Colombia, 21 de octubre de 2018. El “Centro Democrático”, partido colombiano de extrema derecha que rinde culto a la personalidad del latifundista, expresidente y hoy Senador Álvaro Uribe Vélez, radicó ante el Congreso de la República dos propuestas legislativas que atentan a la construcción de paz en Colombia, cuyo sustento es el negacionismo histórico, es decir, la negación de ciertas acciones perpetradas durante el conflicto, por actores políticos allegados a su línea ideológica, a pesar de la existencia de fuentes y pruebas que demuestran su ejecución. Dicho negacionismo es un rasgo característico de los sectores fascistas en Europa y de los vinculados a las dictaduras militares en América Latina.
¿Hacia la legalización del despojo paramilitar?
La senadora María Fernanda Cabal radicó un proyecto de ley que pretende reformar la ley de Víctimas y Restitución de Tierras, buscando defender a los llamados segundos ocupantes de las tierras, que eran propiedad de comunidades campesinas antes de ser desplazadas en su mayoría por organizaciones paramilitares. Según la senadora uribista, se trata de defender a estos ocupantes que compraron la tierra “de buena fe”, y que en gran medida son empresarios del campo cercanos a la Federación Colombiana de Ganaderos, de la que su esposo, Jose Félix Lafaurie es presidente.
Si bien la corte constitucional instó al congreso y a las entidades encargadas de ejecutar la ley, a proteger los derechos de segundos ocupantes, lo que temen organizaciones de víctimas, es que se abra un proceso de legalización del despojo de tierras perpetrado por organizaciones paramilitares a pequeños propietarios, y comprados a precios económicos por grandes propietarios.
El sustento de esta reforma está en la negación por parte de la senadora Cabal y de su esposo, el ganadero Lafaurie, de que las tierras fueron arrebatadas a pequeños propietarios campesinos por medios violentos llevados a cabo por organizaciones paramilitares, y no por grupos guerrilleros a grandes ganaderos, como ellos insisten. El despojo paramilitar a campesinos pobres está demostrado por múltiples sentencias judiciales, tal y como lo revela el investigador Ariel Ávila.
Vale agregar que para el año 2016, 68 líderes de restitución de tierras habían sido asesinados, según información del mismo investigador.
Te interesa leer: El neoparamilitarismo avanza con el silencio del Estado.
¿Miedo ante la verdad?
Los representantes a la cámara Óscar Pérez Pineda, y Álvaro Hernán Prada, presentaron una reforma constitucional, por medio del Proyecto de Acto Legislativo 087 en Cámara de Representantes, que busca restringir el acceso a información de las Fuerzas Armadas a la comisión de la verdad, la JEP, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y en sí a toda institución que haga parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), pese a que dicho estamento, además de ser un actor activo del conflicto, posee archivos y fuentes que guardan un parte de la verdad necesaria para la reconstrucción de la historia de la violencia en el país y la consecución de justicia.
El pseudo argumento de los representantes uribistas es que dichas instancias tienen intereses políticos inclinados hacia las guerrillas, probablemente porque múltiples estudios dan cuenta de las cifras alarmantes de víctimas del paramilitarismo y de la existencia de claros nexos entre esa fuerza ilegal y las fuerzas militares en la perpetración de masacres de civiles, como lo demuestra el informe Basta Ya o los informes Colombia Nunca Más, entre otros.
Es evidente que el uribismo no tiene intenciones de dar un marco de posibilidad a la emergencia de verdad, de todas las partes involucradas en el conflicto, para la construcción de reconciliación nacional.
