humanos, así como organismos internacionales.

En los 23 años que lleva creado el ESMAD ya han dejado 34 víctimas mortales y más de 4.000 personas heridas y torturadas que hoy en día son parte de la triste historia de la represión en Colombia.

El paro del 2019: la viralización de las denuncias

Son muchos y lamentables los episodios de violencia, por parte de la Fuerza Pública, los que se han vivido en estos últimos 20 años en el país. Las denuncias de las comunidades indígenas en el Cauca en el marco de sus movilizaciones y el Paro Agrario del 2013 son claro ejemplo de ello. Sin embargo, fue el paro del 2019, convocado en noviembre de ese año por organizaciones estudiantiles, indígenas, sociales, centrales obreras y expresiones juveniles, donde se masificó, gracias a las redes sociales, lo que hace décadas organizaciones de DD.HH  han venido denunciando: la deshumanización y degradación de la Fuerza Pública, como un actor represivo y violento, que además es legitimado por el Estado colombiano.

da cuenta de la forma desproporcionada y violenta con la que se ha respondido a la acción colectiva, criminalizando la protesta social en el país.

La respuesta por parte del gobierno de Iván Duque tras el anuncio del paro fue un claro ejemplo de cómo se ha dado tratamiento a la movilización social en el país: militarización de las ciudades, cierre de las fronteras terrestres y fluviales y toque de queda en algunas ciudades, así como denuncias por parte organizaciones sociales y colectivos denunciaron allanamientos ilegales un día antes de iniciar las movilizaciones. Este actuar por parte del gobierno y las Fuerzas Militares colombianas da cuenta de la forma desproporcionada y violenta con la que se ha respondido a la acción colectiva, criminalizando la protesta social en el país.

Tras el inicio del paro las denuncias de manifestantes se masificaron: detenciones ilegales, victimas oculares, un joven herido de gravedad tras caer de un puente huyendo de la Policía, y el asesinato del joven Dilan Cruz en la ciudad de Bogotá, quien falleció por el impacto de un artefacto disparado por un integrante del ESMAD, demostraron como este tratamiento de la protesta social por parte del Estado ha permitido que se perpetúen un sinfín de violaciones a los DD.HH por parte de la Fuerza Pública, quienes han legitimado su accionar señalando a las personas manifestantes de vándalos y pertenecientes a grupos ilegales.

La pandemia del 2020: el país en manos de la fuerza pública

Las medidas de seguridad tomadas para asumir esta situación permitieron que la Fuerza Pública tuviera mayor control sobre la ciudadanía

Tras el anuncio del inicio de la pandemia mundial por el COVID-19 y la decisión de ingresar a una cuarentena indefinida, las masivas movilizaciones que se venían dando desde el año anterior tuvieron que cesar en el país. Las medidas de seguridad tomadas para asumir esta situación permitieron que la Fuerza Pública tuviera mayor control sobre la ciudadanía ocasionando que se presentaran una serie de situaciones irregulares donde varias personas denunciaron haber sido violentadas por la Policía Nacional, especialmente personas con identidades de género diverso, quienes en muchas ocasiones fueron humilladas en los establecimientos públicos al no coincidir su identidad con la que aparecía en sus documentos.

Este tipo de situaciones que se presentaron durante la cuarentena llegaron a su punto de explosión tras la muerte de Javier Ordoñez, ocasionada por dos policías en la localidad de Engativá, en la ciudad Bogotá, quienes lo asfixiaron en un procedimiento completamente ilegal, hecho que provoco una indignación masiva en el país. Tras la muerte de Javier, se convocaron múltiples plantones en la cuidad que terminaron siendo intervenidos por la Policía y el ESMAD, dejando un saldo de 13 personas asesinadas en tan solo una noche entre Bogotá y el municipio de Soacha.

Estos penosos hechos, que quedaran en la memoria del país y en los archivos audiovisuales, pues todos fueron grabados o transmitidos en vivos desembocaron en la reactivación del Paro Nacional y las masivas movilizaciones que fueron brutalmente reprimidas y de las cuales se registraron un sinfín de agresiones y violaciones a derechos humanos contra la población que se movilizó en época de pandemia.

El Paro del 2021: la represión no para, se agudiza

Aunque el Paro Nacional ceso nuevamente a finales del año 2020, tras los anuncios del gobierno colombiano de llevar a cabo una reforma tributaria, durante los primeros meses del año 2021, nuevamente se convocaron una serie de movilizaciones a partir del 28 abril, las cuales  alcanzaron una magnitud sin precedentes, pues siguiendo el ejemplo de Chile y tras la respuesta violenta por parte del ESMAD, la Policía y el Ejército Nacional se crearon en diferentes ciudades los llamados Puntos de Resistencia, donde se autoconvocaron jóvenes, artistas, madres, niñes, organizaciones sociales, comunitarias y barriales, quienes organizaron ollas comunitarias, plantones, actividades artísticas, charlas y acciones de resistencia.

80 víctimas mortales y 1991 personas heridas, cifras que llevaron a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH hiciera una visita de trabajo en el país como observadores

La intervención por parte del ESMAD tanto en los Puntos de Resistencia, así como en las marchas organizadas en todo el país, arrojo un saldo, según la ONG Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, de 80 víctimas mortales y 1991 personas heridas, cifras que llevaron a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH hiciera una visita de trabajo en el país como observadores para recoger todas las denuncias por violaciones a los DD.HH que diferentes organizaciones recopilaron y difundieron en el marco del paro 2021; quienes posteriormente emiten un informe con una serie de recomendaciones para el Estado Colombiano, pues entre otros, evidenció un uso desproporcional de la fuerza por parte de la Policía Nacional.

Patrones de violencias y las VBG cometidas en el marco de las movilizaciones

Todo lo anterior recoge a grandes rasgos lo que ha sido el contexto de represión en Colombia desde el inicio del Paro Nacional en el 2019 hasta el año 2021 cuya cantidad de denuncias de violaciones a los DD.HH por parte de la Fuerza Pública, pero además evidencia cómo la represión en el país ha sido una práctica  sistemática con unos patrones muy claros que corresponden a imaginarios construidos al interior de estas instituciones que cumplen un objetivo de estigmatizar, criminalizar y degradar a quienes legítimamente se manifiestan. Las múltiples denuncias difundidas dan cuenta de una serie de prácticas generalizadas ejercidas por la policía y el ESMAD que además son diferenciadas según la edad, el género y la raza de quienes participan en las movilizaciones.

Las múltiples denuncias difundidas dan cuenta de una serie de prácticas generalizadas ejercidas por la policía y el ESMAD que además son diferenciadas según la edad, el género y la raza de quienes participan en las movilizaciones.   

Uno de los temas que hoy en día ha cobrado mayor relevancia -no porque en el pasado no ocurriera, porque como en muchos tantos escenarios, era invizibilizado- son las denuncias que se han recolectado de Violencias Basadas en Género por parte de la Fuerza Publicas hacia manifestantes mujeres y disidencias de género en escenarios de movilización y protesta social. Según las cifras recolectadas por diferentes organizaciones de DD.HH en el 2019 hubo 34 casos de VBG, en el 2020 11 casos de VBG  y en el 2021 47 casos, los cuales en su mayoría fueron violencias sexuales y violencias hacia personas Trans. Tocamientos indeseados, palabras denigrantes, amenazas de violaciones colectivas, violencias simbólicas, desnudamientos forzosos y abusos sexuales son algunos de los patrones ejercidos hacia mujeres disidencias de género, y en algunos casos a hombres que participan de manifestaciones o acciones colectivas.

Tocamientos indeseados, palabras denigrantes, amenazas de violaciones colectivas, violencias simbólicas, desnudamientos forzosos y abusos sexuales son algunos de los patrones ejercidos hacia mujeres disidencias de género, y en algunos casos a hombres que participan de manifestaciones o acciones colectivas.

Patrones que tienen una clara intención: degradarles a través del abuso de poder y la intimidación pues participar activamente de acciones colectivas también ha sido un escenario que se han tenido que disputar históricamente las mujeres y las disidencias de género. A diferencia de los otros casos de violencias ejercidas por la Fuerza Pública, de los cuales se encuentra mayor información, las VBG ni siquiera han sido recogidas por las instituciones estatales, lo cual es un gran obstáculo para que las colectivas y organizaciones de mujeres y DD.HH puedan acceder a esta información para sistematizarlas con el fin de generar acciones de denuncian para exigir que se generen procesos de acompañamientos y reparaciones integrales a quienes han vivido VBG.

Desde el Equipo de Género de la Fundación Lazos de Dignidad, hicimos el ejercicio de elevar derechos de petición a diferentes instituciones de la ciudad de Bogotá, con la intención de solicitar información oportuna sobre estos casos, de las cuales recibimos una respuesta frustrante: las instituciones no cuentan con dicha información, lo que refleja que no se está haciendo nada frente a las denuncias de diferentes colectivas y personas han difundido sobre el abuso a mujeres y disidencias en el marco de las movilizaciones.

Los obstáculos para acceder a las cifras de VBG en el marco de la protesta social

El Equipo de Género de la Fundación Lazos de Dignidad, ONG defensora de Derechos Humanos, ejerciendo el derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de la República de Colombia, solicitó a los siguientes despachos informar y verificar el estado de los casos y denuncias de violencias basadas en género efectuadas por la Policía Nacional y otros actores en el marco de la protesta social en la ciudad de Bogotá durante el periodo 2018, 2019, 2020 y 2021.

  1. Dirección de Derechos Humanos de la secretaria distrital de gobierno de Bogotá.
  2. Defensoría del Pueblo.
  3. Dirección para la convivencia y dialogo social, de la secretaria distrital de gobierno.
  4. Fiscalía General de la Nación.
  5. Oficina de control interno disciplinario de la Policía Metropolitana de Bogotá.
  6. Personería de Bogotá.
  7. Policía Metropolitana de Bogotá.
  8. Procuraduría General de la Nación.
  9. Secretaria de la mujer.
  10. Secretaria Distrital de Gobierno.
  11. Secretaria de la Salud.
  12. Secretaria de seguridad, convivencia y justicia.

En consecuencia con lo solicitado, las respuestas de las entidades mencionadas para requerir la información y verificación de los casos y denuncias de violencias basadas en genero fueron débiles en términos de que el requerimiento no fue contestado de manera acertada, allí se alude la petición y eleva la respuesta a otras instancias, específicamente para el caso de la secretaria de seguridad, convivencia y justicia, la cual de forma taxativa elude la petición manifestándonos que debíamos solicitar los datos al Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional.

los casos de violencia basada en genero no están siendo tipificados en la ciudad de Bogotá

Lo paradójico del caso es que, ante la petición elevada a la Policía Nacional, el intendente Jonathan Ricardo Pérez Rueda, responde la solicitud argumentando que el SIEDCO “no cuenta con una variable que les permita ingresar o extraer la información con la que se pueda determinar si los delitos fueron cometidos en razón de género” lo que deja ver que este sistema no funciona en razón de su objetivo central que como se expone en la respuesta es una

“herramienta estadística implementada por la Policía Nacional, que consolida registros administrativos con fines estadísticos conocidos por la institución e implementados para llevar datos sobre hechos ocurridos a nivel nacional; cuya finalidad, es apoyar a los usuarios y al mando de la institución en la toma de decisiones, que contribuya a la planeación y desarrollo efectivo de labor policial frente al comportamiento delictivo; al tiempo de crear estrategias que permitan contrarrestar la criminalidad en el país”

Elemento que da cuenta de un desconocimiento por parte de este sistema de las violencias basadas en género, lo que no solo limita una acción de decisiones acertadas para su mitigación y eliminación, sino que no provee información verídica para las organizaciones de la sociedad civil que buscan estrategias de tipo jurídico que permitan contrarrestar estos hechos de criminalidad que se expanden en el marco de la protesta social y en el marco de la vida cotidiana en el país.

Asu vez se encuentra que instituciones como la Personería de Bogotá, no cuentan tampoco con la información que requiere la petición, aludiendo que,

“sí se han recibido requerimientos por casos de presunto abuso de autoridad, sin embargo, no es posible establecer por parte de este despacho si dichos casos han sido basados en violencia de género, por cuanto se considera que el ente investigador será el encargado de determinar dicha situación”

Lo que deja ver que la entidad garante de los Derechos Humanos de las capitalinas no tiene en cuenta estas vulneraciones, es decir los casos de violencia basada en genero no están siendo tipificados en la ciudad de Bogotá, lo que no solamente deja en riesgo a las mujeres violentadas, sino que las pone en un aparatoso escenario de vulnerabilidad ante sus agresores, que en este caso son los actores que contienen y reprimen la protesta social.

Estadísticas proferidas por las instituciones

De las doce entidades a las cuales se les solicito información vía derecho de petición solo tres pudieron dar información de cabal cumplimiento con el requerimiento ciudadano, entre estas se encuentra la Secretaría de Gobierno de la ciudad de Bogotá y su Dirección de DDHH y la Fiscalía General de la Nación, las cuales logran enumerar casos y situarlos en el marco de las protestas acaecidas durante los años en cuestión en la capital (2018, 2019, 2020 y 2021).

Con respecto a esto la Secretaría de Gobierno informa que

“en lo que atañe a los años 2018 y 2019, los registros de información de situaciones de vulneración a los derechos humanos en el marco de la protesta social no permiten establecer con claridad la existencia específica o no de violencias basadas en género. En relación con el 2020 y 2021, sí ha podido establecerse la existencia de distintas formas de violencia asociadas, entre ellas, violencias basadas en género”

En referencia al año 2020 la secretaria señala que se encontraron

“143 casos registrados que corresponden a personas que se identifican como mujeres, mujeres, constituyendo el 24 % de la totalidad de casos reportados para ese año. A partir de los relatos de dicho porcentaje, solo 27 casos refieren algún tipo de violencia basada en género en el marco de la protesta social. Por otra parte, tenemos reporte de dos (2) casos de mujeres trans que refieren hechos de abuso policial también en el marco de la protesta social”

En lo que corresponde al año 2021 esta entidad del gobierno distrital afirma que se presentaron 9 casos de personas identificadas como mujeres que refieren haber sufrido violencias basadas en género en el marco de la protesta social. Dejando como dato de este bienio que 36 mujeres reportaron casos de violencias basadas en género en el marco de las protestas acaecidas en este periodo, elemento que sirve para hacer un balance de lo que la institucionalidad recibe como actos de violencias contra las mujeres, pero que no deja de ser preocupante por la falta de tipificación e inoperancia de algunas instituciones que deben ser garantes de derechos.

Por otro lado, el reporte que se recibe de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno informa que durante los meses de abril a junio se relacionan alrededor de 57 quejas sobre casos de violencia contra mujeres, donde 51 de estas fueron detenidas, 5 heridas, 4 con lesiones oculares, y 2 víctimas de violencia sexual (TABLA N°1).

Ante esta realidad que se dilucida en las cifras oficiales lo alarmante no es solo el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran las mujeres en el marco de la legitima protesta social, sino la incapacidad que tienen las entidades de gobierno para reportar y sistematizar estos casos, además de la falta de seguimiento y acción judicial contra dichos repertorios de violencia.

Tabla N° 1. De acuerdo con la información entregada por el equipo de Promoción y Prevención, enlaces territoriales y Gestores de convivencia y Diálogo Social, entregamos relación de las víctimas a continuación
Tabla N° 1. De acuerdo con la información entregada por el equipo de Promoción y Prevención, enlaces territoriales y Gestores de convivencia y Diálogo Social, entregamos relación de las víctimas a continuación

Al tabular estos datos emitidos por la secretaria de gobierno, la dirección de derechos humanos de la misma entidad y los de la Fiscalía General de la Nación se encuentra que no existe una relación o ruta de denuncia efectiva para tratar temas de violencias contra las mujeres o basadas en género, pues según la Fiscalía para los años 2020 y 2021 solo se reportaron ante el ente investigativo nueve (9) casos relacionados con los grupos de delito de violencia sexual y violencia intrafamiliar, 6 se encuentran en indagación, 1 en ejecución de penas y 2 en juicio (TABLA N°2).

Tabla 2.
Tabla 2.

Aquí lo que se puede delimitar es que por lo menos a la Fiscalía General de la Nación no llego ninguna de las dos existentes víctimas de violación sexual del año 2021, lo que aumenta la gravedad de estas situaciones, puesto que existen por parte de organizaciones de derechos humanos “25 casos de víctimas de violencia sexual y 6 víctimas de violencia basada en género” según los informes de Temblores ONG, Indepaz y PAIIS, lo que genera preocupación, en primer con el ente superior de investigación que es la Fiscalía y como también con los organismos garantes de la justica y la defensa de los derechos humanos por parte de las instituciones del Estado, las cuales con este informe que se realiza a base de las respuestas de los referidos derechos de petición, se logra mostrar una falta de tipificación de las violencias, pero además una falta de entendimiento jurídico de estas y sobre todo la escasez de una eficaz ruta que logre denunciar y sistematizar estos casos.

Bibliografía

Equipo de Genero Fundación Lazos de Dignidad.

Isabel Fajardo Pulido: Abogada Universidad Libre, Especialista en Derechos Humanos Escuela Superior de Administración Pública, defensora de derechos humanos e integrante del Equipo de Género de la Fundación Lazos de Dignidad.

Sybil Lorena Sanabria Puerto: Historiadora Universidad Javeriana, costurera, feminista, defensora de derechos humanos e integrante del Equipo de Género de la Fundación Lazos de Dignidad

Con el apoyo de Fondo Lunaria

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