Bogotá, 15 de diciembre de 2019. El día jueves 12 de diciembre tuvo lugar en la Casa España de Teusaquillo, la presentación del informe titulado “Criminalización De La Defensa De Los Derechos Humanos En Colombia”.
En nuestro país la persecución, el asesinato y la desaparición de defensores/as de D.D H.H ha tenido un aumento exponencial durante la última década. Es por ello que, organizaciones como la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos-FCSPP, la Organización Mundial Contra la Tortura-OMCT y la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria-COSPACC, han venido trabajando en dicho informe, con el fin de explicar cómo el Estado colombiano ha hecho del Derecho Penal, más que un mecanismo de protección para las y los ciudadanos, una herramienta de criminalización contra las personas que ejercen la defensa de los derechos humanos.
El informe indica que, sólo en los últimos 8 años, en promedio se ha judicializado 33 personas defensoras de derechos humanos por año. Así mismo, se ha podido identificar que, un factor común entre la mayoría de los casos es que la judicialización se ha realizado sin fundamentos probatorios reales, en algunos casos los defensores/as permanecen detenidos sin que se les defina su situación jurídica, mientras que otras detenciones se han caracterizado por la estructuración de falsos positivos judiciales, que buscan privar de la libertad a las personas defensoras, esto con el fin de apartarlas de las diferentes luchas sociales.
Uno de los aspectos más relevantes que presenta el informe, es la relación que tienen los procesos de judicialización de defensores/as de derechos humanos con tres contextos claramente identificados: 1) Líderes y liderezas ambientales o defensores de los territorios de la megaminería 2) Promotores del ejercicio del derecho a la protesta social y 3) Promotores del diálogo y de la salida política al conflicto armado y de alternativas de los cultivos ilícitos.
Uno de los aspectos más relevantes que se presenta, es la relación económica que tienen instituciones como la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa con las empresas del sector minero-energético, a esto se le ha denominado como la “la privatización de la justicia y de la seguridad pública” y se materializa por medio de las Estructuras de Apoyo a Hidrocarburos-EDA, en donde por ejemplo, Ecopetrol invirtió en estas estructuras a cargo de la Fiscalía, alrededor de $82.621.590.882 para que se investigue las conductas que afecten el desarrollo de la extracción de hidrocarburos. Es así como, las Fuerzas Armadas y la Fuerza Pública han actuado exclusivamente a favor de las transnacionales, dejando como saldo la detención arbitraria de docenas de personas defensoras de derechos humanos a lo largo del país, en muchos casos relacionándolas con estructuras armadas, sobre las cuales, en ocasiones no ha sido posible comprobar su existencia.
Otro aspecto que denuncia el informe, es la complicidad de los medios de comunicación corporativos, los cuales se han encargado de presentar las detenciones arbitrarias de personas defensoras de derechos humanos, como logros de guerra que, según ellos, benefician al “desarrollo” minero, económico y social del país. ya que se encargan de tildar a los defensores/as como “enemigos del bienestar, del desarrollo y de la sociedad. Generalmente los declaran como integrantes de grupos armados, violando su derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia, puesto que en ocasiones los cargos imputados no tienen nada que ver con ello, o ni siquiera se ha generado sentencia por parte de los jueces.
