Editorial | Colombia se manda sola, #28A

En la calle protestan ante el desempleo y porque el poco empleo que hay es informal o está precarizado y es inestable; por la quiebra económica de micro y pequeñas empresas que eran el sostén de familias enteras; contra el sistema de salud que privilegia el negocio antes que la dignidad humana.

En las regiones protestan contra la guerra y el poder mafioso que maneja el poder político, así como por el cumplimiento del acuerdo de paz y las alternativas sociales y económicas que éste supone para miles de familias victimizadas y empobrecidas, azotadas por el conflicto armado.

Las juventudes protestan también por la falta de futuro, contra la brutalidad policial, la deuda educativa o la desfinanciación de la educación superior pública. Otras personas se manifiestan por el dolor que produce la escalofriante cifra de 6.402 asesinatos extrajudiciales perpetrados por la Fuerza Pública, y contra el asesinato de firmantes del acuerdo de paz y de líderes y lideresas sociales

Las razones son muchas, y dan cuenta de una crisis estructural que está asfixiando a sectores populares y «medios» de la sociedad. Una crisis con la que se han beneficiado los banqueros nacionales e internacionales por vía cobro de intereses y alivios fiscales.

Las protestas tienen alcance nacional. Gobierno nacional y gobiernos locales han contestado las demandas con el envío de la fuerza pública, cuyo único recurso es el de la violencia física, sexual y homicida, tal y como lo ponen en evidencia los informes de la Campaña Defender la Libertad, Temblores ONG o Human Right Wacht.

Sobre la violencia estatal, la filósofa y profesora argentina Luciana Cadahia dijo: «En cualquier otro país el número de asesinatos por parte de la policía en la protesta ya hubiera obligado al presidente a renunciar a su cargo. Pero acá en Colombia, un psicópata sin cargos políticos da órdenes a la policía y otros siguen creyendo en su democracia de tecnócratas».

Por su parte, cómo es costumbre, la prensa comercial ha puesto la lente sobre lo que denomina «vandalismo», para deslegitimar el descontento y la rabia social acumulada que deja marcas en las calles y oficinas de bancos y de instituciones.

El Paro Nacional fue convocado por la centrales obreras para el 28 de abril, pero el descontento de gente trabajadora y desempleada amplió el tiempo de movilización y siguió autoconvocándose territorialmente, yendo en contravía de:

i) la iniciativa limitada de la cúpula sindical;

ii) la orden judicial emitida por la magistrada del Tribunal de Cundinamarca Nely Villamizar, que apuntaba a impedir la protesta, hasta que existiese un «protocolo de bioseguridad» o «inmunidad de rebaño»;

iii) cuarentenas y toques de queda y

iv) la pandemia misma, al poner la indignación por encima del riesgo de contagio del Covid-19.

El 30 de abril el Consejo Regional Indígena del Cauca anunció que la «Minga hacia adentro» —convocada por el asesinato de la gobernadora indígena Sandra Peña Chocué, a manos de sicarios pagados por bandas del narcotráfico—, cambiaba su carácter para ser «Minga hacia afuera», para sumarse al Paro Nacional y «gritarle al gobierno» que rechazan de plano su «política neoliberal» y «sus políticas de exterminio físico y cultural». El 1 de mayo la fuerza de la Minga Indígena del suroccidente llegó a Cali, y el 2 de mayo, ante la solicitud de retiro de la reforma hecha por Duque, manifestaron que la demanda real tendría que ser la renuncia del presidente.

El mismo día, en horas de la noche, el presidente Duque aseguró que habría «asistencia militar» a la Fuerza Pública «donde se requiere emplear toda la capacidad del estado para proteger a la población (…) hasta que cesen los hechos de grave alteración del orden público». El 30 de abril, el expresidente Álvaro Uribe, jefe del partido de gobierno, aseveró en un trino que fue eliminado por twitter: «Apoyemos el derecho de policías y soldados de utilizar sus armas» para defenderse a sí mismos, a las personas y a la propiedad.

En redes sociales la ciudadanía mostró preocupación. Por ejemplo, el abogado Ramiro Bejarano afirmó: «Anuncio de última hora de Iván Duque de militarizar ciudades desafía la democracia. Fue lo pedido por Uribe y sus órdenes se cumplen. En vez de militarizar es más fácil retirar reforma tributaria. Agravar situación orden público busca declarar estado de Conmoción interior».

La sobreviviente de la UP y senadora Aida Avella sostuvo lo siguiente: «El presidente Duque al hambre y la pobreza responde con balas y militarización. ¿Cuántos muertos más en Cali, Neiva Bogotá?». Mientras que el profesor Jairo Estrada escribió: «El ‘miedo al pueblo’ llevó a Duque a una respuesta cobarde: la militarización de los centros urbanos, con la eufemística denominación de ‘asistencia militar’. Ni con represión violenta del Estado, se apaciguará el hartazgo y la indignación de la población.»

También han circulado por redes voces de apoyo del sector salud a la movilización social, distanciándose de la suerte de alianza que esperaba construir la prensa comercial en la configuración de una opinión pública que cuestionara la protesta en medio del tercer pico de contagios.

Gran parte de la geografía nacional, rural y urbana, ha visto sus calles y carreteras llenas de pisadas conjuntas de movilización y de gritos de consignas como «Duque Chao» y «Uribe y Duque la misma mierda son, el uno es un paraco y el otro es un huevón», mientras dotan de un contenido popular y contestatario símbolos patrios como el himno nacional, la bandera de Colombia y la camiseta de la selección, como también sucedió en el paro del 2019.