Para muchos colombianos la llegada del año nuevo significa un utópico fortín de nuevos objetivos e ilusiones pasadas por la ambigüedad de la embriaguez o la ingenua esencia navideña de pensar que el calendario define qué somos o qué vamos a hacer. Sin embargo, esta nociva visión de la vida que construimos como país, ha desdeñado la realidad propia de este cagadero.
Diciembre en algunas zonas del país fue un mes pasado por fiesta con el sabroso ritmo latino que obliga a romper las caderas, al son de melodías alegres; pero en otras regiones, en tan sólo este mes, fueron asesinados 25 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Quienes defienden el territorio y la dignidad de los pueblos, hoy bailan al son de la metralla que inhóspita, no se detiene aún si los citadinos forzamos la ocasión para jugar a la eterna parranda.
Una de las noticias más leídas y releídas del mes fue la chiflada que se ganó el Gran Combo de Puerto Rico en la feria de Cali, pero, si miramos con detenimiento, la pequeña tragedia que significó exigir airadamente que subieran a Jessi Uribe, no es más que una paradójica escena carnavalesca que pone en evidencia cómo la voluntad del pueblo iracundo puede subir a cualquier Uribe, duélale a quién le duela.
Por otro lado, en una marginada región de nuestra simpática nación, la comunidad de Pogue, en Bojayá, denuncia estar siendo confinada por paramilitares integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Esta comunidad afro del Chocó conoce la violencia de primera mano: en 2002 fue campo de batalla en un enfrentamiento entre el bloque 58 de las extintas FARC y el bloque Élmer Cardenas de las AUC.
Igual que hoy, la disputa por el control de ese territorio del occidente del país trasciende la cada vez menos evidente, disputa político-ideológica y se convierte sobre todo en la conquista de un punto estratégico para el tráfico de drogas, ya que este es un punto que permite una veloz conexión entre el océano pacifico y atlántico.
Sabemos que son más de 300 paramilitares quienes están recluyendo a los habitantes de Bojayá ante el inminente riesgo de que se presente algún enfrentamiento con el ELN, que también tiene presencia e intereses en esta zona del Chocó. Me cuestiona pensar en la acción que nuestro frágil Estado ha tomado para garantizar los derechos de estos colombianos que, entre la selva, el barro y el olvido recibieron el nuevo año. Por ahora, y como es costumbre, el Ministerio de Defensa con ‘amplia diplomacia’ envío al comandante de la Séptima Brigada a verificar las condiciones de la región, lo que significa el desplazamiento de 50 hombres para aumentar el pie de fuerza que oscila en 100. ¡Ojo! por que serían 150 hombres en toda la región, no en Bojayá. Lo cual tampoco significa alguna acción militar que retorne los derechos de los ciudadanos.
Alarmante es, además, que la Defensoría del Pueblo lleva un año haciendo alertas tempranas, advirtiendo al gobierno de la delicada situación de seguridad de esta región. Es evidente que el gobierno ha hecho caso omiso a dichas advertencias, es más, creo que el gobierno también está de pachanga este mes, o estos meses. Espero pues que su propósito de año nuevo sea empezar a gobernar.
Ojalá que no nos sigamos haciendo los borrachos este mes y estemos más al tanto de la situación de Bojayá, o de Cauca, o Nariño…
Mientras siga sonando el reguetón con el que mis caderas sienten la culposa necesidad de contonearse con sazón de misoginia y la música popular, que no sé a qué hora se volvió tan popular, siga llenando cristales de alcohol, nosotros busquemos excusas para hacernos los brutos, hasta que el tiempo nos siga demostrando que la realidad es que no nos estamos haciendo.
