Colombia, 27 de diciembre de 2021.
El Congreso de la República aprobó la Ley de Seguridad ciudadana, para entender de qué se trata y cuáles son sus alcances, les compartimos algunas claves:
– La ley de seguridad ciudadana es una reforma de la ley anterior (Ley 1453 de 2011). Fue radicada por el gobierno nacional y su aprobación fue por medio de «sesión extraordinaria», buscando eludir el control político y ciudadano.
– Las organizaciones de derechos humanos la han criticado porque la ley tal y como propone la «legítima defensa», legalizaría la actuación de «la gente de bien» que disparó y agredió a manifestantes en el marco del pasado Estallido Social contra el No Futuro.
– Con la ley se aumentarían las penas de personas que sean detenidas en medio de protestas sociales y hayan participado en el cierre temporal de vías de transporte o hayan hecho uso de la acción directa para defenderse o enfrentar ataques de la Fuerza Pública. En otras palabras, se trata de la plena criminalización de acciones como las realizadas por las primeras líneas en el marco del paro nacional, que con escudos hechizos se enfrentaron al armamento del Escuadrón Móvil Antidisturbios.
– La interpretación de la ley podría legitimar: 1. El uso de armas letales así como el uso de armas de baja letalidad no solo por parte de la Fuerza Pública, sino también de particulares; 2. Las judicializaciones masivas y arbitrarias.
– La ley criminaliza el uso de máscaras en medio de la protesta social, y de capuchas. Cabe recordar que en muchos casos quienes se movilizan usan máscaras en actos performativos, o se ven en la obligación de cubrir nariz y boca para disminuir los efectos de los gases lacrimógenos, o que en otros casos se cubren el rostro como forma de protección ante la fabricación de posibles falsos positivos judiciales o para eludir la persecución paraestatal.
– La puesta en marcha de la ley podría impedir el trabajo de las organizaciones de derechos humanos a la hora de defender los derechos de la ciudadanía movilizada ante la arbitrariedad y la brutalidad policial. La figura que se usaría sería la de impedir «la obstrucción a la función pública».
– Con la entrega de personas retenidas para que les hagan custodia y vigilancia entidades privadas, se da vía libre para el encarcelamiento por parte de privados, tal y como sucede en los Estados Unidos por ejemplo, en donde el encarcelamiento se ha convertido en un negocio que persigue a personas pobres y racializadas.
– Con la interpretación de la ley, «El traslado por protección», una medida que aplica la fuerza pública para restringir temporalmente la libertad de una persona, la policía podría incrementar su accionar arbitrario al restringir de su libertad a toda persona que increpe por ejemplo un abuso de autoridad. Además la ley le dará nuevos beneficios a la policía pese a los llamados a reformar su doctrina debido a su forma de actuar en muchos casos arbitraria, clasista, racista, xenofoba, machista, homofóba y transfóbica.
– La ley promueve el aumento de penas y la lógica de criminalización mientras deja de lado que un aumento de penas no reduce la criminalidad sino solo el hacinamiento en las carceles.
En resumidas cuentas se trata de una ley de represión ciudadana.
