El Plan de Desarrollo en Bogotá, lejos de un nuevo contrato social

Desde que se posesionó Claudia López, su administración se ha caracterizado por ser un gobierno o de mucha zanahoria o de mucho rejo, un retrovisor de lo que fue la política de cultura ciudadana de Antanas Mockus, de la que tanto se ufana la alcaldesa de Bogotá.

La distribución de la administración ha sido un fiel reflejo de su campaña; la paz, la política social y la participación para sectores progresistas; la movilidad, la seguridad y parte de la administración de la salud para la derecha, y en el núcleo central del desarrollo local y distrital se encuentra el Partido Verde, como un gran vigilante de la contratación y marcando la pauta para la toma y ejecución de decisiones.

Su campaña y el inicio del gobierno distrital son iguales, guiños a la derecha, al “centro” y a la izquierda. El respaldo a Galán como presidente del Concejo, la decisión de continuar con el Metro elevado y con el Transmilenio por la Avenida 68, bajo la excusa de que Peñalosa dejó todo amarrado, el tratamiento a la protesta social, los procesos participativos de corto alcance y el manejo de la crisis sanitaria en razón al COVID-19, son algunas de las tensiones que han hecho parte de los primeros meses de una experiencia que en ocasiones no tiene mucho de “centro” ni de “independiente” para la ciudad. En medio de promesas incumplidas, acuerdos políticos sin alcance y aciertos parciales, nos encontramos en la discusión del Plan de Desarrollo Distrital – PDD denominado un “Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”.

El PDD se estructura en propósitos, logros, programas generales y metas por sector, que enmarcan una interpretación del gobierno distrital sobre los problemas de la ciudad, sus causas, sus estrategias de atención y los compromisos de los sectores de la administración. A partir de los siguientes cinco propósitos se organiza el PDD y se proyecta su ejecución presupuestal:

  1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política.
  2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar el cambio climático.
  3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación.
  4. Hacer de Bogotá-Región un modelo de movilidad, creatividad y productividad incluyente y sostenible.
  5. Construir Bogotá-Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.

El PDD se compone por 30 logros, 17 programas estratégicos, 58 programas generales y 513 metas, todo con un costo total de $109.2 billones distribuidos de la siguiente manera:

  1. Propósito 1: $52.7 billones
  2. Propósito 2: $9.5 billones
  3. Propósito 3: $2.8 billones
  4. Propósito 4: $34.9 billones
  5. Propósito 5: $4.9 billones

Los enfoques de género, diferencial, la cultura ciudadana, el territorial y el participativo se relacionan con unos atributos, con los cuales la administración busca lograr una ciudad cuidadora, incluyente, sostenible y consciente, esto es el cimento de una visión a corto, mediano y largo plazo de la ciudad. Para el 2024 se espera la institucionalización de la Bogotá-Región, para el 2030 se cumpliría la agenda global de los objetivos de desarrollo sostenible y para el 2038 se proyecta el goce de una ciudad para la generación del medio milenio con ciudadanos más libres y democráticos bajo una cultura ciudadana en clave de democracia, innovación y sostenibilidad.

Vale la pena reconocer positivamente varios aspectos que evidencia el PDD y que recogen un espíritu importante para Bogotá, el primero de ellos, es el ajuste estratégico del plan a partir de la emergencia del COVID-19, lo que implicó un ajuste presupuestal mayor hacia sectores como la salud y prioridades como la reducción de las brechas sociales; el segundo, refiere a la intención por priorizar la atención hacia el riesgo del cambio climático, el cuidado de la estructura ecológica y un impulso a los cambios de hábitos para hacer un proceso sostenible de la ciudad; el tercero, es la priorización de la inversión para superar las brechas de desigualdad social como los son el ingreso básico para los hogares, la reducción de la pobreza, el sistema distrital de cuidados, la inclusión productiva, los programas específicos para la equidad de género y la superación de las violencias contra las mujeres; el cuarto, tiene que ver con el Acuerdo de Paz, entendido como una dimensión estructural de la ciudad, los dos planes de desarrollo con enfoque territorial- PDTS, uno de ellos en el Sumapaz,; y el quinto elemento relevante, es la priorización de procesos de transparencia, control político y efectividad de la gestión pública, en relación con esto cobra valor el interés y la ambición por las obras de infraestructura para la ciudad, que en total serian 85 entre el sector de movilidad, salud, educación, integración social y hábitat, serán un gran medidor del trabajo de la alcaldía mayor.

No obstante, existen unas dimensiones negativas del PDD, que no pueden pasar desapercibidas sobre la retórica y el espíritu que proyecta el documento del plan y que son consecuencias de una serie de contradicciones de la administración, producto de las tensiones que se mencionaban al inicio.

El discurso del fortalecimiento democrático es limitado, no solo por el bajo alcance del diálogo con la ciudadanía en medio de la crisis, sino, porque la administración no ha logrado romper con la tradición de que los planes de desarrollo giran principalmente entorno a las discusiones del Concejo, las fuerzas políticas y la administración, lo cual causa que sea muy bajo el porcentaje de propuestas las que se integran al documento final; en relación con esto, valdría la pena trazar una ruta que replantee el Sistema de Participación Distrital con el fin de que las diferentes estrategias e instancias cumplan con un alcance real a partir de las discusiones que continuamente realizan los sectores sociales.

No hay una intención clara de dejar de lado los procesos directos con el sector privado y queda en el aire el horizonte público real del plan. La relación entre Estado, el sector privado y la ciudadanía es ambigua, y puede seguir generando consecuencias fatales para las finanzas de la ciudad. Se requiere precisión en las formas y procedimientos de la adjudicación de la contratación en los proyectos generales que plantea el PDD.

La apuesta por una Bogotá-Región no tiene especificaciones sobre la obtención de recursos para ponerla en marcha y su relación con el POT; ésta es necesaria, pero sufre de un riesgo común al incentivar grandes negocios con sectores privados y efectuar lineamientos que alteran la construcción del POT, su formulación participativa y el modelo de ciudad. Bogotá no puede seguir implementando un modelo de ciudad sin la determinación de un POT, el cual después 8 años, aún es incierto.

Bogotá es la ciudad más desigual del país, la intención de superar esta condición sufre de realidades que el plan no dimensiona, se evidencia una actitud de la alcaldesa por dejar de lado temas como la voluntad de los grandes sectores económicos que hoy tienen un alto porcentaje del control de la productividad a causa de la contratación pública, la voluntad política confusa de la administración y el sentimiento de la movilización ciudadana por un modelo de ciudad sin exclusión; estos tres campos no se han conciliado, no lo van hacer y Claudia López debe entender y asumir esto.

La concepción de ciudad cuidadora aporta un relato innovador que requiere de toda la responsabilidad política por parte del gobierno distrital para asumirlo con toda sensatez, sin embargo, el espíritu del plan no es coherente con la actitud de sectores de la administración y la fuerza pública, pareciera un documento diseñado para generar una cortina de humo que hace crecer discursos represivos, antidemocráticos y de corte autoritario, como se ha vivido en circunstancias de atención a la protesta social, la atención de la emergencia de la pandemia y en los pronunciamientos hacia sectores y liderazgos con opiniones contrarias a las de la alcaldesa.

A su vez, la falta de claridades en el actual plan entorno al enfoque público, la contratación, zonas y espacios de priorización, la especificidad de la inversión y la falta de conciliación real entre todos los actores, causa que el PDD hoy siga siendo una incógnita para Bogotá, situación que la ciudad no puede seguir soportando porque generaría agudizar realidades de exclusión, precariedad y profundización de la desigualdad.

Las contradicciones en las que se ha encontrado sumergida la ciudad en los primeros meses de la nueva administración de Claudia López por su manejo político y las medidas adoptadas hasta el momento, dejan en vilo la intensión real para la ciudad con el proyecto de acuerdo del PDD. En los últimos 8 años Bogotá ha estado envuelta en choques de visiones entre modelos progresistas y neoliberales, la alcaldesa no puede pretender dar vuelta de hoja a esto, porque el modelo de ciudad, el enfoque de lo público, lo común y lo democrático, es un campo de disputa permanente.

Debemos reconocer el campo de oportunidades que abre esta nueva administración, pero con contundencia hay que rechazar lo que evidencia unas grietas gigantes que fortalecen el modelo excluyente y que precariza la vida. Mientras tanto, la alternativa debe ser seguir ocupando espacio político, construyendo propuestas y disputando el horizonte de ciudad. Interpretar y desencadenar la ciudad que deja el sentido de las movilizaciones que se han vivido por el derecho a la misma, motivar las trasformaciones necesarias que deja la crisis global y plasmar en el diseño urbano la voluntad de los sectores emergentes, es un reto que debe evidenciarse en el PDD y en las próximas experiencias de gobierno.

La alternativa para Bogotá es un modelo de ciudad basado en la democracia y la justicia social, dirigirse hacia la seguridad de la vida digna de los sectores más excluidos. La ciudad tiene el reto principal de dejar la desigualdad atrás y esto pasa por no seguirle abriendo campo a quienes generan pobreza y precariedad.

Un contrato social ante todo es un acuerdo de voluntades, y aún, hace falta la voluntad de la ciudadanía para construir una Bogotá más justa.

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