Colombia: Estado reprime a comunidades rurales que se movilizan por derechos sociales

En distintos lugares de la geografía nacional, comunidades rurales campesinas e indígenas se han movilizado en los últimos meses por garantías sociales mínimas, recibiendo como respuesta del Estado las agresiones del Escuadrón Móvil Anti Disturbios de la Policía Nacional. Hechos que han sido opacados por la matriz mediática (corporativa) que pretende dirigir la atención de la opinión pública a las problemáticas de Venezuela antes que a la dura realidad social colombiana, con el ánimo de deslegitimar toda organización y acto que se muestre como alternativa al modelo económico imperante.

Agresión estatal a las comunidades indígenas

La liberación de la madre tierra es un proceso adelantado por diversas comunidades indígenas del Cauca, en el que buscan recuperar para la siembra de alimentos, territorios ancestrales que han sido ocupados por grandes terratenientes de la región así como por elites nacionales como el grupo empresarial Ardila Lule para el monocultivo de caña –producción de biocombustibles-, la ganadería o simplemente para la propiedad ociosa y su especulación. La liberación de la madre tierra ha sido duramente reprimida por el Estado en cabeza del ESMAD, dejando en los últimos meses 8 comuneros asesinados, así como ha sido continuamente amenazado por agrupaciones neoparamilitares.

El pasado 3 de agosto el ESMAD saboteó el Encuentro Internacional de Liberadores de la Madre Tierra, destruyendo la infraestructura que habían construido con anterioridad en la preparación del Evento, y cortando los cultivos con los que se iba a suplir la alimentación de los asistentes.

Según el portal https://liberaciondelamadretierra.org/ las fuerzas coercitivas dieron un plazo de 72 horas para el levantamiento del Encuentro por órdenes directas del ministerio de defensa. A pesar de las amenazas, las y los comuneros, cabildantes, guardias indígenas y asistentes decidieron continuar con el evento y proseguir en el digno camino de liberación de la madre tierra.

Agresión estatal a las comunidades campesinas

Un poco más al norte, específicamente en el noreste antioqueño, las comunidades de Segovia y Remedios se levantaron en un paro cívico regional contra el incremento de los beneficios concedidos a la Transnacional GranColombia Gold por parte del Estado, cobijado por el código minero de 2001, en detrimento de la minería artesanal y su comercio, sostén de la economía del territorio, cuya práctica tiene una mayor sostenibilidad que la megaminería de las grandes corporaciones.

Bajo la falsa disyuntiva construida por el Estado neoliberal impulsada con mayor énfasis por los gobiernos Uribe-Santos, entre minería legal e ilegal, siendo la legal la realizada por grandes corporaciones que arrasan con la naturaleza y cultura de los territorios y la ilegal, la practicada por campesinos e indígenas para suplir las necesidades básicas, de la mano con la agricultura (la minería de retroexcavadora fomentada o defendida por el neo paramilitarismo no es asumida en esta dicotomía), el gobierno otorga facilidades en la titulación y extracción a esa “minería legal” corporativa. No de forma gratuita sino por la existencia del fenómeno de “puertas giratorias” en donde los funcionarios públicos son también previa o posteriormente a su nombramiento funcionarios de las transnacionales mineras.

La respuesta del Estado, como parece ser costumbre, fue la represión ejercida por el ESMAD, defendiendo los intereses de la transnacional minera antes que la satisfacción de las reivindicaciones básicas de los pequeños mineros de la comunidad. La represión no ha sido solo con el lanzamiento de gases lacrimógenos, balas de goma y granadas de fragmentación. Según denuncias hechas al medio de comunicación Agencia Prensa Rural, han salido disparos con armas de fuego de los lugares en los que se encuentra el ejército y la Policía Nacional.

Yendo otro poco más al norte de Colombia, llegando ahora a la zona sabanera-costeña del Cesar, nos encontramos con otro conflicto invisibilizado por la matriz mediática corporativa. Se trata del paro de más de 30 días impulsado por las comunidades de la Mata y Ayacucho, contra los atropellos de la Empresa ECOPETROL en términos ambientales, laborales y sociales. Se movilizan por el mal manejo de los residuos de la compañía, la ausencia de infraestructura básica para la población y las precarias condiciones de trabajo. Protestan porque la empresa se enriquece a costa de la pobreza y dignidad de la comunidad. De nuevo, el Estado ha contestado con represión policial, con satanización que pone en riesgo la vida de los líderes sociales que impulsan las jornadas, y el montaje de falsos positivos judiciales contra los manifestantes.

Seguimos mirando la paja en el ojo ajeno sin tener en cuenta la viga en el propio. #ColombiaNoEstaBien.

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David Pinzón Hernández @DavidPinzonH | Integrante de la REVISTA HEKATOMBE.
Licenciado en Ciencias Sociales. «Tengo una pequeña perra que es más lista que una bruja».