#EDITORIAL | Prensa libre ante la fragilidad democrática en Colombia

Son tiempos muy oscuros para el ejercicio de libertades y derechos en Colombia. Nuestra ya conocida fragilidad democrática parece desmoronarse. Transparencia Internacional, Organización No Gubernamental internacional reconocida por la publicación del índice de Percepción de Corrupción, advirtió su preocupación por la concentración de poder en el gobierno, poniendo de manifiesto los vientos dictatoriales que ciernen sobre las instituciones y la sociedad, al contar el ejecutivo con un gran poder de influencia sobre las otras ramas del poder público.

A su vez, más de quinientas organizaciones sociales y no gubernamentales, presentaron un informe pormenorizado denominado El desgobierno del aprendiz – autoritarismo, guerra y pandemia en el que se evidencia cómo la concentración del poder del gobierno, validada normativamente por la excepcionalidad de la pandemia, ha sido un mecanismo para beneficiar además a la banca y las grandes empresas, en detrimento del fortalecimiento de la demanda, con medidas como la renta básica para los sectores populares, o de la oferta con el apoyo de la pequeña y mediana empresa.

A esta oscura trama se conjuga el decidido respaldo del gobierno nacional, su jefe político Álvaro Uribe, y en general, la coalición de gobierno, a la Fuerza Pública y su negativa de reformar la institución, pese a las múltiples denuncias existentes. Según Temblores ONG, solo “entre los años 2017 y 2019, hubo al menos 639 homicidios, 40.481 hechos de violencia física y 241 casos de violencia sexual” cometidos por la Policía Nacional. Y según la Campaña Defender la Libertad y otras organizaciones defensoras de DDHH, las jornadas contra la brutalidad policial, luego del asesinato del abogado Javier Ordoñez, dejaron 11 ciudadanos asesinados, y cientos de personas heridas, no solo por las armas antidisturbios sino por armas de fuego de uso privativo.

Frente a este desolador panorama institucional, las ciudadanías democráticas han mostrado en las redes sociales y han sacado a la calle su indignación ante el autoritarismo y la crisis social, política y económica. Los medios de comunicación tampoco han sido ajenos. Por un lado, los principales medios corporativos de comunicación del país difunden plácidamente, sin ningún tipo de contraste, informes de inteligencia en los que se puede identificar fácilmente el relato del partido de gobierno, en el que existe un enemigo interno omnipresente que conspira contra el orden institucional por medio de la protesta social; contribuyendo así de forma peligrosa a la narrativa uribista que permite la criminalización de la movilización ciudadana y la legitimidad de las respuestas armadas y punitivas contra la indignación social, y reviendo, como en los tiempos del mandato directo de Uribe, lo que el analista de medios Fabio López de la Roche denominó «un tácito pacto mediático de apoyo a ese régimen comunicativo monológico».

Por otro lado, se encuentra un espectro diverso de medios proclives a su razón de ser: la defensa de la democracia, medios entre los que sobresalen la prensa independiente y la prensa alternativa, que se deben a su compromiso con la información y la opinión cualificada y no a los intereses de los grandes grupos económicos, financiadores de la coalición de gobierno.

Son tiempos muy oscuros para el ejercicio de libertades y derechos en Colombia. Gonzalo Guillén periodista del medio independiente La Nueva Prensa, viene denunciando casos de corrupción en los que está vinculado el poder político regional y nacional con el narcotráfico y el paramilitarismo. En una de estas denuncias, una de las personas señaladas en un trino, Carlos Barros, logró la apelación de una tutela ganada por el periodista para que lo rectificara, cosa que hizo Guillén en su cuenta de Twitter, pero al no hacerlo también en dos medios de circulación nacional, el Juzgado 44 Civil del Circuito de Bogotá, ordenó su arresto e impuso una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Una dura decisión judicial para un periodista en el marco de una alta impunidad para delitos graves de corrupción cometidos por la clase política y económica, y que en palabras de la propia Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP-, “se envía un mensaje adverso sobre el conocimiento y aplicación de los estándares de protección a la libertad de prensa en la administración de justicia. Para la FLIP, este desconocimiento fomenta un clima de silencio en el ejercicio periodístico”.

Estos tiempos oscuros y la valentía de Guillén ante las amenazas, así como la imposición del silencio, recuerdan la función social primordial que debe cumplir la prensa, que pese a los vientos de autoritarismo, debe continuar informando y difundiendo opinión argumentada: como lo evoca la película The Post, de Steven Spielberg, en la que retrata cómo en la década de los 70’s, los diarios The New York Times y The Washington Post le hicieron frente a las restricciones a la libertad de prensa que adelantó el gobierno de Nixon, para difundir una investigación filtrada por Daniel Ellsberg, que ponía de relieve los intereses políticos tras la guerra de Vietnam, en la que miles de vidas fueron sacrificadas, aun cuando el gobierno sabía que el ejército de los EE.UU. no saldría victorioso de la invasión militar.

La película cierra con una frase de gran relevancia para el oficio periodístico y el papel de la prensa en la democracia, pronunciada por un juez de la suprema corte de los EE.UU., que falló a favor de los medios y de la libertad de prensa: «La prensa está para servir a los gobernados y no a los gobernantes». Pero por supuesto, una prensa independiente a los intereses de los poderosos, porque como ya lo decía Rodolfo Walsh: «el periodismo es libre o es una farsa».