Hace algunos días vi la película «Argentina, 1985» que retrata el juicio civil que se realizó contra las Juntas que encabezaron la última dictadura militar en dicho país (1976-1983). Me fue difícil no imaginar una situación semejante, siendo los acusados, entre otros, los expresidentes Julio Cesar Turbay y Virgilio Barco, a razón del Estatuto de Seguridad del primero, ampliamente conocido por su poco respetuoso trato a los derechos humanos, y el vínculo del segundo con el genocidio de la Unión Patriótica.
Debo decir que no faltó en mi imaginación la presencia de un tercer expresidente, ya que durante sus mandatos como gobernador y presidente se incrementó la violencia paramilitar; se vivió una fuerte persecución a la oposición durante sus gobiernos
Debo decir que no faltó en mi imaginación la presencia de un tercer expresidente, ya que durante sus mandatos como gobernador y presidente se incrementó la violencia paramilitar; se vivió una fuerte persecución a la oposición durante sus gobiernos (2002 al 2010); y bajo su régimen de “seguridad democrática” se cometieron 6402 asesinatos extrajudiciales. Por supuesto, estoy hablando de Álvaro Uribe Vélez.
Días después de haber visto la película, casualmente, vi que un profesor antioqueño que fue adquiriendo reconocimiento gracias a la televisión regional y las redes sociales, Gilberto Tobón Sanín, sostuvo en una entrevista que, básicamente, ya era tiempo de dejar tranquilo a Álvaro Uribe Vélez. Este llamado de Tobón, teniendo en cuenta sus aspiraciones electorales para llegar a ser alcalde de Medellín, no me sorprendió, sin embargo, las bases para justificar su consideración son endebles.
los mal llamados falsos positivos no fueron cosa de “manzanas podridas” como insiste el relato uribista, con el que Tobón Sanín, como tal, no toma distancia, sino expresión directa de una medida devenida desde el poder ejecutivo
No hay que ir muy lejos. En la entrevista manifestó lo siguiente: “él no ordenó los falsos positivos (Uribe), fueron los militares, que son educados pa’ matar gente, que en su afán de ‘hay que hacer algo’ se pusieron a hacer eso. Uribe no hizo eso, yo lo defiendo desde aquí, así me caigan rayos y centellas. (…) hay que hacer una amnistía general, entre ellos a Uribe, déjenlo descansar”, luego dijo que la de Iván Cépeda no era una búsqueda sustentada por la justicia y la verdad, sino, más bien, una obsesión por el expresidente, merecedora de terapia con el psicoanalista.
Sin embargo, los mal llamados falsos positivos no fueron cosa de “manzanas podridas” como insiste el relato uribista, con el que Tobón Sanín, como tal, no toma distancia, sino expresión directa de una medida devenida desde el poder ejecutivo, la directiva ministerial 029 de 2005, firmada por quien en ese entonces era ministro de defensa, Camilo Ospina Bernal, y que daba reconocimientos económicos a aquellas unidades que presentaran más capturas o bajas en combate.
Durante el mandato de Álvaro Uribe, como lo puso en evidencia la Jurisdicción Especial para la Paz, se perpetraron cerca de 6402 asesinatos de jóvenes empobrecidos
La justificación de la baja o captura era fácilmente demostrable al contar con el respaldo de quienes tuvieran mayor rango en el ejército:
“Documento oficial que ordene la operación de la unidad táctica y/o operativa y el informe de patrulla o de resultados. Puede ser reemplazado por un certificado firmado por el comandante de la respectiva unidad, donde de constancia de la realización de la operación, de los resultados obtenidos y de que esta se efectuó con fundamento en la información de inteligencia brindada por la fuente”.
De ese modo, de forma sistemática, durante el mandato de Álvaro Uribe, como lo puso en evidencia la Jurisdicción Especial para la Paz, se perpetraron cerca de 6402 asesinatos de jóvenes empobrecidos de poblaciones rurales y urbanas periféricas, que en realidad no pertenecían a ninguna insurgencia.
la responsabilidad política recae en Álvaro Uribe Vélez, al ser el mandatario y promotor ideológico y administrativo de la lógica de recompensas a civiles y militares
Cuando las madres de Soacha —uno de los municipios azotados por esta macabra práctica— empezaron a denunciar los asesinatos de sus hijos, Álvaro Uribe dijo ante la televisión nacional un 7 de octubre de 2008, “El Fiscal General de la Nación aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate, no fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde”.
Al respecto, un dato que vale la pena tener en cuenta: el Fiscal General era Mario Iguarán, llegó a tal cargo gracias a los recursos e influencia del paramilitarismo, según un cable de Wikileaks, y declaraciones del excabecilla paramilitar Salvatore Mancuso, del ex narcotraficante Jhony Cano, y del parapolítico Benito Osorio —designado por Uribe en 2009 como gobernador encargado de Córdoba—.
Así entonces, se podría sostener que, por lo menos, la responsabilidad política recae en Álvaro Uribe Vélez, al ser el mandatario y promotor ideológico y administrativo de la lógica de recompensas a civiles y militares, como parte de su política de “seguridad democrática” irradiadora de una satanización contra la izquierda, lo diferente y lo excluído; y al probablemente conocer esa directiva, cuya emisión tuvo copia a las Fuerzas Militares, distintas divisiones de la policía, el DAS, el mismo ejecutivo, entre otras.
no está de más recordar que el profesor influencer no ha abrazado tampoco otra postura, como la de “progresista” —que se distancia, en algún grado, de la noción de izquierda—, y que esta negación es frecuentemente usada por los “anti políticos” contemporáneos
Dicho eso, es evidente que Tobón Sanín, en caso de ver la película, no tendrá el mismo deseo de ver a Uribe acusado por la justicia. Tobón Sanín, quien ha venido insistiendo en una idea que de novedosa tiene poco, según la cual la izquierda y la derecha “no son más que señales de tránsito” y no sirven como coordenadas para entender, entre otras variables, la dinámica política.
Si bien es cierto que el tablero político es complejo, no está de más recordar que el profesor influencer no ha abrazado tampoco otra postura, como la de “progresista” —que se distancia, en algún grado, de la noción de izquierda—, y que esta negación es frecuentemente usada por los “anti políticos” contemporáneos, quienes persiguen los votos o los respaldos de sectores de ambos espectros políticos, cuando están en busca de algún cargo de elección popular, valiéndose del discurso “atrapatodo” de la anticorrupción.
Es muy bueno, y necesario, el recorderis de los crímenes de falsos positivos. Me permito adicionar que Uribe, además de ser su responsable político y administrativo, incurrió en una falta que bien podría ser penal: envilecer a las fuerzas armadas. Si bien desde los años 60 las FFAA traían un rayón en el cerebro como consecuencia del adoctrinamiento hecho por los EEUU y su escuela de las Américas, y efectuaron hechos atroces como el del Palacio de Justicia (Bogotá, noviembre de 1985), no fué sino a partir de Uribe cuando oficialmente y mediante instrucciones precisas, sus miembros empezaron a recibir pagos por entrega de muertos, pisoteando lo establecido en la Constitución, donde las FFAA tenían como deber el combatir (con medios legales) a la insurgencia. De ahí a matar a cualquier persona y cobrar por ella, no hay sino un paso.