En la zona rural de El Copey, departamento del Cesar, una zona azotada por la violencia paramilitar, las autoridades tienen indicios de la presencia de los cuerpos de los jóvenes Óscar Alexander Morales Tejada, Octavio Bilbao Becerra y Germán Leal Pérez, desaparecidos entre el 2007 y el 2008, y de otras 100 personas que, según investigaciones, fueron víctimas de desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales ejecutadas por miembros del Batallón de Artillería La Popa No. 02, de acuerdo a lo denunciado por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).
Los cuerpos fueron enterrados en un lote que posteriormente sería designado como cementerio alterno de El Copey. En los años que siguieron, habitantes de la zona denunciaron que terceros estaban exhumando cuerpos y que militares amedrentaban a los miembros de la CCJ que junto al CTI llegaban al lugar para investigar los asesinatos y emprender los procesos judiciales correspondientes.
El 20 de enero, la CCJ denunció que la actual Alcaldía ha estado interviniendo el lugar para la construcción de bóvedas y habilitación del lote para las personas fallecidas por COVID-19, pese a que existía una orden de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de no hacer adecuaciones ni intervenciones en ese lote y a que, como lo expresó Sebastián Bojacá —abogado de la CCJ—, esta intención de alterar el cementerio alterno no coincidía “con el conocimiento [que] desde 2013 tienen las alcaldías del municipio sobre la cantidad de cuerpos y las acciones de búsqueda de la Fiscalía”.
Asimismo, el abogado manifestó que según el alcalde Francisco Manuel Meza, “la JEP no le dijo a qué proporción de terreno se refieren cuando hay que adoptar medidas cautelares”, al no contar con evidencia técnica de la desaparición forzada en las cinco hectáreas del terreno, aún cuando: 1.“la JEP le ordenó mantener la custodia de los restos y la protección en todo el terreno del cementerio alterno de El Copey, no refiriéndose exactamente a una parte en específico”. 2. “el conocimiento judicial permite establecer que en todo el predio hay evidencia”.
Por esta razón, la Comisión Colombiana de Juristas solicitó a la JEP decretar el desacato de la Alcaldía del municipio y a su representante legal, a las medidas cautelares sobre el cementerio alterno de El Copey.
Sobre las ejecuciones extrajudiciales
Sebastián Bojacá —representante legal de la familia Morales Tejada por la CCJ— explicó a Revista Hekatombe que Óscar Alexander Morales Tejada, Octavio Bilbao Becerra y Germán Leal Pérez fueron presentados inicialmente como bajas en combate por miembros del Batallón de Artillería La Popa, específicamente del Pelotón Bombarda 01.
En ese momento, los cargos militares encargados del batallón presentaron una serie de documentos en donde argumentaban que las ejecuciones eran un resultado operacional válido, documentos que posteriormente fueron refutados por el contraste de la información en donde se demostraba que las víctimas no pertenecían a ningún actor armado.
Adicionalmente, afirmó el abogado Bojacá, que en la JEP algunos comparecientes han admitido la responsabilidad en los hechos y han establecido que estos casos son ejecuciones extrajudiciales.
Cabe destacar que María Doris Tejada, madre de Óscar Alexander Morales Tejada, asumió el caso de su hijo y ha manifestado un interés permanente por el esclarecimiento de la verdad y la justicia de Octavio Bilbao Becerra y Germán Leal Pérez, que posiblemente están junto a Oscar en el cementerio, y de las demás personas que fueron víctimas de los hechos y cuyos cuerpos se encuentran también en el lugar.
