Dos golpes a la democracia: fracking y consultas «populares»

La ambigüedad del actual gobierno de Colombia ha sido una de sus principales características. Mientras en campaña el entonces candidato Iván Duque Márquez (Iván Márquez para el gobierno de EUA) con actitud relajada, joven y bastante ridícula, aseguraba en las universidades del país, que, durante su gobierno, en Colombia no habría Fracking

La ambigüedad del actual gobierno de Colombia ha sido una de sus principales características. Mientras en campaña el entonces candidato Iván Duque Márquez (Iván Márquez para el gobierno de EUA) con actitud relajada, joven y bastante ridícula, aseguraba en las universidades del país, que, durante su gobierno, en Colombia no habría Fracking, pues la protección de nuestros recursos naturales era lo fundamental, ahora como presidente, se burla de sus votantes, de una gran parte de la comunidad académica y ambiental del país, contradiciéndose a sí mismo; ya que, un grupo de 13 expertos (convocados por el gobierno de Juan Manuel Santos durante el último mes de su gobierno), en el pasado mes de febrero, le dio el visto bueno a lo que ellos denominan “proyectos pilotos de Fracking” y como era de esperarse, Iván Duque, desde Washington, declaró que estaba de acuerdo, que era muy importante implementar las exploraciones de hidrocarburos para el país, pero eso sí, aclaró que esas exploraciones se deben realizar con todas las licencias ambientales; seguramente haciendo referencia a su mentor Álvaro Uribe Vélez, alias “primera dama”, quien durante su gobierno otorgó cerca de 7.869 títulos mineros, algunos de ellos en páramos, luego de que la reforma al código minero prohibía la explotación en páramos, pero como el presidente no había sancionado la ley no pasó nada, ¡ante todo la legalidad!.

Hablando de legalidad, las consultas populares eran la herramienta eficaz para las comunidades que se oponen a la macro-minería, experimental, y poco productiva para los municipios, por medio de este mecanismo, en varias ocasiones le dijeron no a la explotación y sí a las alternativas de desarrollo económico que no impliquen agotar sus recursos naturales, exponer su salud, cambiar su cultura y que además se convierten en fuentes latentes de corrupción. A pesar de ello, la Corte Constitucional de Colombia, recientemente cambió esta normatividad, limitando los efectos de las consultas, en casos de actividad extractiva de minería y petróleo, también decidió que este mecanismo no podrá vetar la explotación ecológica, argumentando que el Estado es el dueño del subsuelo, y qué las decisiones territoriales no pueden estar por encima del interés general de la nación. ¿Será que a la Corte Constitucional se le olvidó que “Colombia es un Estado Social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales”? Y para no seguir citando todas esas palabras bonitas, que yacen en el artículo primero de nuestra Constitución, sería coherente recordarle a la Corte, que precisamente de la “autonomía de sus entidades territoriales” nacen más adelante las normas que indican que los alcaldes, como representantes del pueblo y del Estado, tienen la facultad para convocar consultas para que la ciudadanía decida acerca de los asuntos que competen a sus municipios, acentuando, entre otras cosas, el derecho fundamental a la vida digna de las personas.

Parece que la probable implementación del fracking en Colombia y la caída en picada de las consultas populares, no son hechos aislados el uno del otro, ni concidenciales; o tal vez si, ¡qué suerte se gastan el presidente Duque y los empresarios! para tener de su lado a la Corte Constitucional, a los expertos ambientales, y a una gran parte del Congreso. Mientras los investigadores castrochavistas y polarizadores de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), recomiendan a varios de sus Estados miembros no usar técnicas de fracturación hidráulica, debido a que estas contribuyen en gran medida en el aumento del calentamiento global.

¿Pero cuál es el lío con el Fracking? ¿Por qué no dejan gobernar y ya?

Esta técnica utiliza una mezcla de agua, arena y productos químicos que posteriormente es inyectada a presión en el subsuelo con el fin de fracturar la tierra, para liberar el petróleo en forma de gas (como quien dice, “los cunchos del petróleo”). Como resultado de este procedimiento se generan gases nocivos para la salud del ser humano, además, las fuentes hídricas se ven contaminadas por productos radioactivos y el movimiento sísmico aumenta de manera exponencial. En conclusión, afecta a los ecosistemas y todos sus componentes en distintas formas, incluyendo animales, plantas y seres humanos.

Al parecer, para el gobierno nacional lo anterior son pequeñeces, lo realmente importante (a parte del cerco diplomático, claro está) es según Duque: «poder lograr una contribución fiscal del sector petrolero para la economía, según lo planeado, necesitamos agregar dos mil millones de barriles adicionales«. Se calcula que las reservas de petróleo en Colombia pueden llegar a durar aproximadamente seis años a partir de la fecha, con la implementación del Fracking, el gobierno espera incrementar las reservas alrededor de seis años más.

¿Seis años más dependiendo del petróleo, logran justificar las consecuencias nefastas del Fracking en Colombia?

Sin embargo, la benevolente Corte no dejó la puerta cerrada del todo a la participación ciudadana, más bien viajaron en el tiempo, pero hacia el pasado, y nos regresaron a la jurisprudencia que señalaba que este tipo de proyectos deben partir de una “concertación” entre los habitantes y los proyectos extractivos. Como quien dice, “o dejan entrar la minería, o les mandamos al ESMAD para concertar por las buenas o por las malas y así es como el pueblo participa en la democracia”. De manera paralela el grupo de expertos que le dio el visto bueno al Fracking en Colombia, en el Magdalena Medio, específicamente, también indicó que se encontraban de acuerdo con la población en que es posible un escenario donde la aparición de terremotos y enfermedades sean los protagonistas. ¡Qué detallazo! Por otro lado, Carlos Andrés Santiago, vocero de la Alianza Colombia Libre de Fracking, afirma que: “La comisión de expertos, en su mayoría, son profesionales con conflictos de intereses con la industria petrolera, que solo tuvo tres meses para construir el informe y no contó con la participación activa y eficaz de las comunidades, dado que se limitó a tres reuniones en Puerto Wilches y Barrancabermeja, Santander, y San Martín, Cesar”.

Con el visto bueno del gobierno y el “jaque mate” a las consultas populares de la Corte Constitucional, da la impresión que no existe esperanza. Sin embargo, actualmente en el Congreso hay tres proyectos de ley, los dos primeros, tienen el objetivo de prohibir el Fracking en Colombia, mientras el tercer proyecto busca aplazar esta decisión hasta contar con estudios claros, imparciales y suficientes para determinar si esta práctica es o no, conveniente para el país. En simultaneo, el Consejo de Estado, afirmó al respecto, que debía aplicarse el principio de precaución, es decir, que, si existe un riesgo lo suficientemente alto, lo conveniente es desistir del proyecto. Así mismo, la red de universidades públicas hará una comisión independiente para debatir sobre las recomendaciones dadas por la Comisión de Expertos.  “Será una comisión que acompañe a las comunidades en las regiones, que analice con ellos y evalúen los riesgos. Es nuestra función como servidores públicos” expresó Catalina Toro Pérez, profesora del departamento de ciencia política de la Universidad Nacional y coordinadora del grupo de Ecología Política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

Publicado 03 de marzo de 2019.

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Por: Andrés Felipe Torres |@Felipe7orres | Estudiante de derecho, con estudios en administración ambiental. El desarrollo de una nación es proporcional a la participación de su pueblo en la democracia.

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