Si bien muchos sectores sociales advertimos del retroceso en materia de derechos, libertades y en la construcción de una sociedad moderna que tendría un gobierno como el de Duque, en un mes lo ha evidenciado ampliamente, es un político joven y sin criterio que defiende ideas anacrónicas y anticuadas promovidas por un adicto al poder y su partido, hasta por encima de lo que dice su razón. En el 2009 en una columna en Portafolio señaló:
“Portugal llegó a ‘descriminalizar’ el consumo de drogas producto de las recomendaciones de una comisión de expertos quienes antes que en ideologías se basaron en evidencias e incentivos. Ocho años después, aunque aún hay mucho por mejorar, ha demostrado que su enfoque es correcto y más eficiente que la represión carcelaria” (Duque, 2009)
Enfoque que despenalizó el consumo de sustancias psicoactivas y lo abordó como una problemática de salud pública que requería la atención del Estado, pero hoy ha cambiado de opinión y pretende insistir en una política derrotada en la práctica, como él mismo lo reconocía. Sin embargo, hace caso a la escuadra inquisidora que es el Centro Democrático, en cabeza de su máximo dirigente el hoy Senador Álvaro Uribe y con el eco de hombres como el primo de Pablo Escobar, el senador José Obdulio Gaviria que enarbolan las ideas más retardatarias y conservadoras que se ven sintetizadas en la propuesta de decreto que pretende reglamentar parcialmente el Código Nacional de Policía y Convivencia, en lo referente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas, que tiene en esencia una visión prohibicionista, represiva, policiva y judicial a una problemática de carácter social.
En discusión con mis estudiantes analizando las propuestas de Decreto de Duque y las Sentencias de la Corte Constitucional sobre la dosis mínima, en el marco del proyecto que estamos realizando sobre la prevención y consumo consiente de sustancias psicoactivas en jóvenes del sur de Bogotá, llegamos a la conclusión que Duque se la había fumado verde, por carecer de una mínima comprensión de la realidad y pareciera alucinar al plantear que por vía de un decreto daría fin a una problemática social tan compleja como es el consumo de sustancias psicoactivas. Una estudiante que fue consumidora de manera asombrada decía: “profe, ¿cómo puede ser posible que digan que ahora por un decreto va dejar de fumar la gente o de cargar droga?, eso no va pasar”. En consonancia otra estudiante afirmó : “lo que va suceder es que los jibaros van a cobrar más por la marihuana y va ser más clandestino para que la Policía no se dé cuenta, pero no lo van a dejar de hacer”.
Lo que uno evidencia de estos relatos, es que son medidas que carecen de comprensión de la problemática o siendo un poco más mamerto y maquiavélico, es que a estos sectores políticos les favorece, porque algunos financian sus campañas con el negocio del narcotráfico y de dientes para afuera dicen que quieren proteger los niños, perseguir los delincuentes que venden y de paso debilitar los grupos armados que se financian con el narcotráfico, en la supuesta “lucha contra el terrorismo” y “guerra contra las drogas” dirigida por los Estados Unidos, para vender seguridad a los votantes que siguen eligiéndolos por miedo y solo creen en la violencia, represión y castigo como única forma de dar respuesta a problemáticas sociales.
En conclusión, se requiere que el narcotráfico se mantenga, al igual que sus consumidores y los grupos armados que se financian del narcotráfico, para hacer de ese flagelo uno de sus fortines políticos con un pueblo poco educado, fanático y conservador como el colombiano, que ha naturalizado la violencia y que le gustan las narco novelas. Por otro lado, el dinero del narcotráfico dinamiza la economía colombiana como lo expresó Yezid Arteta en una reciente columna en la Revista Semana, citando a Nacho Carretero, un periodista español: “La mayor parte de la cocaína viene de Colombia, en cuyo territorio se encuentra el 68 por ciento de los cultivos del planeta” y luego en otro fragmento agrega que “Colombia, gracias a la próspera actividad del narcotráfico, quizá nunca llegue a una situación económica extremadamente grave como la que se vive en el vecindario” (Arteta, 2018). Afirmaciones que corroboran que el narcotráfico le sirve a quien vive del negocio, a quien persigue porque le pagan para eso y principalmente a los políticos que prometen que van a acabar con ese flagelo porque el pueblo con miedo los elige, mientras ellos siguen llenando sus bolsillos y manteniendo el poder.
Según las declaraciones de la ministra de justicia Gloria Borrero, en la que gradúa a los padres y madres de Colombia como médicos, psiquiatras, psicólogos ,porque según ella, son los encargados de diagnosticar a sus hijos como adictos, en palabras de la ministra: “su mamá y su papá pueden decir si es adicto” refiriéndose a los jóvenes en particular para que se les decomise cualquier cantidad de droga que porten en las calles y se judicialice a quien tenga más de la dosis mínima, que es según la Ley 30 de 1986: 20 gramos de marihuana para uso personal; la de marihuana hachís que no exceda de 5 gramos; de cocaína o de cualquier sustancia a base de cocaína que no exceda de 1 gramo, y de metacualona que no exceda de 2 gramos. Sin embargo, hay una serie sentencias de la Corte, que no dejan con claridad cuánta es la dosis mínima, porque en sentencias se señala que la dosis mínima es la cantidad que las personas necesitan, como en el caso de un soldado en 2011, que se le confisco el doble de lo permitido pero la Corte señaló que el eje del Estado debe ser una filosofía preventiva y rehabilitadora no punitiva, siempre y cuando se compruebe que es para uso personal, por lo cual salió absuelto el soldado.
Cuando se señala en el inicio del texto que el gobierno de Duque va en retroceso de libertades, derechos y de la modernización del país, es importante hacer un breve recorrido por los avances en el orden jurídico para evidenciar el peligro de la propuesta. En primer lugar, recordar la propuesta de sentencia C-221 de 1994 del Magistrado Carlos Gaviria que contribuyó a la despenalización del consumo y argumentó cómo imponer sanciones por el consumo de la dosis mínima vulneraba la autonomía del individuo y hacía que el Estado decidiera por él, arrebatándole brutalmente su condición ética y cosificándolo, planteando en la Sentencia: “el derecho al libre desarrollo de la personalidad (art. 16 de la Carta), de acuerdo con el cual “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”” (Sentencia No. C-221/94, 1994).
Posterior a la despenalización de la dosis mínima con la Sentencia de 1994, en el en el año 2009, el artículo 49 fue modificado por medio del Acto Legislativo 02 de 2009: “… Toda persona tiene derecho a que se le garantice el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud… el Estado prestará especial atención y desarrollará campañas de prevención contra el consumo de drogas y en favor de la recuperación de los adictos” lo cual expresa que el Estado comprenderá el consumo y la adicción como un asunto médico que requiere de la atención del sistema de salud y no de del sistema penal. Habrá que señalar que esta visión también tiene un avance en dejar de ver a quien consume como delincuente a ser un enfermo, lo cual también genera estigmatización, porque no todos los que consumen son adictos ni fármaco dependientes.
En el 2012 mediante la Ley 1566 de 2012, el Congreso reconoció el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas, como un asunto de salud pública y bienestar de la familia, la comunidad y los individuos. En consonancia a esté enfoque de patologización del consumo, las FARC-EP y el Gobierno Nacional el punto cuatro sobre la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas reconocieron: “el consumo de drogas ilícitas es un fenómeno de carácter multicausal generado por condiciones económicas, sociales, familiares y culturales propias de la sociedad o el medio en el que se desenvuelven las personas que debe ser abordado como un asunto de salud pública” (Acuerdo de paz , 2016, pág. 116) en el que se compromete el Estado a impulsar el Programa de Prevención del Consumo y Salud Pública como parte del acuerdo. Igual habrá que decir que al ganar Duque el Acuerdo de paz empezó a peligrar, como viene sucediendo con los incumplimientos en los diferentes puntos del Acuerdo, comenzando por la reincorporación de exguerrilleros.
Además de la reflexión jurídica, política y económica, con los estudiantes queríamos ir más allá y analizamos cuales podrían ser las medidas a tomar si el prohibicionismo, estigmatización, persecución y penalización del consumo habían fallado, entre otros aspectos que reflexionamos es que los consumidores son el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico, son los soldados que mueren en esta guerra mientras a los políticos poderosos no les pasa nada, que en este caso son los grandes capos del narcotráfico. Entre las medidas que podría tomar el Estado están: legalizar el consumo de sustancias psicoactivas y que el Estado tenga todo el control de la cadena productiva particularmente de plantas como la marihuana, para poder sustituir consumos como el de la heroína que genera síndrome de abstinencia, que ya fue probado en Bogotá, esto podría contribuir a identificar la población que consume para promover acciones de políticas públicas.
En consonancia a lo anterior, las políticas públicas deben tener en cuenta de manera central a quien consume desde su formulación, se hace imprescindible darle voz para poder comprender y no juzgar, una propuesta que emergió en la discusión con los estudiantes fue la del consumo consciente de sustancias psicoactivas, a partir de reconstruir la historia de lo que se va a fumar o ingerir cada persona en su cuerpo, desde los daños globales como sociedad por el narcotráfico y la financiación de la guerra como es el caso de nuestro país, hasta los afectaciones biológicas que puedan generarse en los cuerpos de cada consumidor y pasando por el campo familiar, laboral, escolar, entre otros, para que al consumir sustancias psicoactivas se dé un proceso de concienciación y tengan en cuenta aspectos de seguridad como por ejemplo: no conducir ni mezclar sustancias psicoactivas ni superar las dosis que puedan poner en riesgo la vida.
Por último los estudiantes señalan que están cansados de las piezas publicitarias y mensajes que estigmatizan y que imponen el miedo en los jóvenes; invitan por lo contrario a realizar actividades que los inviten a construir un proyecto de vida y dar alternativas recreativas para evitar el consumo en la que también se pueda involucrar a las familias, comenzar por fortalecer la educación pública puede ser una buena medida. Pero para eso hay que ayudar a los políticos adictos al poder que no quieren que el país avance como los expresidentes: Uribe, Pastrana y Gaviria, el mejor apoyo para estos adictos es no darles un voto más a los políticos que ellos apoyan o seguirán fumándosela verde con propuesta alucinantes como el Decreto de Duque.
Referencias
Acuerdo de paz . (2016). Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz. Bogota.
Arteta, Y. (2018). El hundimiento de la derecha. Revista Semana, 1. Obtenido de https://www.semana.com/opinion/articulo/comparacion-de-ivan-duque-con-juan-manuel-santos-por-yezid-arteta/582077
Duque, I. (2009). Portugal y el consumo de drogas. Portafolio, 1. Obtenido de http://www.portafolio.co/opinion/redaccion-portafolio/portugal-consumo-drogas-121996
Sentencia No. C-221/94 (Despenaizacion de la dosis personal 1994).
___________________________________________________________________
Por: Julián Orjuela Benavides
Miembro de El Enjambre, Investigador e Instructor líder en Salud Pública del SENA, Magister en Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana y odontólogo de la Universidad Nacional de Colombia
twitter: @julianorjuelab https://twitter.com/julianorjuelab
Facebook https://www.facebook.com/julian.orjuela.7923
