El autoritarismo no siempre llega anunciándose como tal. A veces entra hablando de orden, seguridad, tradición y sentido común; otras, se multiplica entre pantallas hasta conseguir que una mentira repetida parezca una verdad compartida.
En 1995, Umberto Eco publicó Ur-Fascism, un ensayo en el que identificó catorce características del fascismo eterno. No pretendía construir una lista de requisitos para clasificar gobiernos, sino advertir que el fascismo podía reaparecer bajo formas diferentes, adaptado a las circunstancias de cada época. Tres décadas después, su reflexión adquiere una dimensión inquietante: ¿qué sucede cuando esas expresiones políticas encuentran en las redes sociales una maquinaria capaz de reproducirlas, amplificarlas y convertirlas en sentido común?
El gobierno de Abelardo de la Espriella ofrece un escenario para formular esta pregunta. No porque cada decisión controvertida permita etiquetarlo automáticamente como fascista, sino porque sus propuestas de seguridad, sus disputas culturales y las narrativas de su entorno político merecen examinarse a la luz de las advertencias de Eco. La democracia no exige esperar a que el autoritarismo se consolide para empezar a interrogarlo.
La primera batalla se libra en la definición del enemigo
Eco advirtió sobre el miedo a la diferencia, la obsesión con las conspiraciones y la transformación del desacuerdo en traición. Son mecanismos que merecen atención cuando el migrante se presenta principalmente como amenaza, el manifestante como enemigo del orden, la diversidad como peligro moral o el adversario político como alguien que pretende destruir la nación.
La discusión sobre un estatuto antiterrorista, si sus disposiciones permiten ampliar indiscriminadamente esa categoría, plantea una pregunta fundamental: ¿dónde termina la legítima acción del Estado contra la violencia y dónde comienza la criminalización del disenso? Combatir el terrorismo es una obligación estatal; convertir la protesta pacífica en sospecha permanente sería una amenaza para la democracia. La respuesta debe buscarse en el texto jurídico, sus garantías y sus efectos, no únicamente en las declaraciones de sus promotores.
La misma vigilancia corresponde a la política de seguridad. La promesa de mano dura puede ofrecer respuestas emocionalmente satisfactorias a una sociedad agotada por la violencia. Sin embargo, cuando la fuerza se presenta como solución privilegiada para conflictos políticos, sociales y territoriales, conviene preguntar qué lugar queda para la prevención, la justicia, la negociación y la reparación.
Colombia conoce el costo de convertir la guerra en horizonte permanente. Los asesinatos de líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz no son cifras intercambiables ni daños colaterales que deban aceptarse como inevitables. Cada asesinato evidencia obligaciones estatales incumplidas y territorios donde la vida continúa amenazada. Por eso, cualquier revisión de la política de paz debe evaluarse por sus consecuencias concretas: protección de las comunidades, garantías para quienes dejaron las armas y capacidad de impedir que la violencia vuelva a ocupar los espacios abandonados por la política.
La paz no es ingenuidad. Es la decisión de impedir que la guerra se convierta en destino
Una segunda señal aparece en la manera de representar a quienes ocupan posiciones subordinadas. Los comentarios deshumanizantes contra habitantes de calle, la estigmatización de las personas migrantes y el desprecio clasista hacia comunidades empobrecidas revelan una disputa sobre quién merece reconocimiento y dignidad. Es indispensable distinguir las declaraciones del presidente, las actuaciones de sus funcionarios y las expresiones de sus simpatizantes; no son equivalentes ni pueden atribuirse automáticamente al mismo responsable. Pero tampoco debemos ignorar los discursos de un entorno político cuando contribuyen a normalizar la exclusión.
La polémica alrededor de la entrega de balones en medio de una tragedia, cuestionada por su desconexión con el sufrimiento de las comunidades, también invita a examinar cómo se representa la pobreza. La solidaridad convertida en espectáculo puede reducir las necesidades colectivas a una fotografía y desplazar las preguntas sobre las condiciones estructurales que producen la desigualdad. Cuando las comunidades aparecen como decorado de una puesta en escena política, la dignidad corre el riesgo de convertirse en recurso publicitario.
La batalla cultural completa este panorama. La controversia sobre el uso institucional de expresiones como «niños y niñas» y la circulación de la etiqueta «ideología de género» muestran que las palabras no son un territorio neutral. Nombrar a las niñas, reconocer la diversidad o hablar de igualdad no constituye por sí mismo una imposición ideológica. El debate debe atender a los derechos, la evidencia y las obligaciones institucionales, en lugar de convertir el vocabulario en una guerra contra quienes viven de manera diferente.
Aquí Eco encuentra a Orwell. El Newspeak de 1984 buscaba estrechar el lenguaje para limitar el pensamiento. El neolenguaje contemporáneo puede operar de otra manera: no necesita eliminar todas las palabras, sino inundar el espacio público con etiquetas que sustituyen la discusión. «Terrorista», «vándalo», «comunista», «enemigo», «gente de bien» o «ideología de género» pueden funcionar como atajos que evitan explicar, demostrar y argumentar. Una etiqueta ocupa el lugar de una realidad compleja; una emoción reemplaza una deliberación.
Pero hoy el lenguaje no solo se pronuncia: también se programa, se replica y se distribuye algorítmicamente
Las granjas de bots, las cuentas coordinadas, los contenidos engañosos y las campañas de desinformación pueden crear una ilusión de consenso. Una afirmación repetida por cientos de perfiles parece más extendida de lo que realmente está; una acusación viral puede adquirir apariencia de prueba; un video fuera de contexto puede sobrevivir a todas sus rectificaciones. La amplificación artificial no demuestra que una candidatura controle una operación específica. Esa atribución exige evidencias verificables. Precisamente por eso, investigar quién coordina, financia y ejecuta estas redes es indispensable.
El problema excede a un candidato. Los algoritmos privilegian con frecuencia contenidos capaces de provocar interacción, y la indignación es una mercancía eficaz. El resultado es un espacio público donde las afirmaciones más estridentes pueden desplazar a las explicaciones más rigurosas. La repetición empieza a confundirse con verdad y la popularidad con legitimidad.
También debemos observar la relación entre el líder y las instituciones. La imagen del hombre fuerte, capaz de resolverlo todo mediante voluntad personal, puede convertir la política en una competencia de personalidades y debilitar el reconocimiento de los límites democráticos. La hostilidad hacia sindicatos, organizaciones sociales, prensa crítica o movimientos ciudadanos debe evaluarse a partir de decisiones concretas, no de generalizaciones: una democracia necesita organizaciones autónomas precisamente porque el poder debe encontrar límites fuera de sí mismo.
Algo similar ocurre con la trayectoria profesional de De la Espriella como abogado de personas controvertidas, incluidos antiguos jefes paramilitares. Ejercer la defensa jurídica no equivale a compartir los delitos de un cliente: es una garantía del Estado de derecho. La pregunta pertinente no es condenar retrospectivamente al abogado por cumplir esa función, sino examinar cómo sus posiciones públicas y decisiones como gobernante responden a las mismas garantías jurídicas que protegen a cualquier persona, incluso a quien el poder considera enemigo.
Eco nos dejó una advertencia, no una etiqueta para arrojar contra nuestros adversarios. Si todo es fascismo, perdemos la capacidad de distinguir entre conservadurismo, populismo, autoritarismo y fascismo histórico. Pero si esperamos a que una sociedad reproduzca íntegramente el pasado para reconocer señales preocupantes, quizá hayamos esperado demasiado.
La tarea democrática consiste en observar, documentar y discutir: quién define al enemigo, qué derechos quedan expuestos, cómo se trata a las minorías, qué ocurre con la protesta, qué garantías sobreviven a la promesa de seguridad y quién responde por la circulación de mentiras.
El fascismo del siglo XX necesitó uniformar el lenguaje. El autoritarismo digital puede inundarlo hasta volver inaudibles otras voces. Por eso, defender la democracia hoy también significa defender las palabras de la manipulación, exigir pruebas frente a las acusaciones y preservar la posibilidad de disentir sin ser convertido en enemigo.
Porque la pregunta decisiva no es solamente quién gobierna. Es quién consigue determinar aquello que una sociedad considera verdadero, legítimo y posible.
Cuando las palabras dejan de ayudarnos a comprender el mundo y empiezan a servir para clausurarlo, la democracia ya está librando una batalla.
