En la última semana de noviembre muchas personas compartieron por sus redes sociales el agradecimiento que el director de la DIAN les envió al correo electrónico luego del pago de impuestos. El mensaje contenía la explicación sobre la destinación específica del pago como medida para legitimar una cultura tributaria honesta y solidaria en el país.
El mensaje contenía la explicación sobre la destinación específica del pago como medida para legitimar una cultura tributaria honesta y solidaria en el país.
Si bien fue una acción razonable y aplaudible, muy poca gente llamó la atención sobre el hecho de que buena parte de nuestros impuestos en Colombia se van al pago de la deuda pública (que es el genérico en donde se engloba la deuda multilateral-externa, bilateral, comercial e interna) y no hacia la garantía de derechos humanos, a propósito del carácter social de nuestro Estado de derecho según la Constitución de 1991.
Autores como Jhon Fredy Gómez y Camila Galindo le llaman a esto la «deudocracia colombiana». La nuestra es una economía periférica y dependiente de —lo que Wallerstein denomina— las economías del «centro del sistema mundo», como lo son hoy Estados Unidos, la Unión Europea y, cada vez más, China.
Esa dependencia tiene múltiples expresiones, la más evidente puede ser nuestra matriz exportadora basada sobre todo en combustibles fósiles, pero también la deuda
Esa dependencia tiene múltiples expresiones, la más evidente puede ser nuestra matriz exportadora basada sobre todo en combustibles fósiles, pero también la deuda, debido a que está atada al sistema financiero internacional y a instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco de Desarrollo de América(CAF); o focos del poder mundial como Wall Street.
Las deudas públicas son instrumentos de disciplinamiento de pueblos como el nuestro ante los poderes financieros mundiales. Es, precisamente, por cumplir con el dogma neoliberal que atraviesa nuestras instituciones que las deudas públicas se traducen en políticas estructurales como la regla fiscal, el marco fiscal de mediano plazo y el superávit primario, que en Colombia se ha condicionado el Presupuesto General de la Nación al pago de esta odiosa exigencia por encima de la garantía de los derechos humanos de la ciudadanía.
Ese dogma tiene que ver también con posiciones mainstream del desarrollo económico como las de Paul Samuelson, Walt Rostow y Paul Rosentein-Rodan, basadas en evidencias que no tienen en cuenta las situaciones de dependencia que han configurado la posición de países como Colombia y que parten del supuesto que el endeudamiento y la inversión extranjera fortalecen las economías nacionales. De hecho, son investigaciones que fueron financiadas, en muchos casos, por las mismas instituciones multilaterales que nos han endeudado.
¿Quiénes son los acreedores de nuestra deuda?
en la práctica llevó a que pagáramos con nuestros impuestos los bonos que estos dineros criminales adquirieron en disposición del saneamiento/blanqueamiento que el gobierno de Cesar Gaviria permitió.
El profesor Jairo Estrada explica como la Ley 49 de 1990, en el marco del Consenso de Washington, fue la primera reforma tributaria posterior a la Constitución de 1991 que, con otras disposiciones estructurales paralelas —como la ya conocida autonomía del Banco de la República—, estableció incentivos a la inversión extranjera y estimuló la repatriación de capitales del narcotráfico, fortaleciendo el mercado accionario nacional y permitiéndoles a estos dineros de la mafia adquirir la deuda externa que se convirtió en deuda interna, lo que en la práctica llevó a que pagáramos con nuestros impuestos los bonos que estos dineros criminales adquirieron en disposición del saneamiento/blanqueamiento que el gobierno de Cesar Gaviria permitió.
Es interesante ver como Eric Toussaint explica que la combinación de endeudamiento y libre comercio son el factor fundamental de subordinación de los países que, como Colombia, hacen parte de la periferia. Después de tres décadas de la apertura económica que impulsó Cesar Gaviria de la mano de Rudolf Holmes, su Ministro de Hacienda, tenemos suficiente evidencia que demuestra, precisamente, el punto de Toussaint aplicado a la situación de nuestro país.
cuya iniciativa no solo respondía a las exigencias del Fondo sino a intereses muy específicos como los de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo— reestructuraron las finanzas del Estado Colombiano en función del pago de la deuda.
Fue también en el marco del Acuerdo extendido que firmó el gobierno colombiano con el FMI en los años 90s, que se hizo toda la transformación del sistema de seguridad social, en donde la privatización de los fondos de pensiones —cuya iniciativa no solo respondía a las exigencias del Fondo sino a intereses muy específicos como los de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo— reestructuraron las finanzas del Estado Colombiano en función del pago de la deuda.
Hoy los fondos PORVENIR y PROTECCIÓN, del Grupo Empresarial Antioqueño y el Grupo Aval de Sarmiento Angulo, son un duopolio en el mercado de pensiones que usa el dinero del ahorro de los trabajadores para comprar títulos de deuda pública, a muy favorables tasas de interés, y utiliza ese dinero —de nuestros impuestos y nuestro trabajo— para seguir acumulando riqueza en contravía del bienestar general de la ciudadanía y sus derechos.
¿Qué hacer con nuestra deuda? ¿Pagarla?
En 1927 Alexander Sack, un conservador de derecha que apoyaba el régimen zarista en Rusia, desarrolló la doctrina jurídica de la deuda odiosa que cumple dos principios esenciales: la deuda fue contraída para satisfacer el interés personal de dirigentes o personas cercanas al poder; y los acreedores sabían o tenían forma de saber que los recursos prestados no beneficiarían a la población.
Se ha dicho que la suspensión del pago de la deuda pública generaría consecuencias económicas desastrosas para países como el nuestro, pero suspensiones como la rusa de 1998, la Argentina del 2001 o la de Ecuador del 2008, han demostrado que ese dogma repetido hasta el cansancio no es necesariamente cierto.
Lo que normalmente ocurre cuando un país de la periferia decide, de manera soberana, no pagar su deuda pública para priorizar los derechos de su gente, es que se liberan recursos para el pago de esa deuda social
Lo que normalmente ocurre cuando un país de la periferia decide, de manera soberana, no pagar su deuda pública para priorizar los derechos de su gente, es que se liberan recursos para el pago de esa deuda social, lo que contribuye a la dinamización de la productividad económica.
Pero si la opción del no pago de la deuda pública es “demasiado radical” para el gobierno de Gustavo Petro, siempre está la posibilidad de seguir la recomendación de los movimientos sociales y populares alrededor del mundo en el propósito común de hacerle frente a esa herramienta de sometimiento de los pueblos dispuesta por los dueños del sistema financiero internacional.
¿En qué consiste la recomendación? Se trata de presionar por una auditoría ciudadana a la deuda externa e interna para examinar con lupa los orígenes de las mismas, y revisar qué porcentaje de la deuda es odiosa o ilegal, y así tener herramientas jurídicas suficientes para alegar las razones para no pagarla.
