Thomas Hobbes, un pilar de la ciencia política, revolucionó el concepto de soberanía al alejarlo de la esfera divina o sobrenatural, argumentando que reside en la voluntad colectiva de los individuos que conforman la nación y dan vida al Leviatán. La obra de Hobbes, inspirada en parte por la convulsa Guerra de los Treinta Años en Inglaterra —que también inspiraría obras como Juego de Tronos—, propone una visión del orden político anclada no en las estructuras institucionales, sean republicanas o monárquicas, ni en dogmas religiosos, sino en el pueblo inglés y su sentido político.
Hobbes, a pesar de sus simpatías ideológicas por la monarquía, se centra en la esencia del orden político: la comunidad. La soberanía, desde su perspectiva hasta la actualidad, se fundamenta en la gente, en nosotros, en la sociedad en su conjunto, incluido el presidente de la república. Nosotros otorgamos al Leviatán —el Estado— el monopolio de la fuerza, basando ese poder en el consentimiento colectivo y no en quienes ocupan temporalmente sus instituciones.
Este principio subraya que las instituciones deben ser no solo legales sino legítimas, con la legitimidad y la estructura estatal, entendidas como constructos sociales sujetas a las dinámicas cambiantes del poder. La legitimidad confiere a las instituciones su aceptación por la mayoría, delineando lo que es permitido o prohibido en la convivencia colectiva.
De esta manera, la democracia, pilar de la Constitución de 1991, trasciende las simplificaciones del discurso mediático y político predominante que la reduce a mero acto electoral. La democracia, en su esencia, va más allá del procedimiento de votación, incluyendo a aquellos excluidos por las élites que monopolizan el Leviatán para su beneficio.
Cornelius Castoriadis distingue entre democracia como procedimiento y como régimen, resaltando la importancia de la participación activa y crítica en el espacio público. Más allá, la noción de democracia sustantiva reconoce las desigualdades materiales, aspirando a un sistema que garantice justicia social y bienestar para todos, es decir los fundamentos de su verdadero propósito político.
Gustavo Petro asciende a la presidencia en un momento de cuestionamiento profundo del Leviatán colombiano, impulsado por el clamor popular por un Estado que sirva a las mayorías. Este movimiento legítimo emerge en un contexto en el que las élites tradicionales ya no pueden esconderse tras el conflicto armado para justificar la desigualdad y la violencia.
Petro consciente de que su posición no le otorga poder absoluto, insiste en que el poder en Colombia sigue siendo objeto de disputa. Los sectores dominantes —cacaos, narcos, terratenientes, familias tradicionales— continúan oponiéndose a un proyecto político que busca devolverle sentido y legitimidad al Estado, alineándolo con las demandas de justicia social y bienestar general.
La contienda actual, especialmente en torno a la elección de la nueva Fiscal General, no es solo una lucha por el control del Leviatán, sino una confrontación entre las élites que resisten cualquier cambio y las mayorías que exigen un cumplimiento tanto de los procedimientos legales como de la promesa democrática sustantiva.
Las críticas al gobierno que abogan por un respeto a las instituciones esconden hipócritamente un rechazo a la posibilidad de un Leviatán legítimamente democrático. Bajo el liderazgo de Petro y el Pacto Histórico, el intento de reconstruir el Estado según las demandas populares amenaza con disolver los privilegios tradicionales en favor de una democracia sustantiva y justa para todos. Esa es la verdadera discusión.
