La falta de planeación rigurosa ocasiona estragos en la comunidad josefina

San José de Suaita es, seguramente, un lugar del cual pocos colombianos han escuchado alguna vez en su vida, siendo un corregimiento del municipio de Suaita, al sur del departamento de Santander, está ubicado sobre la cordillera oriental, a 240 kilómetros de Bogotá, hace parte de la hoya del río Suárez y durante una parte del siglo XX fue un referente de industrialización del país, pues albergó la fábrica de hilados y tejidos «San José de Suaita», un complejo agroindustrial creado en 1908 por la familia Caballero Barrera, hasta convertirse en la principal industria textil del país y un importante motor económico de la región. San José es un lugar ideal para el descanso, alejado del ritmo desenfrenado de la ciudad, con calles empedradas, casas muy bien conservadas y con una amabilidad desbordante entre sus habitantes, su principal atractivo turístico es la cascada de Los Caballeros, una caída de agua de cerca de 100 metros, con una piscina natural, que resulta un lugar estupendo para visitar y pasar un rato agradable.

Foto: Cascada de los caballeros. Tomada de internet.

Hacer un barrido por la historia de San José de Suaita, es hacer un barrido por algunos de los factores determinantes en la ruralidad colombiana, pues en ella se encontrará desde el fenómeno del latifundio que se consolidó junto con la conformación de la República, el desarrollo de la violencia entre liberales y conservadores a mediados del siglo XX, el declive de la industria nacional bajo la inoperancia de los diferentes gobiernos de turno, el éxodo de cientos de jóvenes hacia las ciudades principales e intermedias en busca de “nuevas alternativas”, configurando poco a poco un corregimiento envejecido, la continua potrerización de grandes extensiones de tierra, la deforestación exacerbada en zonas de reserva, una ganadería ineficiente bajo un uso intensivo del suelo, la pérdida de la soberanía alimentaria, el debilitamiento progresivo del agro, en particular, desde la década de los noventa tras la caída del pacto cafetero y, más recientemente, la consolidación del turismo como una alternativa económica para algunos pocos, alimentando una economía especulativa.

Sin embargo, el presente artículo no busca hacer un barrido por la historia de San José, busca analizar las consecuencias de una reciente medida adoptada por la administración municipal, en cabeza del alcalde Heber Suárez, asumiendo el cierre de la única vía carreteable de ingreso y salida al corregimiento, por la que transitan las comunidades de Suaita, La Vega, San José, La Curva, San Antonio, entre otras, hasta llegar al municipio de Guadalupe, un cierre vial en plena víspera decembrina, cuando cientos de familias y conocidos aspiran a compartir las festividades y la temporada vacacional con sus seres queridos. A continuación, se analizará la situación someramente con un poco más de profundidad.

En primera instancia hay que recordar que las vías terciarias no son un tema de poca monta en la apuesta por lograr un verdadero desarrollo rural en Colombia. Representan el 69 % de toda la red de carreteras del país, con aproximadamente 142.284 kilómetros, también vale la pena recordar que el 65% de las vías terciarias se encuentran en regular o mal estado y San José no es la excepción en tal problema. Mejorar las vías de comunicación es una tarea necesaria para reducir las enormes brechas entre campos y ciudades, para permitir que las y los campesinos asuman un papel protagónico en la vida nacional, visibilizar los problemas de aquella Colombia profunda y olvidada.

En segunda instancia la comunidad josefina no está en desacuerdo con realizar la obra, sino en la temporada del año en que se va a realizar y sin haber adelantado de manera previa un plan de contingencia sensato y serio por parte de la administración municipal. La obra en cuestión se refiere al “Mejoramiento de las vías urbanas en la cra 8 entre cll 5 y 6 y la cra 5 entre calle 6ª y diagonal 3 del municipio de Suaita”, contrato de obra pública N°161 de 2019, por un monto de $813.360.129, firmado el 30 de septiembre del presente año, con un plazo de ejecución de tres meses.

El contrato fue firmado entre el alcalde municipal y Nelson Raúl Triana Cárdenas, representante legal de la Unión Temporal Vías Terciarias, consorcio con el que la administración municipal ya ha celebrado contratos previos, uno de ellos en el mes de julio de este año por un poco más de setecientos millones de pesos. Valdría la pena hacer veeduría al cumplimiento de dichos contratos y la forma de adjudicación de los mismos, pues no son montos nada despreciables dentro de las finanzas municipales.

El descontento en la comunidad es evidente, la obra implicó el cierre de la única vía de ingreso carreteable al corregimiento desde el 18 de diciembre y aunque se dice que las obras terminarán el 31de diciembre, la desconfianza en el cumplimiento de las fechas es manifiesta. De acuerdo con versiones de la comunidad, la obra no realizó los ejercicios de socialización correspondientes, al menos no en los tiempos estipulados en la norma, en tanto no se realizaron las medidas de mitigación ante los impactos generados por el cierre vial, pues la vía “alterna” es una trocha que en tramos se hace intransitable, razón por la que muchos visitantes desistirán de entrar al corregimiento en la temporada decembrina.

Foto: Obras de contrato N°161 de 2019. Que se deben culminar el 30 de diciembre de 2019.

En tercera instancia, los afectados por el cierre vial no son únicamente las familias que no se podrán reunir durante este cierre de año, son las implicaciones económicas para los productores de la región, quienes ya están dudando en sacar algunos productos de sus fincas, pues los costos de transporte para llevarlos por la vía alterna son mayores, reduciendo el margen de ganancia en la cosecha, que de por sí, ya es bastante bajo. Por una canastilla de naranja los compradores pagan aproximadamente $5.000 (sí la compran) y por una de mandarina entre $15.000 y $18.000, es decir, pagan aproximadamente a $700 el kilogramo.

En cuarta instancia, pese al descontento generalizado que la medida generó vale la pena analizar la falta de capacidad organizativa de la comunidad para presionar alternativas hacia las entidades o instancias correspondientes. Un fenómeno que se ha generalizado cada vez más en algunas comunidades rurales, denotando una perdida de tejido comunal y un velo de resignación, soportado en: “solo queda esperar que cumplan y que no se roben el dinero”. En el caso de San José la comunidad lleva un par de años asumiendo con cierta resignación medidas lesivas hacia el corregimiento, como quitar el único matadero existente, inclusive, el mismo municipio a hoy no cuenta con matadero y pesé a ser un municipio productor de carne, deber enviar el ganado fuera para que sea sacrificado y ahí sí comprar nuevamente la carne; el no contar con un médico o ambulancia permanente en el puesto de salud; la explotación de recursos naturales por privados, sin ningún tipo de tasa compensatoria para el municipio o; la falta de apoyo para el desarrollo agropecuario en la región, entre otras.

El quinto aspecto a analizar es la fragilidad que le significa a una economía soportarse fundamentalmente en el turismo, pues la historia da cuenta que, ante eventuales crisis, el turismo es uno de los primeros renglones que se ve sacrificado. En ese orden de ideas, comerciantes, transportadores, restaurantes y demás sectores fundados en la economía de servicios no tendrán el mejor cierre de año en San José. Vale la pena mencionar lo interesante que sería desarrollar en la región una apuesta ecoturística amplia, sostenible, sustentable e integradora, que le represente un crecimiento social y económico al corregimiento y, por conexidad, al municipio, y no a un par de privados que en la actualidad se están llevando la mayor parte del pastel, dejando solo la carga negativa al pueblo.

Como penúltimo punto, se debe decir que la reivindicación de los ejercicios de planeación con enfoque territorial no aplica solo para las zonas de conflicto armado, debe ser una apuesta de todos los territorios de la geografía nacional. El alcalde municipal parece desconocer o no importarle la realidad del corregimiento más grande de su jurisdicción, pues un mandatario comprometido con el bienestar de su comunidad, buscaría alternativas reales en miras a mitigar los impactos negativos que una obra de este tipo pueda generar, algo que evidentemente no pasó. Planear con enfoque territorial implica también contratar profesionales idóneos, con empatía hacia las comunidades y no como el ingeniero de obra que, bajo un tono de superioridad, me respondió en días anteriores “meto la hijueputa maquina y que se quede el pueblo incomunicado”, una respuesta que a todas luces denota desidia y falta de compromiso social.

Para cerrar, no dejan de llamar la atención los recurrentes contratos celebrados entre la administración municipal y la “Cooperativa de Transportadores del Saravita Ltda”, por objetos como el suministro del combustible para la maquinaria del municipio, entre ellos: uno por $234.358.000 en marzo del 2019, ¿Será que el municipio no tiene la capacidad de proveer el combustible para su propio parque automotor, a tal punto que se debe comprar por fuera?; otro punto que genera cuestionamiento es el alquiler de una camioneta para el traslado del alcalde y funcionarios de la alcaldía, por un monto de $76.699.997 con la misma empresa. Tampoco dejan de llamar la atención los reiterados contratos con Jorge Leonardo Basto Anaya, en temas referentes a manejo adecuación de vías y obras de infraestructura, con quien en solo dos contratos ascendió a un poco más de seiscientos millones de pesos. Son simplemente temas que llaman la atención y de los cuales se encuentra la información fácilmente en la página del SECOP.

Como cereza del pastel y aprovechando que es temporada decembrina y se pueden pedir algunos deseos, aprovecharé y pediré dos: 1) ojalá que al menos una parte de los cien millones de pesos que la administración municipal ha destinado para la celebración del cierre de año, con el contrato 189 de 2019, incluyan a las comunidades agraviadas por la decisión del cierre de la vía, como una medida mínima de compensación por las pérdidas económicas que esto les va a significar; 2) ojalá me tenga que tragar mis palabras y el 31 de diciembre la vía esté habilitada para el tránsito vehicular y la obra concluida, así el daño ya se haya hecho, pues la mayoría de visitantes entran al corregimiento históricamente sobre el 28 de diciembre.

Lamentablemente la falta de ejercicios de planeación rigurosa no es un tema exclusivo de Suaita, es un fenómeno más común de lo pensado, incluso en las ciudades capitales, dejando nefastas consecuencias a las comunidades y llevando en ocasiones a detrimentos patrimoniales millonarios, en tanto se juega con las ilusiones y expectativas de los pueblos que añoran a mejorar sus condiciones de vida.

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