La Fiscalía General de la Nación acaba de solicitar en extradición a Salvatore Mancuso, uno de los ex jefes paramilitares más temible y despiadado en la historia reciente del conflicto armado en Colombia.
Esta noticia pone en alerta a todas las víctimas de los grupos paramilitares y a quienes en vano esperaron desde el 2005 verdad, justicia y reparación de un “proceso de desmovilización” que lo único que otorgó a los victimarios fue impunidad y que re victimizó a quienes sufrieron directa o indirectamente las políticas y atentados de esto grupos.
Es inevitable recordar que mientras Salvatore Mancuso junto a otros dos jefes paramilitares visitaban el congreso y eran aplaudidos por congresistas y senadores, en los territorios se mataba, perseguía y silenciaba a quienes les pedían saber que había pasado con sus hijos, hermanos y familiares, pese al supuesto cese de hostilidades. También recordar que ese mal llamado proceso de paz fue un fracaso, los victimarios tuvieron todos los beneficios del Estado —en su momento administrado por Álvaro Uribe Vélez— y las víctimas fueron olvidadas y casi burladas, hasta la aparición de la Ley de victimas que en la actualidad es una de las más violadas.
Los errores del proceso de desmovilización de las estructuras paramilitares fueron innumerables, no se evitó el rearme, nunca se supieron las cifras exactas de los miembros reales y activos de este grupo, narcotraficantes se hicieron pasar por miembros para acogerse a la Ley de Justicia y Paz, las versiones libres que solo fueron un prolongamiento de la omisión y la negación de los crímenes que cometieron. También continuaron operando y masacrando después de estar en la mesa de negociación, finalmente se extraditó a los principales jefes por narcotráfico, lo que evitó que declararan ante la justicia colombiana todos los hechos cometidos bajo su mando, y finalmente todo esto llevo a que las estructuras paramilitares mutaran a lo que hoy conocemos como BACRIM.
El pedido en extradición de Salvatore Mancuso —después de cumplir su condena en Estados Unidos por 15 años—, es motivado por una investigación activa por lavado de activos, sin embargo esto no es otra cosa que un llamado al silencio al ex jefe paramilitar; no podemos olvidar que solicitó ampararse ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) y su solicitud aún en estudio podría ser negada por no pertenecer a ninguno de los factores personales, como el haber sido financiador o contribuyente de manera indirecta al conflicto armado.
Esto quiere decir que Mancuso será juzgado por la justicia ordinaria colombiana, ya que no puede someterse de nuevo a la Ley de Justicia y Paz porque por esta ya pago su condena en Estados Unidos, pues mientras estaba recluido continuo con el proceso y las versiones libres.
El regreso de Mancuso a Colombia trae dos posibles caminos: el silencio y seguramente la negociación en su proceso para una libertad condicional —que sabemos las condiciones de la libertad condicional para quienes conocen la relación del Estado, políticos, militares y empresarios con los grupos al margen de la ley— o que la JEP consiga una excepción jurisprudencial y haga que Salvatore Mancuso, después de tantos años, cuente la verdad y abra un nuevo capítulo en la historia del conflicto y tal vez se dé un nuevo paso hacia la reparación y la no repetición.
