Hay tres planos en los que se está desenvolviendo la crisis que actualmente atraviesa el gobierno progresista: el político, el institucional y el de la gobernabilidad. De las relaciones de fuerzas que entre estos tres campos se desarrollen dependerá el futuro del gobierno progresista de Petro y Márquez. Advierto de entrada que la paranoia por el advenimiento de un golpe militar o institucional es una victoria temprana de los sectores que apuestan por el fracaso de este gobierno, porque obligan al gobierno y a sus partidarios a atrincherarse, a ponerse a la defensiva, redirige la iniciativa del gobierno y la ejecución a la defensa y auto legitimación y cuando se está en esa posición los errores son más frecuentes y estruendosos. Esto no lo digo para quitarle importancia a la posibilidad de que se produzca una salida extrainstitucional tipo golpe blando-institucional o golpe bonapartista clásico, que efectivamente existe y es muy grave, sino para evitar el efecto supremamente nocivo de encerrarse en la propia defensa y renunciar a gobernar, que en una situación política como esta suele ser una forma de acelerar y no de detener los intentos de golpe, una especie de profecía autocumplida.
La crisis política
En el plano político es posible distinguir tres actores que configuran la crisis, la de los golpistas, pequeña por ahora pero ruidosa, en la que podemos encontrar al sector más trumpista del Centro Democrático con Cabal y Rafael Nieto a la cabeza, esta postura tiene como brazo mediático a la revista Semana y el grupo RCN, cuenta con importantes apoyos regionales como el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín y podría ganar el respaldo de sectores medios de las fuerzas militares activas y en reserva, adicionalmente podría tener la posibilidad de movilizar una base social derechizada en varias regiones del país.
De otro lado, tenemos al sector más grande y peligroso, el de las élites tradicionales, dispuestas, por ahora, a que el gobierno culmine su periodo constitucional pero jugadas a fondo en que no pueda concretar el programa de gobierno que ganó las elecciones, esa fracción de las clases dominantes siempre ha visto al gobierno de Petro como una oportunidad de reforzar y legitimar el sistema, de ahí la famosa explosión controlada de la que hablaba Alejandro Gaviria, los argumentarios de esta corriente se enmarcan en “construir sobre los construido” y de creerse la única dueña del conocimiento técnico sobre el funcionamiento del estado. Este segmento del espectro político adelanta una labor de zapa al gobierno desde dentro y fuera del Pacto Histórico, aquí encontramos a todos los partidos otrora santistas: Conservador, Liberal, Cambio Radical, partido de La U, un sector importante de la Alianza Verde, a la mayoría de los grupos empresariales, adicionalmente hay que señalar que esta posición cuenta con un ecosistema mediático robusto a su favor: El Tiempo, Caracol radio y televisión, Blu, La Silla Vacía, La W, también tiene un importante poder regional en la costa caribe y la región andina del país. Es importante no perder de vista que las filas de este sector las engrosan muchos arrepentidos del voto por Petro y otros que siguiendo en el Pacto y en posiciones de gobierno están buscando abrazar al adversario desde adentro para neutralizar toda acción transformadora del gobierno.
A esta posición le juega mucho que en su ADN ideológico está el rollo de la continuidad institucional, de ufanarse por ser la democracia más antigua del continente y el apego a la formalidad del estado. No olvidemos que la única vez que en Colombia durante el siglo XX tuvimos un golpe militar fue el resultado de un acuerdo de estos sectores tradicionales y que estuvo lejos de parecerse a algo como lo que vimos en Chile en 1973 o en Argentina en 1955. Algunos lo llamaron golpe de opinión porque ni disparos hubo.
El último sector lo constituimos, con todos los matices del mundo, quienes defendemos la continuidad del gobierno y la materialización del programa por el que votamos, no voy a hacer una taxonomía de las diferencias que tenemos en esta orilla, pero si me gustaría subrayar una idea que plantee en el artículo anterior y es que la defensa ciega y fanática del gobierno y el presidente presta en realidad un flaco servicio al propósito de transformar el país, además reitero en que estar privados de una organización verdadera y una apuesta comunicativa seria para compensar lo desigual de la lucha mediática, mella de antemano muchas de nuestras armas más importantes para hacer frente a la crisis. El potencial de movilización social con que contamos no es despreciable y es un factor para tener en cuenta pese a la dispersión y al oportunismo de muchas de las posiciones que defienden al gobierno solo para proteger las cuotas de poder y burocracia que han conquistado.
El campo minoritario de los golpistas puede transformarse en mayoritario si logra atraer al sector tradicional de las élites y neutralizar, atemorizar o quitar iniciativa al sector progresista en función de cómo se desarrolle la coyuntura política en el campo que sigue.
La crisis institucional
La relación tensa entre diferentes ramas del poder público o actores institucionales se ha producido antes en Colombia, lo diferente en esta oportunidad es que antes esos enfrentamientos respondían a pugnas intestinas de las clases dominantes y no perseguían el objetivo de neutralizar la acción de un gobierno que se proponía impulsar reformas o cambios en el país. Esa cualidad diferenciadora es fundamental, porque puede convertir el típico “choque de trenes” en la pieza de una estrategia golpista o de una estrategia de aislamiento y zapa, según hemos visto en el análisis de la crisis política en el apartado anterior.
Algunas de las tramas entorno a las que urde esta crisis son: la no elección de fiscala general de la nación por parte de la Corte Suprema para mantener de facto la administración uribista de esa entidad, y proteger de paso a varios personajes influyentes de la vida nacional que están siendo investigados o juzgados en este momento, las sanciones e investigaciones exprés de la procuraduría contra altos funcionarios del gobierno, los parones legislativos y sabotajes al quorum que vimos el año pasado en el trámite de las reformas, la labor abiertamente opositora del presidente del senado, las investigaciones contra la campaña de Petro en la comisión de acusaciones y el CNE, la polémica alrededor de los decretos referidos al presupuesto de inversiones futuras y por último pero no menos importante, el comportamiento de una porción del funcionariado estatal de carrera dedicada desde sus posiciones, supuestamente técnicas, a boicotear el plan y las orientaciones del gobierno. Esto último no niega la ineptitud manifiesta de muchas personas que elegidas por el gobierno para ocupar posiciones de responsabilidad han salido con un chorro de babas.
Algunos factores de esta crisis pueden agudizarse o atenuarse con el paso de los días y en su lugar aparecer o reforzarse otros, pero queda claro que durante todo el gobierno será un puntal de inestabilidad y que planteará importantes desafíos a la acción del poder ejecutivo, que además tiene sus propios conflictos intestinos como hemos reseñado.
La crisis de gobernabilidad
¿Hasta qué punto podrá efectivamente gobernar y concretar su programa de gobierno Gustavo Petro? La respuesta a esta pregunta implica tener en cuenta, la dinámica creada por el comportamiento interrelacionado de la crisis política e institucional, pero también la incidencia que otros factores externos pudieran generar tal es el caso de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos que se celebrarán el próximo mes de noviembre y en las que de ganar Trump podría fortalecer al sector golpista y condicionar fuertemente la lucha interinstitucional. Petro sabe esto y por eso ha asumido el reprochable y pragmático juego de alinearse con la administración Biden propiciando la construcción de la base militar en Gorgona y recibiendo periódicamente a la jefa del comando sur imperialista: Laura Richardson quien, entre otras cosas, dirige el proceso de apropiación norteamericana de recursos estratégicos como el litio en nuestro continente.
Las salidas probables a las crisis y que se expresarán en la gobernabilidad de Petro y Márquez son: una salida militar bonapartista que implicaría necesariamente el apoyo del gobierno de Estados Unidos, lo cual al menos por ahora, no se ve posible y la alianza entre el sector golpista y tradicional, lo que también tiene sus dificultades por el peso de las heridas que dejó la lucha entre santismo y uribismo hace años, pero de ningún modo es un escenario descartable en la medida en que las crisis maduren y se profundicen.
Un golpe blando a la peruana o la brasileña, poniendo en juego el mecanismo institucional de la comisión de acusaciones lo que de entrada implica un problema, esto no es Perú o Brasil, aquí el blindaje a la figura presidencial es máximo, ni en tiempos de Samper ese mecanismo pudo funcionar para juzgar al presidente, además un eventual juicio contra el presidente pondría por fuera al presidente del poder pero no al gobierno que tendría continuidad en la figura de la vicepresidenta que en este y todos los gobiernos ha sido una figura débil. Una variante de este escenario es una eventual renuncia de Petro por la labor de acorralamiento de las élites contra la presidencia.
El tercero y último, en mi opinión, más factible pero muy peligroso, es que sigamos como hasta ahora, con un gobierno a la defensiva, con muchas dificultades para concretar el cambio que propuso —y en el cual intentó sintonizar, exitosamente al principio, pero con muchas dificultades ahora, dos pulsiones de cambio diferentes que dividían al país: un cambio moderado, conciliador e institucional y un cambio acelerado, profundo y estructural— asediado y atrincherado, vacilando entre promover la movilización social que también es una estrategia limitada o hacer de árbitro entre las élites y sus pugnas en un gran acuerdo nacional. Me temo que el gobierno no podrá concretar ni uno ni otro lo cual favorece a las élites golpistas o tradicionales que van a cabalgar sobre nuestro descalabro, no solo para retomar el gobierno en 2026 que si se quiere es un problema menor, sino para cerrar de golpe el ciclo político de cambio que se abrió con la resistencia al uribismo entre 2002-2010, continuó con los procesos de acumulación de fuerzas y movilización del periodo 2011-2018, se prolongó en el levantamiento popular del periodo 2019-2021 y alcanzó una victoria con el triunfo electoral de junio de 2022.
La buena noticia es que todavía podemos dar pelea, la posibilidad de salvar las naves depende fundamentalmente de si el gobierno está dispuesto a dar un golpe de timón y reorientar su accionar para que no se cierre un ciclo de cambio que está dando sus primeros frutos y que vale la pena profundizar. De algunas ideas en esa dirección me ocuparé en el siguiente artículo.
