“Por la defensa de la vida, del territorio, la democracia, la justicia y la paz”.
Con la participación de más de 20.000 indígenas de diferentes etnias, transcurren 15 días de paro indígena y campesino, en protestas por los incumplimientos históricos de varios gobiernos frente a las exigencias de comunidades originarias del territorio colombiano, y en especial, de aquellas que habitan en el suroccidente del país.
Contexto:
En el país hay entre 500 y 600 mil indígenas distribuidos/as en 81 etnias con 64 lenguas diferentes (DANE, 2010). El grupo mayoritario es el pueblo Paez o Nasa, con alrededor de 100 mil miembros. Precisamente, la unión entre estos con los Yanaconas, Guambianos y Nasa dio lugar al nacimiento del CRIC (Concejo Regional Indígena del Cauca), en 1971 bajo los principios de territorio, autonomía y cultura (CRIC, 2016). La población indígena representa el 1.5% de la población del país y es bastante diversa en materia cultural y sumamente dispersa producto de la geografía del país, marcando, de entrada, relaciones conflictivas con el gobierno nacional (DANE, 2010).
En ese sentido, se pueden identificar tres periodos en la relación Estado-Comunidades indígenas:
1) Periodo fugaz, producto de la guerra de independencia. Se reconocieron formalmente algunos derechos como la vida en comunidad.
2) Entre mediados del siglo XIX y XX, se caracterizó por una agresiva política desde el gobierno central contra las tierras comunales indígenas.
3) Años sesenta, unión de movimientos campesino e indígenas. La política agraria en 1961 se propuso crear nuevas condiciones en el campo a través de la Ley de Reforma Agraria y la creación el INCORA, con el propósito de modificar la concentración de la tierra en el país.
A través de la Ley 135 de 1961 (Ley de Reforma Agraria) se inicia el reconocimiento legal de tierras a grupos indígenas. Antes, existía el viejo régimen colonial de tierras denominados “resguardos de indios” con alrededor de 400 mil hectáreas para 150 mil personas (Banrep, 2017). La figura jurídica de las “reservas” asumía un rol intermedio entre el resguardo como propiedad de un grupo social y la ausencia de reconocimiento legal. Bajo esta figura se crearon 158 unidades territoriales sobre un área de 12 millones de kilómetros, que en su mayoría se encuentran fuera de la frontera agrícola siendo estratégicos para el cuidado y preservación del medio ambiente, gran parte en la amazonia y provenientes del régimen de baldíos de la nación (Bocarejo, 2011).
En el Cauca, la concentración de tierra por parte de empresas y particulares, impidió el éxito de esta estrategia. Así, el régimen de dotación de tierras solo fue efectivo en regiones periféricas y con baja densidad de población indígena. (Escobar, 2014). A partir de 1980 se evidencia la consolidación progresiva de un entendimiento estatal indigenista aceptando los derechos especiales para los pueblos indígenas, en especial en materia de dotación de tierras, educación y programas de atención en salud.
No obstante, hay dos grandes problemas que se siguen prolongando hasta el día de hoy:
1) La negación de la capacidad de decisión de las comunidades indígenas sobre estos territorios y la falta de soluciones para la colonización de campesinos sin tierra.
2) Las dinámicas del conflicto han pauperizado las condiciones de vida de la población indígena.
Frente al reconocimiento de las dinámicas culturales indígenas y no indígenas, es aún poco lo que la política pública oficial ha logrado.
En consecuencia, lo fundamental ha sido ganar terreno en dos elementos políticos fundamentales gracias a la Constitución de 1991:
•Por un lado, la posibilidad de reconocer y aceptar la existencia de diversidad cultural dentro del Estado colombiano.
•Por otro, el reconocimiento, si bien aún demasiado general, de territorios indígenas. De ahí la importancia del reconocimiento del Estado como un Estado pluricultural y multiétnico, y la adopción de normas que consagran derechos particulares de las comunidades indígenas.
Puntos de controversia
1) Derecho a la tierra y al gobierno autónomo, una deuda histórica.
Iniciemos con algunos datos. De los suelos netamente agrícolas, que son 11,3 millones de hectáreas, solo se usa el 35 % porque de 114 millones de hectáreas con las que cuenta el país, 26 millones tienen posibilidades para la producción agrícola, pecuaria y forestal, y solo se produce en 6,3 millones de hectáreas (24,2 %) (El tiempo, 2016).
La disputa tiene como centro neurálgico el hecho de que, a pesar del avance en el reconocimiento de tierras comunales, la mayoría se encuentra en regiones periféricas del país porque principalmente las mejores tierras, están en manos de grandes terratenientes, o en manos de emporios empresariales primordialmente en la región Andina, y en el Pacifico. En la Costa Caribe el principal uso que se le da a la tierra es para ganadería.
La tierra de las comunidades indígenas se encuentra principalmente en zonas subdesarrolladas y bajo el poder de grupos al margen de la ley, donde el cultivo de coca y la facilidad de tráfico por la dificultad en su control, los ponen en una situación de vulnerabilidad en relación con diferentes grupos armados que operan, principalmente en el sur del país. Sumándole a lo anterior que estos territorios no se encuentran titulados ni cuentan con muchos recursos legales para su protección. Por tal razón, el despojo de tierras se ha vuelto una práctica común entre empresarios y grupos armados (Ideaspaz, 2014).
2) Petición de autonomía para dialogar de gobierno a gobierno y no entre gobierno y minoría.
La Constitución colombiana en su artículo 286 señala que las entidades territoriales se encuentran divididas en: departamentos, municipios, distritos especiales y territorios indígenas. Así pues, bajo la premisa de descentralización que se encuentra en la Constitución del 91, se abre una nueva etapa de discusión sobre la posibilidad de habilitar nuevos espacios dentro de los territorios ya existentes bajo el régimen de figuras político administrativas. Las comunidades indígenas exigen tener sus propias autoridades en estos municipios donde se encuentran sus resguardos, no que haya una jerarquía entre autoridades (1 Alcalde, 2 líder indígena) sino que sean ellos mismo quienes gobiernen sus territorios en el sentido más amplio de la palabra.
En ningún momento se está hablando de una cesión de soberanía por parte del Estado, al contrario, debería concebirse como una forma de propiciar la descentralización como escenario para la mejor gestión de los asuntos e intereses de estas comunidades en un escenario de tránsito hacia la paz. Esta situación abre por lo menos un gran debate:
1) ¿Qué tan flexible es la normatividad colombiana para adaptarse a los factores reales de cambio? El artículo 286, el artículo 320 de la Constitución, y en general la LOOT (Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial), dejan la puerta abierta para que se dé el debate sobre la forma de concebir las unidades territoriales para una mejor gestión estatal.
2) Ahora, lo que no está muy claro es la voluntad política que haya para su realización. Un gobierno deslegitimado y con serios problemas de gobernabilidad, de seguro no hará mayor intento por plantear estos debates políticos, jurídicos y técnicos, más allá de aprovecharlos políticamente para mantener a su audiencia satisfecha.
3) Plan Nacional de Desarrollo
El Plan Nacional de Desarrollo, hoja de ruta del gobierno en materia de planes de acción y presupuesto en los próximos 4 años, desestima los reclamos hechos durante décadas por parte de los pueblos originarios, teniendo un enfoque que parte del desconocimiento y que raya en lo grosero. La estrategia es únicamente entregar dinero, alimentando el imaginario colectivo de que los indígenas solo piden plata. Al contrario, se trata de abrir la discusión sobre las formas de gestión del territorio, priorizar necesidades y, de manera conjunta, concebir planes de acción e intervención para mejorar la calidad de vida de estas personas sin reñir con sus cosmovisiones y cultura. Es necesario un enfoque de multietnicidad más que de conflicto, que abogue por la co-creación en la solución a sus problemas.
A propósito, durante el mes de enero se realizó un espacio de concertación con un nutrido número de grupos indígenas, con el fin de conocer sus demandas e integrarles al capítulo indígena del PND. Esta mesa de concertación se logró gracias al Decreto 1811 del 7 de noviembre del 2017, como producto de una anterior minga. Como resultado se extrajeron 281 acuerdos en 6 ejes (ONIC, 2019). No obstante, los líderes han denunciado la ausencia de algunos acuerdos en el documento base y el articulado del DNP (CRIC, 2019). Los indígenas han atendido el llamado del gobierno nacional, se han sentado a negociar gracias a un mecanismo alcanzado en el proceso de lucha (mesas de concertación) pero, en la práctica se replican las dinámicas y problemas mencionados en el párrafo inmediatamente anterior.
4) Consulta sobre el medio ambiente y el territorio.
Durante este gobierno, al igual que en los anteriores, la explotación de recursos minero energéticos va a tener un papel relevante dentro de las finanzas públicas, recursos con los cuales el Estado intentará subsanar su déficit fiscal. Sin embargo, muchos de los proyectos que se quieren concesionar se encuentran en zonas que son trascendentalmente importantes en lo simbólico, en lo ambiental y en lo religioso para estas comunidades (Friede, 1976). Por tanto, aunque el subsuelo sea del Estado y este a la vez seamos todos, debe haber matices y uno de esos matices a propósito lo dio la Corte Constitucional al decir que se debe primar el derecho a la consulta previa con las comunidades indígenas (Sentencia SU123/18).
Es así, que en ningún momento se cierra la puerta de tajo al desarrollo económico del país, sino que se amplía el ejercicio de participación de las comunidades directamente afectadas. Un gobierno en Bogotá a través de una oficina no puede tomar decisiones a diestra y siniestra sin entender las particularidades de los territorios.
Para demostrar que el ejercicio de las consultas previas no son un lastre para el desarrollo económico presento el siguiente dato.
En el 2013 por ejemplo, se expidieron 2119 certificaciones, de las cuales el 31% fueron del sector Minero. De total de las certificaciones, 278 registraron presencia de comunidades étnicas y en dicho grupo 56 pertenecen al sector minero. En el mismo año, se protocolizaron acuerdos con 580 comunidades étnicas, de las cuales el 22% pertenecían igualmente a este sector (MinInt, 2014).
No obstante, se hace necesario el ejercicio más aun cuando la larga tradición de legitimación forzada por parte de multinacionales se ha vuelto recurrente. Tomar a un individuo que no representa a la comunidad y transar con él. De no ser necesario, Colombia no tendría uno de los índices más altos en número de conflictos socio ambientales. Para el año 2015 ocupó el primer lugar en Latinoamérica y actualmente se encuentra en el tercer puesto. Que la defensa del territorio no le cueste la vida a líderes indígenas ni campesinos (OCA, 2015).
5) Conflicto armado, respeto por los acuerdos de la Habana y violencia contra líderes sociales.
Las objeciones de Duque a la JEP, columna vertebral y piedra angular del acuerdo de paz con las FARC, generan incertidumbre entre los habitantes que históricamente más han sufrido el flagelo del conflicto armado y en cuyos territorios se vivió con mayor crudeza. Independientemente de las resoluciones jurídicas a las que haya lugar en materia penal y a nivel internacional, lo cierto es que las comunidades indígenas en el Cauca han visto una relativa mejora en sus condiciones de seguridad luego de la dejación de armas; esto pese a la incertidumbre dentro de los diferentes grupos que aun operan en la zona genera. El ELN, no confía en el gobierno y no existe por lo menos en el corto plazo voluntad de negociación, las fuerzas de tarea y los equipos de las FF.MM que han entrado a operar a la zona vienen, en su gran mayoría, de la tradición antisubversiva, lo cual propicia escenarios de vulneración de derechos a estas comunidades, generando mal entendidos y riñas entre la estatalidad nacional y el orden indígena tradicional (Semana, 2019).
En el Cauca se registra el 30 % de asesinatos a líderes sociales (Defensoría, 2018) por tal razón es necesario garantizar la vida en comunidad no solo de los pueblos originarios, sino de todos los habitantes de Caloto, Toribio, Caldono, Cajibio, territorios que más han sufrido por el conflicto.
En síntesis, esta minga no debe interpretarse como un desafío a la institucionalidad ni a un presidente en particular, al contrario, es la oportunidad para exigir el cumplimento de prerrogativas que se han discutido por años. Es resarcimiento histórico, es la posibilidad de plantear debates incómodos, es el escenario para mejorar los canales de participación y, sobre todo, para mejorar la vida de los y las habitantes del sur del país.
Publicado el 31 de marzo de 2019
Referencias
Bocarejo, D. (2011). Dos paradojas del multiculturalismo colombiano: la especialización de la diferencia indígena y su aislamiento político. Revista Colombiana de Antropología, 47(2).
Escobar, A. (2014). Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia. Medellín: Ediciones UNAULA.
Friede, J. (1976). El indio en lucha por la tierra (No. HD1265. C6. F74 1976.). Bogotá: Punta de Lanza.
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@Diganmecristian | Cristian Sneyder Rodríguez Aguilar, estudiante de 7° semestre de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Sergio Arboleda, líder social, político y juvenil, miembro de varios procesos sociales en Soacha y Bogotá.
