Recurrentemente, en los diálogos que las personas adultas establecemos con niños, niñas y adolescentes surge un interrogante que se presenta de manera superficial y como apertura de una conversación ¿Y tú qué quieres ser cuando seas grande? Si quien responde se encuentra todavía en sus primeros años de vida, la respuesta generalmente está asociada a una profesión revestida de cualidades heroicas y fantásticas: quiero ser astronauta, quiero estudiar tiburones en el fondo del océano, quiero ser bailarina… Si la respuesta proviene de un adolescente, en la mayoría de los casos es cercana a los oficios de sus padres o procura un mejor estatus social. Seguramente, la respuesta tiende a ser más realista cuando la persona que responde se encuentra en su etapa de juventud; quienes tienen mejores condiciones sociales o consiguen un cupo en una universidad pública dicen que ingresarán a la educación superior, quienes no tienen estas condiciones generalmente responden de la misma manera: yo me pongo a hacer lo que me salga.
Ese “me pongo a hacer lo que me salga” resulta bastante problemático en un país como Colombia. Principalmente por el contexto de pobreza en el que vivimos, por las escasas oportunidades de estudio y trabajo que tienen los jóvenes y por las decisiones políticas y económicas que toman nuestros gobernantes.
En el último boletín trimestral del DANE (diciembre 2020 – febrero 2021) las cifras sobre empleabilidad registran una notable disminución en el número de personas jóvenes (ciudadanos entre los 14 y 28 años) que cuentan con un trabajo estable. En términos generales, la tasa de desempleo en Colombia pasó de un 10,5% en 2019 a un 15,9% en 2020, es decir, hubo un aumento de 5,4 puntos porcentuales en el número de personas sin empleo. En el caso de los jóvenes, el desempleo en 2019 fue de un 17,6% y pasó a un 22,5% en 2020. De estas cifras es posible inferir que el grave problema de desempleo que tenemos en nuestro país se acentúa con mayor incidencia en la población joven.
Está problemática no se presenta de la misma manera en todos los jóvenes, hay matices importantes en los diferentes niveles económicos y entre hombres y mujeres. Por ejemplo, mientras que en los estratos altos (4, 5 y 6) el desempleo juvenil alcanza un 19,1%, en el estrato 2 la cifra es de 28,5%, y en el estrato 1 de 26,4%. La diferencia se hace mucho más notoria entre hombres y mujeres: en el estrato 1, por ejemplo, el 36,9% de las mujeres se encuentra desempleado, frente a un 18,5% de los hombres.
Recientemente, en el informe “La inserción laboral de jóvenes urbanos de estratos 1 y 2 en Colombia: un análisis en tiempos de COVID-19” la ONG CUSO INTERNATIONAL realizó un estudio sobre precariedad laboral en Colombia a partir de 8 indicadores: salario, estabilidad laboral, relación de trabajo, protección frente al desempleo, protección en salud, protección en pensión, protección en riesgos laborales y límites de horas de trabajo. Como resultado de este estudio, la ONG puso en evidencia que entre los años 2017 y 2020 en el país el 86,4% de los jóvenes ocupados enfrentó algún grado de precariedad laboral, el 37,6% alta precariedad, el 26,4 % media y el 22,5 % baja.
Podríamos seguir presentando cifras sobre la difícil situación laboral de los jóvenes en Colombia: los tipos de contratos que les ofrecen, el acoso al que se ven sometidos en muchos casos, las condiciones de estabilidad o de calidad de vida con que se encuentran en estos empleos… Pero más allá de presentar cifras, la reflexión que debería preocuparnos tendría que ser sobre la sociedad que estamos construyendo cuando se le niegan las posibilidades de una realización laboral a los jóvenes, y más importante, cuando se destruyen las ilusiones, las expectativas y los proyectos de vida que tienen las personas al ingresar al mundo laboral.
En ese “me pongo a hacer lo que me salga” se le está yendo la vida a los jóvenes en Colombia. Primero porque se ven obligados a aceptar las más injustas y precarias condiciones laborales, y segundo porque al no encontrar ni siquiera una de estas deleznables posibilidades, muchos de ellos terminan envueltos en el mundo de la ilegalidad y la delincuencia, convirtiéndose en objeto de estigmatización social, o en el peor de los casos, siendo asesinados a manos del Estado por tratarse de pequeñas “máquinas de guerra” como los denominaría recientemente el ministro de defensa Diego Molano.
El gobierno colombiano, que es el encargado de garantizar los derechos de los ciudadanos, se hace de la vista gorda frente a esta problemática y en lugar de garantizar el derecho al trabajo para los jóvenes termina siendo participe de la estigmatización y el detrimento de las condiciones de vida digna para las juventudes.
El pasado 04 de abril el senador Iván Marulanda, de la Alianza Verde, publicó un twitt en el que se leía: “Es que oigo y leo jóvenes opinadores señalar con el dedo quién puede ser o no ser presidente, ministro, senador, alcalde, gobernador y me río para mis adentros ¿de dónde estos jóvenes van a saber tanta cosa? ¡Claro que no lo saben! Contaminación ambiental”. Las palabras del senador no solamente desconocen las posibilidades y las capacidades de participación política y de pensamiento crítico de los jóvenes, son además un reflejo del perfil más retardatario y adultocentrista de muchos de los dirigentes políticos colombianos y ponen en evidencia la negación del joven como sujeto de derechos y como protagonista activo de la construcción de país.
Mientras que la vida de los jóvenes, y de los colombianos en general, es cada vez más precarizada por parte del Estado, el gobierno de Iván Duque lanza un nuevo ataque a la clase trabajadora del país con la imposición de una nueva reforma tributaria, que bajo el eufemismo de la Agenda de transformación social sostenible, pretende empobrecer mucho más a los ciudadanos desprotegidos del Estado incluyendo atrocidades como la extensión del IVA a toda la canasta familiar o la ampliación del número de personas que tendrán que declarar renta. Al mismo tiempo, el gobierno Duque se ha gastado más de 27.000 millones de pesos en campañas de publicidad para posicionar su imagen; más de 1.000 millones en el espacio televisivo de Prevención y Acción en el que se hace propaganda a sí mismo todos los días; compra 23 camionetas blindadas por más de 23.000 millones; y pretende gastar más de 14 billones de pesos en la compra de 24 aviones de guerra. ¿Y la inversión social? ¿Y la inversión en empleo? ¿Y el dinero para la deficiente estructura en salud y educación? De eso, nada.
Quizá tendríamos que empezar a cuestionarnos si debemos seguir preguntándole a los niños, niñas y adolescentes qué quieren ser cuando sean grandes y tendríamos que empezar a preguntarnos qué vamos a hacer para que ellos tengan el futuro que se han soñado y cómo lo vamos a construir con ellos.
