1985: la Toma del Palacio de Justicia en contexto

Las telenovelas y los noticieros, productores de sentido común, han construido una idea simplificada acerca de lo sucedido en la Toma y Retoma del Palacio de Justicia. El relato asumido de forma mecánica por un segmento importante de la ciudadanía de a pie es el siguiente: el narcotraficante Pablo Escobar le pagó a la insurgencia del M-19 una suma de dinero en dólares para que llevase a cabo una Toma del Palacio de Justicia, y así eliminar los archivos que lo podrían inculpar y llevar a su extradición. 

Este relato, configurado desde una narrativa que navega entre lo telenovelesco y lo hollywoodense, tiene dos efectos negativos para la consecución de una cultura política democrática que asuma el pasado en su complejidad, ya que en primer lugar, da paso a una cierta justificación de la retoma del Palacio a sangre y fuego por parte del Ejército, y en segundo lugar, conduce a una mentalidad facilista en torno a la concepción de la historia del país, en la que el narcotráfico y la corrupción se erigen como las dos únicas variables que explican la situación nacional, dejando de lado otras variables fundamentales del orden estructural, como la inequidad sobre la propiedad de la tierra, la organización histórica de un Estado elitista, centralista y excluyente, o la desigualdad e injusticia social.

En contravía de esta narrativa simplificadora, en este artículo se van a situar algunos elementos, entre todos los existentes, que permitan una comprensión del momento histórico que vaya un poco más allá de los terribles hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985.

El 7 de agosto de 1982, el recién elegido presidente Belisario Betancur hizo pública su iniciativa de paz. El país venía de un oscuro periodo marcado por la persecución, los allanamientos, los tribunales de guerra y la tortura generalizada contra quienes asumieron posiciones de izquierda bajo el estatuto de seguridad del anterior presidente, Julio Cesar Turbay. El historiador y politólogo Fernán González nos cuenta en su texto Poder y Violencia en Colombia, que el nuevo mandatario presentó un discurso distinto del conservatismo, al sostener que la violencia no se debía a un complot internacional del comunismo sino que habían “factores estructurales” que la generaban. Con esta dosis de confianza en el gobierno, se inició un proceso de diálogo con las insurgencias de las FARC, el M-19, el EPL, y parte de la ADO. 

En contravía de esta narrativa simplificadora, en este artículo se van a situar algunos elementos, entre todos los existentes, que permitan una comprensión del momento histórico que vaya un poco más allá de los terribles hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985.

Apenas en 1979 había triunfado la revolución sandinista en Nicaragua, llevada a cabo por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y en Guatemala y El Salvador, el fortalecimiento de las insurgencias organizadas en grandes frentes armados parecía animar las posibilidades de un triunfo armado en Colombia. Con esta antesala, las guerrillas no descartaban la salida negociada al conflicto como tampoco la acción coordinada para la toma del poder, en especial en el caso de las Farc, el ELN y el EPL.

Al mismo tiempo, pese a la apertura presente en el discurso de Betancur, las fuerzas militares se mostraban reacias a una salida negociada, y por el contrario, insistían en la continuidad de los enfrentamientos, e incluso, como en el caso del general Landazábal, algunos segmentos contemplaban como una opción el fortalecimiento del paramilitarismo amparado en la ley 48 de 1968. 

Los grandes gremios también estaban en contra de la tregua firmada e incluso sectores de la iglesia se oponían. Mientras tanto, las organizaciones comunales y campesinas se fortalecían; la Unión Patriótica, fruto del acuerdo de paz con las Farc, crecía en adherentes, y las insurgencias hacían público un discurso democratizante cuyo alcance previo había sido limitado solo a ciertos sectores de la sociedad en años anteriores. 

Con esta visibilización de distintas voces de la izquierda armada, así como con el avance político de nuevas fuerzas políticas como la UP, ¡A luchar!, o el Frente Popular, el temor complotista de elites locales y nacionales se tradujo en alianzas con sectores paramilitares que iniciaron operaciones de asesinato masivo contra los militantes y simpatizantes de las izquierdas.

Para 1985, Colombia estaba envuelta en el asesinato de simpatizantes y militantes de izquierda, y de líderes campesinos y cívicos que se organizaban por demandas agrarias o por servicios públicos en barrios recién fundados

En 1981, un comando del M-19 secuestró a Martha Nieves Ochoa, hermana de algunos de los integrantes del Cártel de Medellín. El 1 de diciembre del mismo año, como relata el portal Verdad Abierta, los hermanos Ochoa convocaron a una reunión nacional en la que además de la asistencia de narcotraficantes como Pablo Escobar, Carlos Ledher y Gonzalo Rodríguez Gacha, llegaron integrantes de las Fuerzas Militares. De este encuentro se crearía uno de los primeros escuadrones de la muerte consolidado a nivel nacional: la fuerza narcoparamilitar Muerte a Secuestradores (MAS). Esta estructura criminal no solo asesinaría a guerrilleros sino también a ciudadanos señalados de tener nexos con las guerrillas, teniendo un papel significativo en el genocidio de la Unión Patriótica. 

Así entonces, para 1985, Colombia estaba envuelta en el asesinato de simpatizantes y militantes de izquierda, y de líderes campesinos y cívicos que se organizaban por demandas agrarias o por servicios públicos en barrios recién fundados; pero también en la reorganización de las insurgencias que venían de un periodo de reflujo de los años 1970’s, y que se veían animadas por el triunfo de la revolución sandinista; en las adhesiones ciudadanas a las fuerzas de izquierda que se habían valido de los acuerdos de paz para mostrar un discurso democratizante y modernizante, en contravía de los discursos tradicionales y guerreristas de los partidos liberal y conservador; y en las acciones armadas de la Fuerza Pública que cobraron la vida del comandante del M-19 Iván Marino Ospina, y de otros altos mandos, mientras hostigaba los campamentos de paz de la insurgencia. 

El M-19

Cabe destacar que el M-19 no se reivindicó nunca como una guerrilla marxista-leninista sino como un movimiento armado democrático y nacionalista. Esta proclama se profundizó en el mismo año, 1985, cuando en febrero convocó a la sociedad a asistir a su Novena Conferencia Guerrillera, abriendola como un “Congreso de la paz y la democracia”, para discutir sobre las reformas sociales y políticas necesarias que conducirían a sanear las bases estructurales que originaron el conflicto. 

En Marzo organiza unos campamentos de paz en los que invita a la sociedad a debatir sobre la construcción de democracia en el país, aunque sin descartar todavía las armas para alcanzar la democracia, frente a las posiciones guerreristas de la Fuerza Pública, y de sectores de las elites nacionales y locales. Estos campamentos fueron hostigados y allanados y meses más tarde cerrados por orden presidencial.

El M-19 leyó la actitud del Ejército y las posiciones vacilantes del gobierno, como un golpe a los acuerdos de paz pactados, por lo que inicia acciones ofensivas que culminaron en la lamentable Toma del Palacio de Justicia. 

El M-19 leyó la actitud del Ejército y las posiciones vacilantes del gobierno, como un golpe a los acuerdos de paz pactados.

Como se ha visto hasta el momento, es posible identificar que el Cartel de Medellín ocupaba un lugar importante en la política nacional. En 1981 sectores de las Fuerzas Militares se aliaron con éste para la conformación de la fuerza narco paramilitar MAS, también serían conocidos vínculos entre el narcotráfico con los partidos tradicionales. Tanto las insurgencias como los sectores sociales acusados de tener afinidades insurgentes, serían duramente golpeados por la estructura narcoparamilitar. El papel del MAS pondría en evidencia las relaciones directas entre el narcotráfico y el establishment antes que con las insurgencias armadas de la época.

En el contexto de guerra, determinados actores ejercen el control sobre ciertas zonas y corredores estratégicos, por lo que se establecen diálogos entre actores para tramitar intereses y necesidades logísticas y militares. Diversos integrantes del M-19 han sostenido que los diálogos con el narcotráfico se establecieron en el plano logístico y no en el plano financiero ni político. Al respecto, Otty Patiño, excomandante del M-19, decía ante la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia: 

“Nunca tuvimos una relación de sometimiento con ninguno de estos grupos, pero si hubo relación, por supuesto, de conveniencia, de facilitar cosas, de transporte de cosas, de personas también, pero nunca… digamos… decir que nosotros íbamos a hacer algo en función de un interés de ellos… Creo que uno de los temas que más se especulan es el de la extradición, pero el tema de la extradición, yo creo que más que otra cosa es una coincidencia”.

Un testimonio que va en contravía de lo dicho por el lugarteniente de Pablo Escobar y posterior simpatizante del uribismo, alias Popeye, y por el comandante paramilitar de las AUC, Carlos Castaño, que insistieron en los nexos financieros entre Cartel de Medellín y el M-19, en testimonios publicados en los años 1990’s y 2000’s, y de los que se vale el uribismo y algunos productos del entretenimiento para avalar la tesis de la insurgencia del M-19 como instrumento militar del narcotráfico. 

La Toma del Palacio de Justicia por parte de la compañía Iván Marino Ospina del M-19, se realizó el 6 de Noviembre de 1985. Una acción voluntarista y permeada de optimismo, tachada de irresponsable por múltiples analistas, era asumida por sus autores intelectuales como una acción espectacular y audaz al estilo del robo de la espada de Bolívar, el robo de las armas del Cantón Norte del Ejército o la toma de la Embajada de República Dominicana, que tenía como propósito emprender una presión armada para la continuidad de los diálogos de paz. La retoma del Ejército, que suspendió por esas horas el poder civil sobre el ejecutivo para imponer el poder militar, duró hasta el 7 de noviembre y tuvo como consecuencia la quema del edificio, la muerte de civiles, magistrados y jueces, y la desaparición de 11 personas. 

La toma generó especulación sobre si las ideas nacionalistas del M-19 se pudieron traducir en una alianza táctica con el Cartel de Medellín para impedir la extradición hacia los EEUU, para que los acusados de narcotráfico fueran juzgados en Colombia; o si por el contrario, esos diálogos logísticos enmarcados en la lógica del conflicto se constituyeron en el mecanismo para legitimar la tesis de la alianza, pese a la guerra que sostenía el MAS contra la insurgencia armada e incluso, el pensamiento disidente. 

El 17 de junio del 2020, ex miembros del M-19 dieron declaraciones ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición, sobre los hechos del Palacio de Justicia, reconociendo que se trató de una decisión equivocada para presionar al gobierno con la continuidad de los diálogos, incluyendo además las reformas sociales necesarias para el país. De nuevo, Otty Patiño insistió en que “tenía constancia directa de que esto jamás fue ordenado ni consultado por narcotraficantes”:


“¿Por qué la toma? (…) porque había un proceso muy enredado, muy complicado, muy deteriorado (…) hubo la intención de poner otra vez las cosas en claro, por su puesto sobre la visión de que el principal responsable de que ese proceso se hubiera enredado fue el presidente de la república con quien se había iniciado ese proceso (…) uno de los defectos de ese proceso es que nunca hubo diálogo (…) y al contrario un poco el afán de Fayad era recobrar el diálogo con el gobierno nacional a través de un acto de fuerza (…) el ambiente del país estaba lleno de confrontación política y por supuesto de confrontación militar (…) la toma del Palacio de Justicia por el contrario llevó a un mayor oscurecimiento de ese panorama”.

Alvaro Jiménez, ante la pregunta de Francisco de Roux sobre los nexos con Pablo Escobar, sostuvo: “hay un tema que yo quisiera precisar y es que en unas condiciones de muchas dificultades desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista logístico, estábamos intentando crear una nueva iniciativa militar [en Antioquia junto al EPL] y no tendría ninguna lógica que fuese en unas condiciones tan precarias si hubiese un nivel de relacionamiento y soporte [con el Cartel de Medellín] (…) creo que digamos, todos quienes vivimos esa época del M-19 podemos dar cuenta de los niveles de dificultad y precariedad con que vivíamos para poder desarrollar esos propósitos”.

Por su parte, el académico Dario Villamizar, quien militó en la insurgencia, sostuvo que,

“era tanta la precariedad en el M- 19 y aquí en Bogotá, donde yo estaba, que durante muchos meses estuvimos en unas condiciones de pobreza franciscana donde los compañeros que estaban en la fuerza militar en el Cauca y los que estaban en Antioquía estaban sin botas, sin uniforme. Cualquier dólar que hubiera entrado hubiera sido de una notoriedad que nos hubiera ayudado a solventar esas condiciones”.

A su vez, resaltó la importancia de tener en cuenta el atentado contra Carlos Pizarro o Antonio Navarro y el asesinato de Carlos Toledo Plata, altos mandos de la guerrilla, en el marco del acuerdo con el gobierno, “hubo una constante violación de las fuerzas militares contra esa tregua”.

Vera Grabe, reconociendo la equivocación de la acción de la toma, indicó que no se le podía quitar el carácter político a esa acción al asociarla con el narcotráfico, y que el M-19 no calculó los efectos adversos debido a que la toma de la Embajada de República Dominicana había sido exitosa, y el contexto político del momento era de confrontación. 

La Toma del Palacio de Justicia fue una acción simbólica que pretendía hacer un juicio público al gobierno por la traición a la tregua y sus posiciones vacilantes para democratizar el país. Estuvo basada en el cálculo ingenuo y optimista fomentado por los resultados positivos de la toma de la Embajada de República Dominicana, y no tuvo en cuenta los ánimos vengativos del Ejército Nacional por otras acciones exitosas como el robo de las armas del Cantón Norte, bautizada por el M-19 como la operación Ballena Azul, o los asaltos a camiones de alimentos de grandes empresas, para repartir la comida entre los habitantes de los barrios empobrecidos. 

Esta lectura excesivamente optimista sobre la reacción estatal, tuvo un saldo sangriento: el gobierno tramitó el hecho antes que como una toma de rehenes, como una acción de guerra en la que delegó todo el poder al Ejército, que cabe resaltar, ya tenía información de inteligencia sobre esa operación militar de la insurgencia. La retoma del Palacio, además de cobrar vidas humanas, implicó la quema de casi 6.000 expedientes de investigaciones sobre altos oficiales militares, narcotraficantes y miembros de las insurgencias.

Hacia el mediodía del 6 de noviembre de 1985, el M-19 publicó un extenso comunicado en donde hacía la argumentación política y jurídica de la toma. El texto pasaría inadvertido por la opinión pública. Los medios de comunicación de la época ocuparon las primeras horas del hecho, informando atónitos lo que estaba sucediendo, y finalmente, por orden de la ministra de comunicaciones de ese entonces, Noemí Sanín, ocuparon sus parrillas con la transmisión del partido de fútbol Millonarios vs. Unión Magdalena.

Para las personas interesadas y las curiosas, reproducimos a continuación dicho comunicado:

 

NOVIEMBRE DE 1.985 

AL PODER JURISDICCIONAL,

A LA NACIÓN COLOMBIANA

BOGOTÁ, COLOMBIA, NOVlEMBRE 6 HORA 11 ½ A.M, DE 1985

Señores Magistrados

Corte Suprema de Justicia y

Consejo de Estado

Honorables Magistrados:

Los abajo firmantes somos ciudadanos colombianos e integramos el Estado Mayor de la compañía Iván Marino Ospina del Movimiento 19 de Abril, M-19. Estamos aquí como expresión de patria y de mayorías para convocar a un juicio público contra el gobierno del presidente Belisario Betancur. Lo acusamos de traición a la voluntad nacional de forjar la paz por el camino de la participación ciudadana y la negociación, al que se comprometiera mediante el acuerdo de cese del fuego y Diálogo Nacional, el 24 de agosto de 1.984.

Por tanto, estamos convocando al pueblo, a la nación entera, como fuente del poder jurisdiccional, a constituirse como tribunal supremo que habrá de enjuiciar la traición a los anhelos de paz y concordia nacional de las mayorías en Colombia.

Acudimos a ustedes en su condición del poder público, como poder moral y reserva democrática para la supervivencia del estado de derecho, ejerciendo el derecho de la PETICIÓN, consagrado por la Constitución Nacional. Así pues, les solicitamos que conozcan y asuman las pretensiones que constituyen esta petición, en concordancia con los derechos y la competencia que a continuación presentamos. Teniendo en cuenta que la rama jurisdiccional no puede ser ajena ni excusarse de participar en lo que hoy define el destino y la salud pública de la patria, aspiramos a que ustedes arrojen luces y enriquezcan el juicio político que el pueblo ha instituido contra la minoría que lo gobierna.

Como decía el general Uribe Uribe, ésta es hoy una demanda a mano armada. Estamos ejerciendo el derecho a la rebelión porque no fue escuchada la voz del pueblo, porque el gobierno engañó a la opinión pública, pretendió aniquilar a la democracia en armas y traicionó la forma más creativa, más justa y novedosa de buscar, la paz para la nación, cual era el Diálogo Nacional. 

Sin embargo, nuestras armas no comparecen ante este tribunal para ser instrumentó de coacción a la libre voluntad de los Honorables Magistrados. Por ello, anunciamos ante el país –con la moral de todos nuestros actos y la fuerza de la verdad con que hemos vencido a la dirección mentirosa del ejército de las minorías oligárquicas– que los Honorables Magistrados no están obligados a asumir el conocimiento de nuestras pretensiones durante el desarrollo de esta conflictiva situación de hecho. Son nuestros anfitriones y sólo su sentido patriótico guiará sus acciones.

1.1. Que la Honorable Corte Suprema de Justicia asuma el conocimiento y se pronuncie sobre la constitucionalidad del acuerdo del cese del fuego y Diálogo Nacional suscrito en Corinto, El Hobo y Medellín, el 24 de agosto de 1.984. 

1.2. Que sobre este convenio por el restablecimiento del orden público, entre el gobierno de Colombia y los movimientos populares alzados en armas (sui generis en el derecho público interno, pero con antecedentes en nuestra historia con los pactos de Wisconsin, Neerlandia y Benidorm), la Corte Suprema de Justicia y el Honorable Consejo de Estado asuman el conocimiento sobre el cumplimiento que hicieron las partes, en el desarrollo y ejecución de los mismos, por encontrar la paz en su dimensión más pública y más humana: la justicia social y la democracia política.

1.3. Que en ejercicio del mandato constitucional que establece la colaboración de los poderes públicos para la realización de los fines del Estado -y teniendo en cuenta que la paz, la concordia y la convivencia nacional son, entre otros, tales fines- el poder jurisdiccional encare de manera protagónica la búsqueda de una solución política negociada en Colombia, a los agudos antagonismos del presente. Sobre todo cuando el Gobierno y el Congreso de la República han dado muestras de negligencia agravada, mala fe, y han traicionado un empeño colectivo de la comunidad patria del cual resultaron inferiores. 

  1. EL DERECHO QUE INVOCAMOS

Para formular nuestras pretensiones, como señalamos antes, el derecho que invocamos es el que consagra la Constitución Nacional, a todo ciudadano, de presentar peticiones a las autoridades y obtener de ellas pronta resolución (Art. 45, CN).

  1. COMPETENCIA DE LA CORTE

A continuación exponemos las razones jurídicas, políticas y de conveniencia nacional por las cuales consideramos la competencia de la Corte para el conocimiento de nuestras pretensiones. 

3.1 La fuerza constitucional del acuerdo. ¿Cuáles hubieran sido las consecuencias para el destino nacional de haberse incumplido –por los compromisarios y antagonistas– el acuerdo de Wisconsin, con el cual se puso fin a la Guerra de los Mil Días? ¿Cuáles, si se hubieran traicionado los pactos de Sietges y Benidorm que finalizaron la guerra entre liberales y conservadores y dieron origen al acuerdo del Frente Nacional? ¿Acaso la solución política contenida en estos últimos no fue consagrada institucionalmente, más tarde, por el mecanismo del Plebiscito del 57, no previsto ni consagrado en la Constitución? Aquello lo aceptó el país porque jamás podrá esgrimirse la constitucionalidad para oponerla a la única o mejor manera de lograr los altos intereses de la convivencia nacional.

¿Por qué no aceptar hoy la constitucionalidad del acuerdo de cese del fuego y Diálogo Nacional pactado para “estudiar y sentar las bases de las reformas de carácter político, económico y social que necesita el país y anhela el pueblo colombiano”, según reza el texto, la intención y objetivos del convenio en mención?

¿Por qué no asumir el rango institucional de los acuerdos de la esperanza y la rendición de agosto de 1984, si sus objetivos procuran la concordia basada en la justicia social que es de los fines sustanciales del Estado y sus instituciones?

En este acuerdo lo nuevo somos los antagonistas y la aceptación del papel protagónico que nos corresponde en la decisión del destino nacional. Ya no se trata de una pugna entre la minoría oligárquica en su condición de Estado liberal o Estado conservador excluyente, enfrentado a liberales y conservadores (razón y origen de 52 guerras regionales y no menos de 15 guerras civiles nacionales). Hoy los antagonistas de esa minoría somos pueblo, la patria viva, las fuerzas del cambio, sin ningún nexo o compromiso de poder con los partidos Liberal y Conservador, ni con los privilegios de las oligarquías económicas de las que aquéllos son razón de ser y razón social.

Somos nacionales colombianos, y como tales, iguales ante la Constitución y la ley a la minoría que se opone al bienestar mayoritario. Pretendemos alcanzar para la patria el ideal del gobierno bolivariano: aquel que da la mayor suma de bienestar, justicia y felicidad del pueblo, y que es realizable –en lo fundamental– en el marco de la estructura constitucional vigente.

Así pues, el rango institucional del acuerdo del cese del fuego y Diálogo Nacional está dado por su condición de instrumento jurídico-político, con antecedentes en nuestra historia, para realizar los altos fines del Estado por razones de conveniencia nacional.

Más aún: toda manifestación de la voluntad política del Gobierno crea situaciones jurídicas con efectos del mismo orden.

En este caso, el Presidente de la República, a mediados de julio de 1984, creó la comisión de Negociación y Diálogo mediante carta pública dirigida a Jonh Agudelo, presidente de la Comisión de Paz. Según la misiva, aquella comisión debía actuar en representación del gobierno, en las conversaciones para fijar los términos del acuerdo de paz con el EPL y el M-19. En la misma, el doctor Betancur designó como delegados personales del Presidente a los doctores Enrique Vargas, Gerardo Molina, Bernardo Ramírez, Gloria Pachón de Galán y Antonio Duque Álvarez.

El 24 de julio de 1984, el propio Presidente de la República instaló, en el Palacio de Nariño, la Comisión de Negociación y Diálogo, con la participación de otras personalidades –además de las mencionadas– en representación de los partidos Liberal y Conservador, de la Iglesia, la cultura, el movimiento cívico, el sindical, y los gremios.

Esta fue una manifestación de la voluntad del Gobierno, con claros efectos de orden jurídico que comprometieron la decisión del Estado. Porque la Comisión, en ejercicio de sus funciones y en representación del Gobierno, suscribió el acuerdo de cese del fuego y Diálogo Nacional (cuya copia anexamos a esta petición), el 24 de agosto del mismo año, con los representantes del EPL, el M-19 y un sector del ADO.

Aquí el Presidente actuó en ejercicio de las funciones constitucionales que le confiere el Art. 120 (en su numeral 7o.), para garantizar el orden público y restablecerlo cuando fuere turbado, y el Art. 121, que le otorga facultades extraordinarias en estado de sitio. Tales funciones son, por demás, amplias y discrecionales, y si bien han sido ejercidas casi ininterrumpidamente por más de 30 años en sentido represivo y coactivo, en esta oportunidad fueron utilizadas de una manera positiva y abierta para poner en marcha un nuevo mecanismo jurídico-político con el propósito de restablecer el orden público.

A la Honorable Corte, como freno a tan amplias y discrecionales facultades que tiene el ejecutivo para mantener y restablecer el orden público (entiéndase por ello la sana convivencia nacional, en justicia y equidad social, y no en el sentido coactivo con que se interpreta tradicionalmente), se le confiere la facultad de intervenir en la actuación legislativa que tiene el Presidente durante la vigencia del estado de sitio. Esta facultad de la Corte, de revisar y evitar el ejercicio arbitrario del poder, no se reduce a cuidar que la legislación de emergencia contenga vicios formales, sino que puede intervenir en su contenido material e incluso decidir su constitucionalidad según la conveniencia e inconveniencia respecto al interés nacional. Lo que vale decir que interviene sobre la voluntad política del ejecutivo, cuando ésta se expresa en estado de guerra o conmoción interna, justamente para preservar el equilibrio de los poderes públicos, impedir el ejercicio arbitrario del Gobierno, evitar violaciones de la Carta fundamental, y garantizar el estado de derecho. Es ésta una sana doctrina constitucional en cuya aplicación la Corte ha dejado, no en pocas ocasiones, mucho que desear. Entre otras, y a manera de ejemplo: la jurisprudencia que declaró exequible el Estatuto de Seguridad durante el gobierno de Turbay; la negativa de este tribunal de conocer de la constitucionalidad del tratado de extradición; y la aceptación de Juzgamiento de los civiles por parte de la justicia penal militar.

La facultad que tiene la Corte para intervenir sobre la actuación jurídica del ejecutivo es tan amplia, que el Art. 214 de la Constitución autoriza a cualquier ciudadano para que comparezca ante ella a impugnar o defender la legislación proferida por el ejecutivo en base a las facultades del Art. 121.

En síntesis, el acuerdo del 24 de agosto de 1984 es un resultado de la decisión y legislación presidencial para restablecer el orden público, y no existe norma alguna que le prohíba a la Corte abocar el conocimiento del mismo. Por ello, ratificamos nuestra pretensión de su pronunciamiento en torno a la constitucionalidad del acuerdo suscrito en Corinto, El Hobo y Medellín.

3.2 Convenio de orden público. Los decretos legislativos del estado de sitio son la expresión material de la voluntad político-jurídica del Gobierno, que los utiliza como instrumento para restablecer el orden público perturbado.

Sin embargo, con la firma del acuerdo de Corinto, El Hobo y Medellín, surgió un nuevo instrumento jurídico-político con el cual se pretendió el mismo objetivo, aunque ya no como mera manifestación individual de un Gobierno, sino como concurso de voluntades para sentar las bases de las reformas económico-sociales como única forma de desterrar los factores objetivos de conmoción y guerra interna.

Asistimos, pues, a una decisión gubernamental de inexorables consecuencias jurídicas y políticas que dio paso a un convenio de orden público, su¡ generis, con el cual se aspiraba a transformar las causas objetivas y subjetivas que han dado origen a la guerra interna.

El mismo texto del convenio señala el requisito esencial para su validez: “Este acuerdo requerirá para su validez, la aprobación del señor Presidente de la República”. Y en efecto, dos días después de la firma del acuerdo, el 26 de agosto, el Presidente –en alocución transmitida por todas las cadenas radiales y los canales de televisión, y en ejercicio obvio de las facultades constitucionales para la guarda y restablecimiento del orden público– impartió aprobación pública y solemne al acuerdo de cese del fuego y Diálogo Nacional: “… como ustedes seguramente lo han visto y oído, el jueves y viernes pasados, se firmaron nuevos acuerdos, entre las comisiones de Paz y de Negociación y Diálogo con los dirigentes del M-19, el Partido Comunista de Colombia (Marxista-Leninista) y un sector del ADO. Lo anterior, con la aprobación que en este momento imparte solemnemente, el Presidente de la República a los acuerdos, y con la ayuda de ustedes y la asistencia de Dios, significa que hemos cumplido otra etapa…”

Si la creación y aprobación presidencial a este convenio de orden público tiene origen en las facultades extraordinarias del estado de sitio, éstas dan también sentido y razón a la facultad que tiene la Honorable Corte de juzgar la actuación legislativa del Presidente durante la vigencia del estado de excepción. Y si el convenio de orden público es una actuación legislativa de excepción del Presidente, la Honorable Corte es competente para conocer de dicho acuerdo.

Más aún: todo convenio presupone obligaciones, compromisos, con efectos de diverso orden; y su incumplimiento genera consecuencias por las cuales deben ser llamados a responder quienes incumplen. 

En este convenio de orden público, cuyo objeto es la paz nacional –entendida como la realización gubernamental de la justicia social– es el poder jurisdiccional el encargado de examinar quiénes cumplieron a cabalidad, y quiénes incumplieron las obligaciones morales, sociales, políticas, jurídicas y militares asumidas por las partes a través del convenio. Sobre todo cuando el objeto del acuerdo es el destino nacional, según consigna su texto:

“La Comisión de Negociación y Diálogo designada por el señor Presidente de la República, doctor Belisario Betancur, e integrada por miembros de la Comisión de Paz, delegados presidenciales, voceros de los partidos Liberal y Conservador, dignatarios de la Iglesia Católica, representantes de las fuerzas laborales, del arte y la cultura, y los comisionados por el Movimiento 19 de Abril, M-19, y por el Partido Comunista de Colombia (M-L) y su organización guerrillera Ejército Popular de Liberación, EPL, consideran que el cese de los enfrentamientos armados entre las fuerzas institucionales del Estado y los movimientos populares alzados en armas, es requisito para estudiar y sentar las bases de las reformas de carácter político, económico y social que necesita el país y anhela el pueblo colombiano”.

Y los términos de su vigencia dependían de que el Gobierno diera inicio a las políticas para la realización de los objetivos anteriormente señalados:

“Los términos del presente acuerdo adquieren plena vigencia con la aprobación del señor Presidente de la República, la orden de cese del fuego y con la iniciación de las políticas y actitudes que den paso a su cabal cumplimiento”.

No es sólo nuestra opinión: el país ha sido víctima de la ausencia de cualquier política para el rescate y la redención social de los oprimidos.

3.3 El poder jurisdiccional de cara al destino nacional. Nuestra tercera pretensión es un clamor de mayorías, voluntad de la Colombia nueva, de un pueblo que no cabe en este régimen político y que no está de acuerdo con la manera como se ejerce el gobierno, por estar ella sustraída de la concepción y la práctica del bien común como fin del Estado. Porque se ha establecido una manera de ejercer el gobierno que está circunscrita a los intereses ciegos de una minoría primitiva y soberbia, asentados en la fuerza de su ejército, que ya no es nacional por haberse convertido en voluntad de muerte de las minorías, contrapuestas a la patria entera y a su futuro.

Nuestra tercera pretensión está formulada con vista al futuro, encarnado hoy en las mayorías que abrazan la fe y la esperanza en la vida nueva y en la dignidad del hombre; encarnado hoy en el ejército de esas mayorías, un ejército nacional y bolivariano en el que se forja una nueva ética y una nueva moral; un ejército que jamás renunciará a la búsqueda de la paz, la verdadera paz: la de mayorías a las cuales se garantice la dignidad, la justicia, la libre participación política y la soberanía.

Y para esa paz, nos demostró la realidad, se necesita en la conducción del gobierno una nueva voluntad política: la de los hombres y mujeres de este país que hacen fértil la semilla de la democracia y la justicia.

Sí. Con esas palabras: para lograr la paz se necesita un nuevo gobierno. Un gobierno –entiéndase– que no es un nuevo tipo de Estado; que no es una nueva forma de Estado; que no demanda una nueva Constitución, independientemente a que objetemos algunas disposiciones que no se corresponden con el desarrollo de las fuerzas económicas, sociales y políticas en el país desde que se consagró hace un siglo el texto de Núñez. Un nuevo gobierno que sea expresión del pluralismo y la concertación de mayorías y que integre la voluntad y el alma nacionales.

Este es hoy el dilema de la paz: gobierno nacional o gobierno de oligarquías. Porque la paz no es militarismo o subversión, sino patria o antipatria. Porque lo que estamos viviendo no es una guerra civil, sino una guerra oligárquica contra las mayorías empeñadas primero en evitarla y abocadas ahora a la única solución posible: ganarla. Porque ante el dilema cierto que formulamos, está comprometido el destino de todos, el presente de nuestros hijos y el fin esencial del Estado, entendido éste como la realización del bien común.

Por todo ello, convocamos al poder jurisdiccional a encarar el destino de la nación y a asumir el papel protagónico que le corresponde en su condición de poder público cuyo único origen es el constituyente primario, el pueblo, y que sólo a él se debe.

En la más sana doctrina constitucional, el poder jurisdiccional es un poder autónomo y, como tal, no está instituido para asumir la defensa del ejecutivo ni del legislativo. Su propia constitución, basada en el privilegio de la cooptación, lo enajena de cualquier intromisión perniciosa de otro poder, y garantiza su independencia; independencia de nación en la cual hoy confía la patria entera.

La participación que pedimos del poder jurisdiccional en la búsqueda de soluciones políticas negociadas de mayorías –además de ser un imperativo moral–, es una petición amparada por su propio fuero constitucional, al tenor del Art. 55, que establece la colaboración armónica de las ramas del poder público en la realización de los fines del Estado. Sobre todo cuando, incurriendo en negligencia agravada y traición a la patria, han fracasado el ejecutivo y el legislativo, que asumen como mandato la voluntad de las minorías, y en razón del mismo gobiernan en contra del interés nacional, resguardándose con la irresponsabilidad política que la Constitución consagra en la relación electores y elegidos en favor de los gobernantes.

Honorables Magistrados: llegó la hora del pueblo, la hora de la nación. Los convoca la defensa de la democracia, extinguida a lo largo del ejercicio arbitrario que han hecho los gobernantes del poder. Los convoca la necesidad que tiene la patria de que ustedes, con las mayorías, aportemos al logro de una decisión imaginativa y creadora por la salud política, social y moral de la República. La patria los sabrá recompensar.

Ante ustedes, Honorables Magistrados, los hechos de la petición.

  1. LOS HECHOS DE LA PETICIÓN

La defensa de nuestro cuerpo constitucional no puede ser intangible ni abstracta. La defensa de nuestro cuerpo constitucional es para garantizar la convivencia de la comunidad nacional en el goce pleno de la justicia social y en el ejercicio real de los derechos democráticos.

En el marco del cuerpo constitucional sólo actúa aquel gobierno cuya finalidad es procurar la felicidad y el desarrollo armónico e integral del pueblo en todas las esferas de la vida social. Por ello, es el gran administrador de todos los recursos que produce el pueblo-nación. Y alcanza tamaña investidura para obligarse a realizar los derechos del hombre: el derecho a la vida, al trabajo, a la educación, la salud, el techo, los servicios públicos, la justicia, la participación política, la dignidad, la soberanía nacional.

Esta guerra por la paz tiene el significado de los grandes movimientos nacionales del siglo XVIII: es la lucha por derechos que hace doscientos años se consagraron como obligación de los gobiernos. En nuestra patria el gobierno tiene 175 años de estar en mora con el pueblo-nación.

Si no se cumple con esta obligación, no se es gobierno sino desgobierno. En cambio, los patriotas que se levantan por los derechos del hombre y para ello tienen que desterrar al desgobierno, son orgullo y ejemplo de su comunidad.

Este ejército de Bolívar, como fuerza política y moral, abraza el cuerpo constitucional para desterrar al desgobierno y lograr la paz. Así, en su propósito, en sus hechos, se hace identidad, corazón y decisión para las grandes mayorías. Confirmamos a la nación, entonces, que la lucha por desterrar al desgobierno no riñe con la defensa del cuerpo constitucional.

Otra intención, antipopular e inmoral, es la de gobernantes y editorialistas de la oligarquía, quienes buscan la impunidad en una supuesta defensa –abstracta, intangible– del estado de derecho: para actuar como si la nación fuesen ellos mismos, ellos solos; para montar sin impedimentos sus grandes negociados, sus grandes peculados; y para cargar en la espalda del pueblo, dándoles el carácter de nacionales, sus empréstitos con la banca internacional, obligando al ciudadano a pagar estas deudas que son, por lo general, resultado de la malversación o el ilícito.

Más grave aún es pretender hacer de la defensa abstracta del estado de derecho, sinónimo de la defensa de la patria. En su nombre, a dos millones de colombianos desempleados se les condena a las tinieblas del hambre; se espera de 18 millones de compatriotas que se resignen a vivir sin agua potable; a 600 mil hermanos campesinos se les castiga como parias sin tierra; y a todos nos condenan a pagar préstamos de casi cinco mil millones de dólares (algo así como 800 mil millones de pesos), cuyo usufructo sólo conocieron cuatro grupos económicos.

No vamos a permitir, pues, que esta minoría siga amparando su impunidad con la defensa de un cuerpo constitucional que ni acata ni respeta, que sólo asume como escudo para la injusticia y como mampara de su acción antisocial y antipopular.

Esta demanda armada es también para que se castigue a quienes han desaparecido a 700 compatriotas en menos de dos años (a razón de un desaparecido por día), a quienes asesinan y torturan a los abanderados del cambio; a quienes causan el éxodo forzoso de campesinos porque les están bombardeando sus propiedades en un intento vano de aniquilar la esperanza democrática; a quienes se ensañan en los jueces para impedir el pago de sus culpas.

Esta demanda armada es por el pueblo, para que salga a relucir la verdad; verdad que han escondido, verdad que tienen secuestrada quienes monopolizan la información y hacen la guerra de la tergiversación, la mentira y la calumnia contra la paz.

Esta demanda es para que la palabra armada no permita que la mentira del informador oficial siga ofendiendo a la palabra del hombre inconforme, en vano esfuerzo por hacerla inocua e inofensiva.

El Diálogo Nacional, concebido como instrumento de participación democrática, fue amordazado; y la oligarquía –envanecida por la supuesta fuerza de su ejército– pretendió ocultar su traición tras un vacuo monólogo. Pero el pueblo no olvida los términos del compromiso asumido de cara al país: “Como parte esencial del presente acuerdo, se convocará a un Diálogo Nacional en el que participen, con plena representatividad, las distintas fuerzas del país. Ese gran debate político tendrá por temas centrales: la discusión y desarrollo democrático de las reformas políticas, económicas y sociales que requiere y demanda el país”.

Por eso, invocamos a Rafael Uribe Uribe, y decimos: “Lo que ayer fue una simple petición pacífica, hoy es una demanda a mano armada…”

Honorables Magistrados, ante ustedes están los hechos acusatorios. Un pueblo que acude ante quienes ha investido de poder y ha constituido como tribunal superior, espera su concurso para que se declare la verdad; y está listo para hacer justicia, justicia.

4.1 Acusamos al gobierno de minorías de Belisario Betancur de firmar el acuerdo de cese del fuego y Diálogo Nacional con actitud dolosa y mal intencionada, abusando de la confianza de la nación y deshonrando su alta investidura.

Monseñor Darío Castrillón afirmó hace algunos meses, al término de una reunión del CELAM, que era tal el enajenamiento y abandono de la paz por parte de la clase dirigente, que muchos desconocían el texto y contenido de los acuerdos. Tal sindicación le cabe, en primer lugar, al Presidente de la República, con el agravante inexcusable que ello implica y lo inadmisible que resulta. El 20 de julio de 1985, Belisario Betancur afirmó en el acto de apertura de sesiones del Congreso: “Se acordó un período de tregua, cuyo significado es básicamente la suspensión de hostigamientos, hostilidades y agresiones contra las Fuerzas Armadas por parte de los insurrectos. Esto es así porque en la defensa de la democracia y de las instituciones, ni el Gobierno ni las Fuerzas Armadas pueden permitirse tregua alguna”.

He aquí, de cuerpo entero, el desconocimiento de los acuerdos de agosto de 1984, y la decisión de militarizar la tregua desde el momento mismo de su firma. Porque contrariamente a lo anterior, en aquella ocasión el gobierno firmó:

“Orden Presidencial: el señor Presidente de la República, en la oportunidad debida, ordenará a las autoridades civiles y militares bajo su mando, la suspensión de todas las acciones que, en guarda del orden público, han venido adelantando contra el partido Comunista de Colombia (M-L), el EPL y el M-19, como organizaciones, así como contra las personas que las integran”.

El cinismo de esta traición es inconcebible. ¿Podrá argumentar Betancur que no sabía que los acuerdos de cese del fuego son forzosamente bilaterales? ¿Cómo es posible que haya olvidado que él mismo, en calidad de comandante de las Fuerzas Armadas se comprometió a ordenar la suspensión de las acciones de persecución y represión contra nuestras organizaciones y sus integrantes, en tanto fuere vigente el acuerdo?

La concepción expresada el 20 de julio explica las múltiples violaciones del ejército al cese del fuego: sencillamente para las Fuerzas Armadas y para el Gobierno no existían obligaciones. La tregua para el gobierno y el ejército era unilateral, era nuestra; entonces, ¿para qué Comisión de Verificación?

La respuesta la da el mismo Presidente, quien también niega los objetivos con los que se comprometió. Su discurso ante el Congreso ya no se refiere al propósito de cesar los enfrentamientos para sentar las bases de las reformas necesarias, sino que afirma que la intención fundamental era la derrota y el aniquilamiento del movimiento guerrillero: “La finalidad última y esencial que el Gobierno ha perseguido cuando trata con la subversión, es procurar su desarme con todos los sentidos de la palabra: su desarme político, su desarme moral, su desarme material”.

La decisión de aniquilar a los movimientos populares alzados en armas no puede ser más evidente. Por tanto, y con base en la declaración del propio acusado, queda clara la mala fe y el engaño contra la nación en que incurrió el Gobierno en el momento de la firma del acuerdo.

4.2 Acusamos al gobierno de impedir la expresión y participación ciudadana en la búsqueda de soluciones políticas negociadas a los profundos antagonismos sociales que vive la nación colombiana y de promover la guerra fratricida.

Así como se materializó la tregua, así como se desconocieron los pactos de cese del fuego, el elemento esencial del acuerdo –el Diálogo Nacional- fue impedido, burocratizado y hecho caricatura. En este sentido es justa la afirmación del Procurador General de la Nación, cuando contrasta la actitud de la patria en armas con la del Gobierno:

“Hay un vacío inmenso por la falta de interlocutor ante los reclamos insistentes de la sociedad nueva en el proceso de pacificación… (…) los que tienen las barajas completas de los poderes por repartir no están participando en el Diálogo, que no es una tertulia sino un proceso de negociación, en el cual no hay dos partes sino únicamente la que reclama y ninguna que responda si acepta o no las propuestas transformadoras de la sociedad”.

La tertulia que fue lo proyectado como un Diálogo Nacional, comenzó seis meses después de firmado el acuerdo, ya desfigurado el propósito inicial y sustraído de la participación plena de la representatividad de las diversas fuerzas sociales del país.

El Diálogo, que debía realizarse con la participación de todos, en los barrios, las fábricas, las escuelas, las agremiaciones, las veredas, y en todos los núcleos de vida ciudadana, fue encerrado en fríos recintos de la capital de la República, y con frecuencia, sus promotores fueron agredidos o limitados en su acción por las autoridades competentes. Ello no impidió que en los actos públicos realizados en 450 municipios del país por el M-19 para preparar el Diálogo, el pueblo dejara sentada su voluntad de participación y su entusiasmo de gobierno.

Las comisiones del diálogo, si bien reunieron voluntades progresistas convencidas de la necesidad y justeza del propósito del pacto de Corinto, Hobo y Medellín, no resultaron suficientes para retornarle al Diálogo su carácter de instrumento de participación democrática de mayorías, como se había acordado.

4.2.1 Los términos del acuerdo definen claramente el intento más imaginativo y creador de alcanzar una solución política negociada a los grandes antagonismos sociales y los conflictos político-militares en torno a las legítimas pretensiones ciudadanas de participar en la conducción del destino nacional.

El Diálogo Nacional apuntaba hacia un gran acuerdo nacional según el cual pactaríamos y sentaríamos las bases del modelo de desarrollo político y social más humanista con que se haya pretendido conducir a la nación. De hecho, con el acuerdo, convinimos unos pilares para una nueva manera de gobernar al país.

Tal y no otro es el significado del Diálogo, como instrumento de participación de “las distintas fuerzas del país” para la “discusión y desarrollo democrático de las reformas económicas, políticas y sociales que requiere y demanda el país”, según reza el texto del acuerdo.

Ello supone también la aceptación de que las instituciones vigentes se hallan vacías de pueblo, que su legitimidad está afectada, que en su estrechez no cabe la nación, que no son canales que conducen la voluntad y las demandas populares cuya expresión está, por tanto, asfixiada y limitada.

(Las cifras de la Registraduría Nacional, para este caso, son elocuentes: el volumen de la abstención para la Cámara de Representantes en las elecciones de 1982 alcanzó la escandalosa cifra del 75%. En el mismo año, los liberales movilizaron a 16 de cada 100 ciudadanos en edad de votar, y los conservadores a 9 de cada 100. Así de triste y fría es la soledad del Congreso de la República y de los partidos políticos tradicionales, como instituciones representativas).

De lo anterior se desprende que el acuerdo del 24 de agosto apuntaba, en lo inmediato, a remediar las causas subjetivas de la rebeldía popular, al definir un escenario novedoso para el ejercicio democrático de las mayorías en el terreno institucional.

4.2.2 La decisión minoritaria de impedir la participación democrática de las mayorías, se materializó en hechos de gobierno claramente atentatorios de las libertades ciudadanas entre los que se destacan los siguientes:

-La prohibición del Congreso de la Paz y la Democracia, convocado por el M-19 desde Los Robles, Cauca, y al cual habían aceptado asistir representantes de todas las fuerzas y sectores de la vida nacional, para discutir los caminos de la paz ante la decisión de traicionarla, demostrada por el gobierno al romper el cese del fuego con su ofensiva contra nuestro campamento en Yarumales.

-La prohibición de los Campamentos de la Paz, promovidos por el M-19 en las principales ciudades del país, y que eran una forma novedosa de autogestión en favor del desarrollo comunitario y del ejercicio de los derechos esenciales del hombre.

-La prohibición del Paro Cívico Nacional del 20 de junio de este año, convocado por los trabajadores, que ante el terror ejercido por las fuerzas institucionales, puso a la gente ante la disyuntiva de protestar o combatir contra tanques.

4.3 Acusamos al gobierno de romper la tregua mediante continuas agresiones contra las fuerzas populares alzadas en armas que suscribieron el acuerdo de cese del fuego y Diálogo Nacional. 

En base al espíritu gubernamental reflejado en las declaraciones del presidente Betancur ante el Congreso de la República, el pasado 20 de julio, según las cuales la naturaleza de la tregua era unilateral, el gobierno es responsable de ordenar las siguientes agresiones contra las organizaciones firmantes del acuerdo y sus miembros:

4.3.1 Agresiones al EPL. En la primera semana de septiembre de 1984, el Ejército Popular de Liberación fue objeto de la primera agresión del ejército, y sus fuerzas se vieron comprometidas en combate en Riosucio, Caldas.

Desde entonces, esta organización hermana ha enfrentado numerosos atentados contra sus militantes, al igual que acciones de hostigamiento a sus fuerzas por parte del ejército oficial. No incluimos el detalle de tales agresiones por considerar que debe ser la Dirección del EPL la que allegue dicha relación, la cual solicitamos sea incluida bajo el presente numeral de esta demanda.

4.3.2 Agresiones al M-19

a) Yarumales o el rompimiento de la tregua por parte del Gobierno:

El Diálogo al que todos nos habíamos comprometido, no sólo enfrentó los efectos de la negligencia agravada del Gobierno, sino la deserción del Congreso, el alto clero, los partidos tradicionales y los gremios. Pero no del pueblo, que manifestó su entusiasmo y adhesión en todos los actos preparativos del Diálogo, convocados por el M-19. Al igual que en Corinto y El Hobo, cuando firmamos el acuerdo, las plazas de Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué y otras ciudades fueron escenario de la masiva respuesta popular ante la convocatoria democrática.

Para una clase dirigente acostumbrada a conspirar en salones y pasillos, y con terror al pronunciamiento del pueblo, esta expresión masiva por el cambio rebasó el límite de su tolerancia. Por ello decidió aniquilar a la fuerza garante de ese cambio. Y con argumentos de reconocida falsedad, el ejército cercó y atacó por 22 días el campamento de nuestra Fuerza Militar, ubicado en lo alto de la vereda de Yarumales, municipio de Corinto, Cauca.

Los combates se iniciaron el 11 de diciembre y desde días antes el M-19 había procurado evitarlos denunciando la cercanía de la tropa y demandando la presencia de la Comisión de Verificación. Entre el 11 y el 15 de diciembre, el comandante Álvaro Fayad hace presencia en Bogotá en procura de parar el enfrentamiento; para ello se reúne en varias oportunidades con Bernardo Ramírez, el Ministro de Gobierno, y personalidades de la Comisión de Paz. En su presencia, el Ministro Castro sentencia a Fayad con la disyuntiva: “ríndase o lo aniquilamos”. Y entonces, con la dignidad del colombiano que se debe al futuro de la nación, con la certeza de la fuerza moral y militar que nos asiste y con la absoluta seguridad de que nuestra victoria garantiza la continuidad del proceso de paz y el destino democrático de nuestro pueblo, Fayad marcha a Yarumales a asumir el reto del porvenir.

No pudiendo lograr su objetivo de aniquilamiento rápido –prometido por los altos mandos-, generando un conflicto social y político incontrolable ante el éxodo de campesinos de la región y habiendo sufrido derrotas contundentes e inesperadas, por parte de nuestras fuerzas, el Gobierno negoció con el M-19 la ratificación del acuerdo de Corinto, al cual se incorporaron nuevas cláusulas, el 4 de enero de 1985.

Este nuevo convenio, suscrito por el representante personal del Presidente, Bernardo Ramírez, miembros de la Comisión de Paz, y la Dirección del M-19, contemplaba los siguientes aspectos:

1º. El cese del fuego seguirá regido por las mismas condiciones impuestas mediante el convenio firmado el 24 de agosto de 1.984.

2º. El ejército cesaría hostilidades contra la fuerza guerrillera del M-19 y ésta aceptaría reubicarse en el sitio de Los Robles, Cauca, a cuatro kilómetros de distancia del campamento atacado.

3º. Establecimiento de una línea demarcatoria entre las posiciones del ejército y la guerrilla, para que ésta se desplazara hacia su nuevo campamento, y una vez instalada en él, se evitaran nuevos choques.

4º. Aceptación del gobierno de que la zona de permanencia de la guerrilla no sería considerada zona de guerra y, por tanto, se garantizaba el respeto a la vida civil, el libre tránsito por las carreteras y el libre acceso al campamento del M-19.

La batalla de Yarumales confirmó el salto en calidad que habían dado las fuerzas de la democracia en Colombia. Ahí la derrota del ejército anunció lo que acababan de confirmar los comandantes Fayad y Pizarro en el parte final de la campaña De pie Colombia: donde se paran las fuerzas de la democracia, el ejército oligárquico ya no entrará.

El 5 de enero los términos del nuevo acuerdo ya habían sido violados por el ejército: la detención e intimidación a los campesinos, los retenes militares en los caminos y la permanencia de la tropa en los puntos que se había comprometido a desalojar, denuncian la actitud dolosa y unilateral del Gobierno ante el compromiso de cese del fuego ratificado pocas horas antes.

Por otra parte, el 10 de enero el EPL denunciaba el cerco militar y el hostigamiento a sus fuerzas en Antioquia, Caldas y Risaralda.

b) Los Robles: la provocación oficial.

No habían pasado diez días desde la ratificación del cese del fuego, cuando el Ministro de Gobierno, Jaime Castro, cuestionó el establecimiento de la guerrilla en una zona determinada, contradiciendo una verdad elemental y apenas obvia: una fuerza militar en tregua requiere de un espacio geográfico para vivir, y en tanto fuerza militar reconocida como fuerza beligerante por virtud de los acuerdos con el gobierno y de la voluntad popular, tiene derecho a los aseguramientos necesarios para su defensa, máxime cuando ya ha sido agredida con intención de aniquilamiento. No fue éste el primero ni el único ataque al espíritu del acuerdo pactado, en boca del Ministro de Gobierno, quien planteó, además, la entrega de las armas por la guerrilla, no contemplada en el acuerdo en ninguno de sus apartes.

El 19 de enero el M-19 denuncia el incumplimiento gubernamental, informando sobre la peligrosa cercanía de patrullas militares a su campamento de Los Robles, el control de vías, y el hostigamiento a los habitantes de la región. La militarización se recrudeció en febrero, cuando se impidió el paso de 15 mil personas que deseaban participar en el Congreso de la Paz convocado por el M-19 en Los Robles, lo cual fue una clara demostración a la violación de los derechos de libre expresión, asociación y movilización en el territorio patrio. 

El cerco militar contra nuestro campamento de Los Robles siguió cerrándose después de los días del Congreso. Según informes de la población civil, la intención manifiesta del ejército era condenar a nuestra fuerza a un cerco de hambre, situación que afectaba por igual a los campesinos de la región. Nuestra fuerza militar subsistió con las provisiones que lograron eludir el cerco y gracias al apoyo de la población civil. No obstante, estos esfuerzos costaron la vida de cuatro compatriotas, en Rionegro, el 28 de febrero de 1985.

En efecto, en la noche del 28 de febrero son emboscados y asesinados a mansalva, en uno de los caminos de salida de la población, dos oficiales de nuestra Fuerza Militar -vestidos de civil y desarmados-: los compañeros Guillermo Céspedes y Gilberto Montero, y dos jóvenes, vecinos de Rionegro, que les acompañaban: Edwin Rivera y Jorge lván Medina. Del criminal hecho son testigos los habitantes de esta población caucana, quienes enfrentaron con una airada protesta a los asesinos: una patrulla militar que permaneció toda la noche y parte del día siguiente vigilando los cadáveres de sus víctimas; según informes de la población, existen evidencias que permiten comprobar que tras la emboscada cobarde, fueron rematados Guillermo Céspedes y Edwin Rivera.

Al igual que en los días anteriores, el M-19 exigió -infructuosamente-, ante la Comisión de Verificación, se tomaran las medidas certeras para poner fin a las agresiones. La Comisión, en efecto, viajó a Rionegro el 10 de marzo a investigar los hechos, estableciendo la responsabilidad del ejército al caracterizar la situación como “emboscada contra un grupo de civiles”. El informe jamás se dio a conocer.

c) Prohibición de los Campamentos de la Paz, prohibición de la democracia:

Mientras tanto, en Cali y Bogotá se inauguran los primeros Campamentos de Paz, trabajo para el cual el M-19 destina a cerca de 500 militantes, cuya actuación sería en adelante pública y abierta.

¿Qué eran realmente los Campamentos de Paz? El gobierno, los altos mandos y los informadores oficiales pretendieron dar la imagen de que se trataba de sitios de entrenamiento militar en las ciudades. Lo que realmente querían ocultar eran el carácter y resultado de esta novedosa experiencia. El objetivo básico de los Campamentos de Paz era promover la organización de las comunidades para que éstas asumieran sus problemas y decidieran cómo resolverlos en ejercicio de sus derechos básicos. El problema para las autoridades, la amenaza para las minorías, es que el sólo ejercicio de los derechos básicos por parte de una comunicad decidida a tomar las riendas de su propio destino, implica el enfrentamiento con quienes están decididas a negárselos, empezando por las mismas autoridades.

Así, durante el primer mes, el establecimiento de los Campamentos en Cali significó 120 allanamientos, 60 detenciones y la mutilación de un compañero, quien perdió sus testículos al ser tirado al suelo y abaleado a quemarropa por un agente de los organismos de seguridad del Estado. Este es el hecho real y tangible para las comunidades más pobres: en Colombia sólo se pueden ejercer los derechos consagrados hace 200 años, peleando.

Hoy los campamentos son áreas geográficas y sociales donde las comunidades continúan luchando para hacer valer sus derechos elementales, y para ello cuentan con la fuerza de su decisión y una fuerza militar surgida de su propio seno: las Milicias.

d) El desalojo de Los Robles, nuevo esfuerzo del M-19 por la Paz:

Nuestras innumerables exigencias por que se investigara y controlara el cumplimiento de los acuerdos son inútiles, y ello se explica mejor cuando, el 13 de marzo, las Fuerzas Armadas se adjudican -mediante comunicado del Ministerio de Defensa- el papel de verificadoras del proceso y reiteran que no existe territorio vedado para su acción. Ello se interpreta como el anuncio de nuevos ataques a las fuerzas guerrilleras en tregua.

Esta declaratoria era, de todas formas, innecesaria, ya que ante la imposibilidad de abastecimiento, la proximidad cada vez más peligrosa de la tropa, lo infructuoso de la gestión de las Comisiones de Verificación, la instalación de morteros de 80 y 120 m.m., ametralladoras, cañones y tanquetas en la zona de Los Robles, y con el empeño de evitar nuevos enfrentamientos, se decide el desalojo de nuestra Fuerza Militar del campamento, para buscar una nueva ubicación.

e) Las agresiones oficiales en Pradera y Buga:

La presencia de niños y adolescentes campesinos que buscaron refugio a nuestro lado, ante los continuos atropellos a que eran sometidos por el ejército, imprime nuevas características a la marcha de la patria en armas por los senderos de la montaña. La lentitud con que centenares de combatientes y civiles recorren la cordillera, hace fácil su detección.

Mientras la clase política y los gremios continúan bombardeando y condicionando el proceso de paz a la entrega de armas por parte de la guerrilla, el 15 de marzo 60.000 personas responden positivamente a la convocatoria del M-19 de realizar un acto de “Desagravio a la Paz”, el cual se efectúa en Bogotá en medio de un estricto control militar. Nuestro comandante Álvaro Fayad declara en la misma fecha que los acuerdos de paz están rotos en virtud de la actitud oficial, y reclama del gobierno no sólo gestos sino hechos de paz.

El 16 de marzo el ejército bloquea un foro convocado por el EPL en Uré, medio San Jorge, y mantiene sus operaciones de control y hostigamiento en el Alto Sinú, San Jorge y sabanas de Córdoba.

Y mientras que la clase política se enfrasca en el debate sobre la entrega de armas y el ejército prepara sus nuevas ofensivas, el 26 de marzo se reúnen en México Bernardo Ramírez, Carlos Jiménez, Gabriel García Márquez y Álvaro Fayad. El gobierno propone al M-19, a través de sus representantes, airear el proceso con nuevos gestos de paz.

Pero a estas alturas del proceso, el problema ya no es de gestos porque el 30 de marzo -mientras el Presidente prepara un viaje al exterior y el Comandante del Ejército anuncia un “plan presencia para luchar contra la subversión apátrida y anarquista”- en Pradera, Valle, se ha lanzado una nueva ofensiva contra las fuerzas del M-19 acampadas en ese municipio. El 31 de marzo los combates se intensifican y extienden hasta Palmira.

En un intento por salvar la tregua y posibilitar los desarrollos del Diálogo, el comandante Carlos Pizarro se compromete con el doctor Álvaro Leyva, de la Comisión de Verificación, a cesar el fuego y buscar una nueva ubicación para nuestras fuerzas.

En vísperas del 19 de abril, aniversario del M-19, el ejército militariza las principales ciudades del país, y la capital vallecaucana es copada totalmente. No obstante, el 19 de abril transcurre como un día cívico: los niños de Cali no van a la escuela y el comercio abre parcialmente. En la plaza de San Nicolás se celebra una gran fiesta popular, desafiando la presencia amenazante de la tropa y sus tanquetas, y en el resto del país de celebran otros actos políticos.

El 30 de abril se producen combates en Tierra alta, Córdoba, entre el EPL y el ejército.

A comienzos de mayo se cierra un nuevo cerco militar contra las fuerzas del M-19 en el Valle. El 7, el ejército ataca nuestras posiciones en el sitio de La Magdalena, municipio de Buga. Su objetivo es lograr la retirada de nuestras unidades para emboscarlas, pero las fuerzas del M-19 no se mueven de su posiciones, ni aún ante la presencia de los helicópteros artillados, uno de los cuales resulta derribado. El ejército sufre varias bajas, y pierde dos ametralladoras, varios fusiles y munición. Dos militares son hechos prisioneros: uno, por estar herido, es confiado a los cuidados de una familia campesina de la zona, y se inician gestiones para la entrega del segundo, el soldado Eugenio Beltrán Riascos. (Tal vez interese saber a los Honorables Magistrados que dicho hombre ha permanecido por cinco meses como prisionero de guerra, a pesar de los continuos esfuerzos que hemos realizado para entregarlo en condiciones que garanticen su integridad personal y moral. La misma situación se repite cuando, el 1º de octubre del año en curso, tras el asalto realizado por unidades nuestras contra el campamento de una patrulla militar adscrita al Batallón Caicedo, quedan retenidos los cabos segundos Iván Alarcón y Luis Eduardo Mendoza, y los soldados Blas Calderón y Heber Sotero. Los altos mandos niegan inicialmente que existan prisioneros, y ante las pruebas presentadas por nosotros a través de los medios de prensa, los abandona a su suerte, negando su autorización para que representantes de organismos humanitarios suban a nuestro campamento a recibirlos).

La Comisión de Verificación no llega a la zona en conflicto y se atiene a la información del ejército, perdiéndose totalmente de sus objetivos y razón de ser, porque su gestión se reduce a justificar la agresión oficial. Se argumenta que el M-19 ha derribado un helicóptero que estaba recogiendo heridos, y que se ensaña en sus ocupantes y los masacra. Dos meses después de haberse dado a conocer esta versión falsa de la realidad, serán los mismos comisionados –Monseñor Darío Castrillón, Álvaro Leyva, y Cornelio Reyes- quienes la rectifican públicamente: ante ellos ha confesado el general Molano sobre la actitud ofensiva de los helicópteros y el trato humanitario que recibieron los militares heridos, tras el combate, por parte de nuestras fuerzas. Si bien reconocemos en esta rectificación pública el sentido del deber de tales comisionados, consideramos que se dejó impune el cinismo demostrado por los altos mandos al tergiversar y calumniar el talante de la nueva moral y la nueva ética que muestra la patria en armas con sus hechos por humanizar esta guerra. En todo caso, en aquel momento el país desconoció los hechos y la agresión prosiguió su curso amparándose tras la calumnia. El 17 de mayo, mientras seguían los combates, el comandante Gustavo Arias ratifica ante la prensa nuestra decisión de persistir en los esfuerzos por el desarrollo del proceso de paz según los términos del acuerdo de agosto.

Gustavo Arias hablaba con la autoridad moral y militar de jefe de un ejército que estaba derrotando la agresión de su adversario y fortaleciéndose en el combate para defender su concepción y una manera de solución al conflicto social y político, que no era otra diferente a la planteada en el acuerdo de cese del fuego y Diálogo Nacional.

Su voz no encontró interlocutores en el Gobierno, y siguieron los enfrentamientos. El 21 de mayo fue detenido el comandante Antonio Navarro, miembro de la Comisión Nacional del Diálogo del M-19, junto con dos compañeros, cuando se dirigían con un grupo de periodistas hacia La Magdalena, para la entrega del soldado detenido. Navarro y los otros fueron puestos en libertad, del Batallón Palacé, en la madrugada del 23 de mayo y pocas horas después nuestro tercer comandante es herido -con otros cinco compañeros- y pierde su pierna izquierda como consecuencia del atentado realizado por elementos del B-2 del ejército.

Nuestros compañeros identificaron a uno de sus agresores entre el personal que apostaron los organismos de seguridad del Estado en el Hospital Universitario de Cali, donde eran atendidos, y aunque formularon la denuncia, el procurador regional se negó a consignarla y darle trámite, como era del caso hacer. 

Vale señalar que nunca tuvo aplicación alguna el ordinal C de la postdata del acuerdo del 24 de agosto, según el cual el gobierno definiría “los criterios y procedimientos encaminados a garantizar la seguridad de los representantes del M-19 y del EPL designados para participar en los actos públicos y deliberaciones del Diálogo Nacional”.

El 29 de mayo el ejército impide, por tercera vez, la entrega del soldado detenido y sigue obstaculizando la presencia de la Comisión de Verificación en la zona del conflicto. Así, finaliza mayo y comienza junio con intensos enfrentamientos en el Valle y con el éxodo de campesinos, ante el bombardeo indiscriminado que practica el ejército en las zonas de combate. El 9 de junio se produce la batalla de Pichichí, en la que tropas de los batallones José Hilario López, Pichincha, Palacé, San Mateo y Colombia, enfrentaron la decisión de los hombres de la democracia, dispuestos a defender con sus vidas la causa de la paz y la dignidad.

En este combate mueren tres compañeros nuestros y otros tres resultan heridos; el ejército, por su parte, tuvo 7 muertos y 10 heridos. Tal es el saldo registrado en el combate, pero no el único, porque la locura oficial se manifiesta en el desespero en el campo de batalla y ese día se demostró con la matanza de bañistas en los ríos Guavas y Guavitas, de trabajadores del ingenio Pichichí, y el incendio de cañaduzales en la zona, por parte de los efectivos del ejército.

Hasta aquel momento, las fuerzas del M-19 no habían realizado ni una acción ofensiva que no se correspondiera con las necesidades de defensa, impuestas por la constante agresión oficial.

Empeñados como estábamos en consolidar el Diálogo Nacional como instrumento de un gran acuerdo nacional para solucionar nuestros conflictos por las vías de la participación y la negociación, aguantamos todas las agresiones: aguantamos el asesinato de Carlos Toledo, la emboscada contra Carlos Pizarro y los integrantes de la columna bajo su mando horas antes de la firma del acuerdo, el intento de asesinato contra Navarro y otros cinco compañeros, las detenciones, desapariciones y torturas contra numerosos compañeros y sus familiares, y la misma agresión militar contra nuestra fuerza.

Y desafiamos al gobierno, a las Fuerzas Armadas, a que presenten pruebas de un solo hecho, uno solo, violatorio del acuerdo en el que haya estado comprometida cualquier unidad del M-19. Simplemente no hubo ninguno, y así llegamos hasta los preparativos del Paro Cívico Nacional, convocado como acto de protesta de las clases trabajadoras contra la política del mal gobierno.

Los colombianos asistimos entonces al espectáculo aberrante de un Presidente que, primero, apoyó el derecho de la protesta que asiste a cualquier ciudadano, y a sólo tres días de haberlo declarado así, lo prohibió. No sólo eso: militarizó el espacio de la protesta social; se ocuparon militarmente las calles, los parques y los barrios. Y no se trataba de una ocupación cualquiera sino una que se corresponde a la decisión de aniquilamiento con que un ejército le disputa el terreno a su enemigo. Esta fue la confirmación de que no existía voluntad de realizar la paz con las mayorías y de la naturaleza antinacional del ejército oficial, así como de su condición de ejército de ocupación.

Ante este hecho, ya no de ataque contra nuestros militantes o estructuras, sino de clara y directa agresión contra el pueblo-nación –al que se le puso manos arriba– y teniendo en cuenta la violación sistemática de la tregua, exhibida de cuerpo entero desde el momento mismo de su firma (concordante con las declaraciones que hizo el Presidente cuando se atrevió a declarar ante el Congreso y la nación lo que había asumido desde mucho antes) definimos cesar en nuestra actitud defensiva y asumir una actitud ofensiva contra ese gobierno de minorías y su ejército de ocupación.

Así lo declaró, en nombre del M-19, el comandante Carlos Pizarro, el 21 de junio del presente año. Lo que hicieron entonces los enemigos de la paz fue reafirmar la mentira oficial con que se ha pretendido confundir a la opinión pública. Falsearon las declaraciones de Pizarro y mostraron al M-19 retractándose de su decisión de respetar una tregua que desde seis meses antes no existía, de una tregua que el mismo Presidente declaró luego que nunca existió. Y ante su incapacidad de vencernos en el campo de batalla, pretendieron vencer a las fuerzas de la democracia con el manejo vil y calumnioso de una guerra de información contra la paz al tiempo que proseguían sus vanos esfuerzos por aniquilar a las fuerzas garantes de este proceso.

Muchos sectores de la opinión pública desconocen la realidad de las campañas victoriosas en las que se ha consolidado el ejército de la democracia; desconoce los crímenes perpetrados por las fuerzas oficiales en las zonas de conflicto; y desconoce la realidad de poblaciones enteras de los barrios marginales y de las veredas campesinas que hoy combaten victoriosas engrosando las filas de la patria en armas. Finalmente, se desconoce la irresponsabilidad absoluta del Gobierno y los altos mandos frente a sus subalternos y frente a la población civil de las zonas rurales bombardeadas y saqueadas en nombre de la nación.

Que el ejército revele la cifra real de muertos y heridos que ha sufrido. Que confiese la identidad de los numerosos cadáveres que exhibe como guerrilleros muertos en combate, de quienes nosotros tenemos la certeza –cómo no– de que no lo son. Que el Gobierno explique por qué pretendía abandonar a los once heridos que tenían en La Virgen declarándolos muertos, y por qué tanto interés de su Ministro de Defensa en dejar a su suerte a los prisioneros de guerra por el ejército de la democracia.

La respuesta es obvia: su fracaso. Porque esta guerra la están perdiendo ellos –los representantes de las minorías– y hoy se erige una fuerza de mayorías que convoca a la patria entera a desterrar para siempre a los malos gobernantes e imponer desde el gobierno la voluntad nacional.

La tergiversación informativa es la trinchera contra la palabra de honor, y sólo produce caos. Esta guerra nos forzaba al reto más imaginativo y creador por que triunfara la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Y la sabiduría popular nos indicó que se necesitaba un tribunal como escenario. La guerra de la información contra la paz nos hizo parir esta decisión y, por eso, aquí estamos. 

Exigimos que comparezcan en este Juicio los miembros de la Comisión de Verificación –que constataron personalmente las calumnias que, como pretexto, inventaron el Ministro de Defensa y el Estado Mayor de la III División del ejército -con el aval del Presidente de la República- para ejecutar el aniquilamiento de las fuerzas garantes del proceso de paz. Que se hagan públicas las actas levantadas por esta comisión. Y que declaren públicamente quienes en ella han participado lo que, desde Yarumales, ellos saben: quién rompió la tregua.

4.4 Acusamos al gobierno de implementar una política económica y social en contravía a cualquier propósito de paz, de incitación a la sublevación popular y de entrega de la soberanía nacional.

La estafa social del gobierno. A los clamores de cambio, salud, educación, empleo, servicios públicos, tierra, el Gobierno respondió con el argumento tramposo de la paralización de la economía y con promesas materializadas en exiguas obras que no se corresponden con las inmensas posibilidades materiales de la nación.

Haciendo caso omiso al compromiso de concertar soluciones a los problemas del país, el 18 de septiembre de 1984, el señor Betancur dio a conocer su determinación de acogerse a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional. Olvidar cualquier preocupación por el bienestar social, por la redistribución del ingreso y por la reactivación de la economía, son algunas de las tantas causas que agigantan las angustias del pueblo colombiano.

Esta es plena prueba, entiéndase, de que el gobierno no tenía ningún interés en cumplir con lo pactado, y lo único que le quedó de su famoso “propósito de paz” fueron los discursos retóricos del Presidente incapaces de ocultar una gran verdad: no cumplió. 

Pero el incumplimiento del Gobierno, su ausencia absoluta de voluntad para aliviar las angustias sociales del pueblo colombiano, abrió las puertas para que las nuevas mayorías se planteasen la necesidad de avanzar en la elaboración de un Plan Nacional de Emergencia, el cual muestra al país nuevos modelos de desarrollo económico-social susceptibles de ejecutarse con un gobierno realmente comprometido con la paz.

Con esta nueva voluntad de gobierno y de paz se pueden implementar -respetando la libertad de la inversión privada, pero con autoridad y herramientas suficientes para hacer cumplir la disposición constitucional que establece la función social de la propiedad privada- medidas radicales que reactiven la industria y la agricultura, y pongan en términos positivos el crecimiento de la producción nacional que, para este año, se espera sea 50% inferior al crecimiento registrado en 1984.

El país no puede seguir transitando por los caminos de la recesión y el desempleo. Cerca de dos millones de colombianos en edad de trabajar carecen de empleo y la esperanza que les ofrece la política de las minorías es el aumento en un 18% de la tasa de desempleo.

Y no podemos olvidar otras recetas del FMI referentes a la disminución de los salarios y el encarecimiento del costo de vida. Con el tope de aumento del 10% para los salarios, el gobierno y los empresarios están imponiendo la disminución de una cuarta parte del consumo familiar de las clases trabajadoras. Y la inflación -que fue del 18% en 1984- se anuncia superior al 26% para 1985.

Un gobierno de paz acogería las propuestas de las centrales sindicales de aumento salarial por encima de los índices de la inflación, de reforma de la tasa distributiva del ingreso en favor de la población de menos recursos, y la racionalización del gasto público. 

Hoy es vergonzoso el estado deplorable de los hospitales y centros de salud, a punto de cerrar sus puertas por el recorte en el presupuesto y el déficit permanente de 19 mil millones de pesos que mantiene el Gobierno. Contrasta esta reducción de los gastos de salud con la compra de cuatro corbetas CFV-1500 equipadas con misiles, cuyo sólo costo unitario cubriría el déficit de todos los hospitales del país.

De igual manera, la aplicación de la medidas fondo-monetaristas ha significado la reducción de la participación del gasto en educación, que pasó del 22 al 21.6%. Y así mismo, significan la no inversión en las entidades que prestan servicios públicos, aplazando para nunca la solución al problema de agua potable de 10 millones de ciudadanos que carecen de este servicio, y al de 16 millones que no se benefician del servicio de recolección de basuras.

No menos importante es la respuesta que esperan más de 9 millones de colombianos que conforman nuestra población campesina. 200 mil cabezas de familia no poseen tierra, 527 mil tienen parcelas medianas, y 415 son dueños de porciones ínfimas. Este desequilibrio en la propiedad territorial agraria es la causa de las tomas de tierra realizadas por unas 12.500 familias en los últimos tres años, con un saldo de 400 campesinos asesinados, más de 500 heridos, y cerca de un millar de detenidos, además de las pérdidas sufridas en términos de quema de viviendas, daños a los cultivos y destrucción de mejoras. Así responde el Gobierno de “mano tendida” a la exigencia de la Reforma Agraria, al clamor por la distribución equilibrada del crédito, a las necesidades de salud, educación y vías para el agro. 0 en el mejor de los casos, promete, promete, promete -como a los campesinos que marcharon sobre Cartagena desde el sur de Bolívar- pero incumple, incumple, incumple.

La entrega de la soberanía. Un gobierno de paz no puede poner los recursos de la nación en función de los intereses de la banca internacional, a costa del sacrificio y la imposición de altos costos sociales.

Jamás podrá haber un gobierno de paz cuando se entrega el manejo económico de nuestros recursos, porque ello no es compatible con la sed de justicia social. Las recetas del FMI y su alto costo social, implican la agudización de los antagonismos sociales que, en los países como el nuestro, tradicionalmente se intentan resolver con el autoritarismo estatal y la militarización de la protesta social. En este terreno no cabe ninguna posibilidad de apertura política. Qué espacio dejó el gobierno a la Paz?

Por las características de nuestra deuda externa, no existe ninguna razón para haber acogido las condiciones del FMI con las cuales el gobierno permitió que se hipotecara la nación hasta más allá del año 2.000.

El Gobierno parece creer que Colombia son los cuatro grupos económicos que acapararon, según palabras del exministro Junguito, el 80% de los 4 mil millones de dólares a los que ascendía la deuda externa privada en 1984. Mientras la nación sufre los efectos que genera este compromiso, se salen con la suya los Santo Domingo, los Ardila Lulle, el Banco de Colombia y el Banco de Bogotá. ¿Por qué razón tenía que salir el Gobierno -administrador del dinero de todos y de los recursos de la nación- a comprometerse por una deuda de particulares, contraída por los malos manejos de las empresas, cuando gran parte de esos dólares ni siquiera se invirtieron en el país, sino que engrosaron las cuentas de unos cuantos en el exterior?

Todos los colombianos deben saber que la deuda externa era de 11 mil millones de dólares -aproximadamente dos billones de pesos- a diciembre de 1984. La deuda externa pública es de 7 mil millones, y la deuda de los empresarios y financistas particulares es de 4 mil millones de dólares.

Más aún: la deuda pública tiene plazos más largos de pago, de manera que quienes tienen la soga al cuello con la banca internacional son los cuatro grupos económicos mencionados y no el pueblo ni el gobierno. Sin embargo, el Gobierno -como siempre- se apoyó en las minorías, decidió en favor de ellas, y aceptó las condiciones antinacionales y antipopulares del FMI.

Tampoco desconoce la nación que el 65% del total de la deuda externa pública ha sido invertida en ocho proyectos hidroeléctricos. Fuentes oficiales estiman que la mitad de esos dólares se perdieron en fallas administrativas, despilfarros o simple malversación de fondos. Y esta situación se repite en otros proyectos de incuestionable valor para nuestra economía: la revista de la Contraloría de la Nación señala, por ejemplo, que Cerrejón Centro -uno de los proyectos de explotación energética- tiene una pérdida de 1.500 millones de dólares por improvisación.

Los colombianos entendemos perfectamente por qué y para qué cada familia debe a los organismos de crédito internacional 500 mil pesos (a 1984), lo que equivale a 38 salarios mínimos, y al ritmo de la actual devaluación, para 1987, una deuda de más de un millón de pesos por familia.

Sólo un nuevo gobierno comprometido con la paz podrá decir con orgullo de colombiano a todos los acreedores, sí vamos a pagar, pero a nuestra conveniencia, sin el sacrificio de la colombianidad. De esta manera, con los dos mil millones que tenemos que pagar anualmente, en dos años, podríamos satisfacer la necesidad inaplazable de los servicios de agua y alcantarillado para los compatriotas que carecen de ellos.

La nacionalidad mancillada. Hoy, nuestra América, el continente más joven, se acerca al sueño bolivariano de constituirse como la nación-esperanza de la humanidad. La unidad continental se afianza, en tanto sus pueblos asumen la vocación democrática como destino y razón de sus luchas.

No estamos hoy ante la falsa disyuntiva de gobiernos civiles o gobiernos militares. Estamos ante una tarea más imaginativa: gobierno de democracia, gobierno de mayorías, capaces de construir la patria grande y aportar a la constitución de un nuevo orden económico internacional así como de formas novedosas de convivencia de los pueblos y los gobiernos del mundo. 

El pueblo peruano ha empezado a demostrar que este sueño es posible; y el Gobierno de este país hermano es hoy un eslabón decisivo de la fuerza de la autodeterminación continental frente a las pretensiones impositivas del gobierno norteamericano.

A los colombianos nos toca, en cambio, asistir perplejos al espectáculo que protagoniza Betancur en Washington, en abril de este año, cuando -además de hipotecar nuestra soberanía- sirvió de mensajero a Reagan. Antes de llegar a la capital estadounidense, nuestro Presidente recorrió cinco países latinoamericanos, para hacer las veces de portavoz de la voluntad continental de autodeterminación. Sin embargo, al abandonar Washington, aceptaba la condición de portavoz de Reagan con un mensaje que desconocía la legitimidad del gobierno sandinista y los esfuerzos de paz de Contadora. Y como Pilatos, hizo el mandado y se lavó las manos.

También, en manos del Pilatos de Contadora, nuestra nación perdió la facultad indelegable de administrar justicia -elemento esencial de soberanía- por efecto del servil convenio celebrado con la OPIC, el 3 de abril, según el cual las controversias entre el gobierno colombiano y las empresas norteamericanas serán sometidas a un tribunal de las multinacionales. Así se mancilló la soberanía, ya afectada con la aprobación del acuerdo de extradición con Estados Unidos, y la dirección de la DEA en la manera de enfrentar el narcotráfico.

El futuro de América Latina no descansa en los gobiernos “civiles” ni en los Pilatos. Está en las fuerzas sociales que empuñan el mañana, en los pueblos, en los gobiernos de democracia y nacionalismo erigidos como muros contra el dominio norteamericano.

Rearme en la tregua. De un gobierno de paz no se puede presumir sino la reducción de los gastos de guerra, de los gastos de defensa -a menos que la soberanía nacional esté siendo agredida-, para hacer una mayor inversión en las exigencias y necesidades sociales de la nación. Una actitud distinta, mínimamente crea sospechas.

En nuestro país la sospecha se hizo certeza: el gobierno de Betancur aumentó el pie de fuerza del ejército en más de cinco mil hombres; y la deuda pública externa en defensa aumentó en un 80% entre enero de 1983 y mayo de 1984. Para esta fecha, la deuda externa pública en defensa era de 564.200 millones de dólares.

El CONPES autorizó para la compra de armamento y equipo militar, en esos 17 meses, una suma de 454 millones de dólares. En el mismo lapso, el flujo neto total de créditos no excedió de 1.200 millones de dólares, lo que significó que el 37% de los mismos estuvieron destinados para que el ejército se rearmara en la tregua.

El Departamento Nacional de Planeación estudió y dio trámite a 19 solicitudes de crédito externo del gobierno, entre junio de 1983 y julio de 1984, por la suma de 865 millones de dólares; de ellas, 14 solicitudes pertenecían al crédito militar externo, al que correspondió más del 50% de esa cifra.

¿Con qué moral, con qué dignidad se atreve Betancur a firmar en Lima una declaración con el presidente García en la cual se compromete a “la reducción equilibrada de los gastos militares y la asignación de mayores recursos para el desarrollo socioeconómico de sus países”? ¿Cómo es capaz de afirmar lo anterior si la deuda externa en educación y salud, a febrero del 84, era de 204 millones de dólares, la primera, y 184 la segunda, y la deuda externa militar las triplica y duplica respectivamente? ¿Acaso de esta manera pensaba abrir las puertas de la paz?

Todo lo contrario. La absurda austeridad que el Gobierno exigió al pueblo colombiano, negándole derechos básicos de la vida, no existió para siembra de la muerte en sus preparativos de guerra. Las informaciones del Pentágono permiten calcular que en la primera mitad de 1985 se formalizaron compras de armamentos que equivalen a 500 millones de dólares.

Además de las cuatro corbetas -que costaron 120 millones de dólares-, se adquirieron en este último periodo 26 aviones de entrenamiento, 12 aviones de caza, 6 aviones turbo, 60 vehículos cascabel y 40 blindados (100 tanques), 19 helicópteros, cañones de 105 m.m., 240 fusiles G-3, 134 subametralladoras, y se contrataron dos guarda-costas y 4 aviones Hércules para el transporte de tropa.

Basten un par de ejemplos de urgentes necesidades sociales que hubieran podido ser satisfechas con esos recursos, si hubiesen tenido otra destinación: los tanques que se compraron son más costosos que un programa de vivienda sin cuota inicial en la ciudadela 20 de Julio de Barranquilla; los 75 mil millones de pesos de las últimas compras de armamento coinciden en números con los 72 mil millones de pesos que, según el senador William Jaramillo, fueron recortados a los programas sociales. 

Por eso, no es del todo extraño que el Presidente elevara a la condición de “Ministro de la Paz” al ejecutor de las torturas que ultrajaron la dignidad nacional y a las mismas Fuerzas Armadas en su honor militar. Hoy, sobre el Ministerio de la Defensa pesa una sentencia judicial proferida por el máximo tribunal contencioso administrativo, donde se le señala como el responsable de torturas y violaciones de la ley, por acción u omisión, en el desempeño de sus funciones como Comandante de la Brigada de Institutos Militares en la época en que ocurrieron los hechos que se sancionan. Hoy el Presidente es omisivo en el ejercicio de sus funciones al mantener en el rango de Ministro a un hombre sentenciado de violar la ley.

Que muestre Betancur un solo hecho de paz. Que diga cuál puerta dejó abierta a la concordia nacional.

La represión: contra el derecho a la vida. El presidente que prometió que no se derramaría una gota de sangre colombiana, tiene que admitir su responsabilidad por los ríos de sangre que hoy recorren el suelo patrio. Durante el actual gobierno ha permanecido impune la acción de los grupos paramilitares sobre cuya identidad y origen nos ha informado la Procuraduría; permanecen sin castigo los asesinatos de quienes, como Carlos Toledo, los padres Irne García y Daniel Guillard abrazaron lo causa de las mayorías; nadie da razón de los cientos de “desaparecidos”, previamente detenidos por agentes del Estado, ni de los NN que tan sólo en el Valle, aparecen a razón de uno por día.

Acciones criminales, como la masacre del Bagre o los hechos violentos de López Adentro, así como el asesinato de prisioneros en condición de indefensión, son practicadas a plena luz, frente a la ciudadanía, ya en las calles de Bogotá o en las poblaciones de la cordillera, por las llamadas fuerzas del orden. Los allanamientos, detenciones arbitrarias y la prisión para los luchadores populares vuelven a estar a la orden del día. Y frente a la convocatoria del Paro Cívico, la nación se enfrenta a los preparativos de una guerra de un gobierno que desconoce el valor de la palabra empeñada.

Que los informes de Amnistía Internacional, la Cruz Roja, la Procuraduría y de los organismos humanitarios, así como todas las denuncias de violación al derecho a la vida, de justicia y de trato digno al prisionero, sean incorporados en este numeral, como hechos de la presente demanda.

Y que se comparen las cifras de los 1762 detenidos, 282 torturados y 300 desaparecidos del año de tregua de Betancur con las estadísticas del propio Ministerio de Gobierno, según las cuales el índice de la llamada delincuencia política desciende del 1.800% al 23%, en 1984 y 1985, por efecto del patriótico y estricto cumplimiento de las organizaciones populares firmantes del acuerdo de paz.

4.5 Palabras finales

Un rebelde en Colombia, es un intérprete de la comunidad, es el ciudadano abocado a las vías de hecho por la absoluta incapacidad del Estado de satisfacer sus demandas esenciales de ejercer con dignidad el derecho a la vida.

En este país hubo, entre 1983 y 1984, 150 paros cívicos que comprometieron a 116 municipios en 17 departamentos, y que involucraron a 5 millones de colombianos. Entre 1983 y 1985, se han dado 72 paros de maestros y 52 paros de los trabajadores de la salud que involucraron a más de un millón de los trabajadores al servicio del Estado en lo que es la condición del rebelde: las vías de hecho.

En los últimos tres años 12.500 familias -casi cien mil personas- han protagonizado tomas de tierra, y a ello se suman las huelgas estudiantiles, de trabajadores y un sinnúmero de protestas que surgen del desempleo que afecta a cerca de dos millones de colombianos en edad de trabajar.

En otras palabras, siete millones de colombianos, o más, han sido proscritos por unas instituciones en las que no caben las mayorías y, en su condición de proscritos son reprimidos.

Cuando en un país cuya población económicamente activa es de nueve millones, siete están proscritos porque acuden a las vías de hecho, la legitimidad del poder gobernante está quebrada. En este país hay siete millones de rebeldes y la virtud de los demócratas en armas es la de ser conciencia en acto de esa voluntad de rebelión.

Por eso este juicio. No cuestionamos tan solo la pérdida absoluta de la legitimidad de este gobierno, sino también le disputamos el monopolio de la legalidad: para que no se siga haciendo mal uso de unas instituciones con que las minorías esconden su naturaleza antisocial; y porque esas instituciones le corresponden a quienes les asiste la decisión histórica de realizar el sueño de Bolívar en el gobierno que era su ideal.

Qué se le puede objetar a la voluntad y acción de los patriotas que pretenden construir para su país el gobierno más humanista que se haya conocido en Colombia, el modelo de organización social y estatal que sea la verdadera expresión del pluralismo y la concertación: la participación de las mayorías en el ejercicio de los derechos públicos que llevan casi dos centurias de desconocimiento y soledad.

La paz no ha fracasado en Colombia. Nunca se podrá frustrar en un pueblo el anhelo de la justicia social y la democracia. Fracasó el gobierno de Betancur, el gobierno de las minorías, inferior a las aspiraciones de la nación. Tuvo en sus manos las mejores condiciones para hacer la paz; y la mejor plataforma política y humana, pero su indecisión primero, y su negativa después, lo llevaron a traicionar los anhelos de las mayorías.

Hay que sentenciarlo así. El acuerdo de cese del fuego y Diálogo Nacional -esperanza y posibilidad de acuerdo nacional para el cambio- fueron traicionados, y los culpables merecen una sola condena: ser desterrados del gobierno, para que una nueva voluntad -esta sí nacional, patriótica, y democrática- asuma la tarea posible, aquí y ahora, de hacer la paz.

Luis Otero

Andrés Almarales

Alfonso Jacquin

Guillermo Elvecio Ruiz

Ariel Sánchez

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