El presidente Juan Manuel Santos terminará sus ocho años de gobierno de modo desastroso y con un legado paradójico. A menos de un mes de finalizar un ciclo político que prometía la paz de la nación colombiana, el país que está dejando vive el recrudecimiento del asesinato de líderes sociales —van 105 líderes asesinados desde el 1 de diciembre de 2016 según el portal ¡Pacifista! y muy probablemente la cifra seguirá aumentando—, un país todavía altamente desigual —0.52 en el coeficiente Gini en 2016—, actores armados como el ELN, las disidencias de las FARC —recordemos al tristemente célebre alias Guacho— y Bacrim disputándose el control de las rutas y cultivos del narcotráfico que dejaron las otrora FARC-EP, y, por último, un crecimiento económico estancado debido a su dependencia de las rentas recibidas por el extractivismo minero-energético y la consiguiente incapacidad de implementar políticas públicas eficaces para crear producción y riqueza a nivel de la industria y el agro. Por si fuera poco, y como lo señala Mario Valencia, esta situación macroeconómica no parecerá cambiar pues el gabinete del nuevo gobierno Duque estará conformado por personas que seguirán la política económica del gobierno anterior, idea reforzada con el nombramiento como ministro de Hacienda del economista ortodoxo Alberto Carrasquilla, quien ya había sido ministro de Hacienda durante la era Uribe entre 2003 y 2007.
Entre las cosas destacables de la era Santos, el balance de la ANIF —Asociación Nacional de Instituciones Financieras—, por ejemplo, señala (i) el proceso de paz con las FARC, (ii) la reducción de la pobreza absoluta —del 45% en 2006 al 28% en 2016— y (iii) la construcción de institucionalidad legal para la ejecución de infraestructura pública. Pero incluso sus «cosas destacables» se ven empeñadas en ese informe:
(i) El proceso de paz se encuentra opacado por la lenta implementación de los Acuerdos de La Habana y la incapacidad del Estado de llenar los vacíos que dejaron las FARC mediante un control real del territorio —constitución del monopolio de la fuerza— y la construcción de estatalidad que permita el cumplimiento de derechos como la salud y la educación, los cuales eran suplidos por el negocio del cultivo de coca.
(ii) La reducción de la pobreza absoluta no se debió tanto a la focalización del gasto social en los más pobres —política «posneoliberal» de «inversión de buena calidad en capital humano» aconsejada por el Banco Mundial incapaz de reducir el patrón estructural de desigualdad socioeconómica—, sino al «boom» de un crecimiento económico jalonado por el extractivismo minero-energético, hoy por hoy en declive pese a su leve repunte.
(iii) La construcción de institucionalidad legal para la infraestructura se vio golpeada por la corrupción, de la que es prueba el escándalo de sobornos de la trasnacional brasileña Odebrecht hechos a gobiernos como el colombiano y los retrasos en la ejecución de obras públicas como en el caso de la Ruta del Sol II, tramo que estaba concedido a Odebrecht.
No obstante, la izquierda democrática que apoyó a Juan Manuel Santos en su única reelección no se equivocó al preferirlo sobre Óscar Iván Zuluaga. A pesar de la abrumadora corrupción, se contuvo parcialmente la reconfiguración cooptada del Estado del gobierno de Álvaro Uribe Velez, la cual pretendía la cooptación del Estado a partir de la reforma de leyes por parte de parapolíticos —congresistas financiados por paramilitares—, desde el propio régimen político y para su propio beneficio, desvirtuando los fines públicos. No hubo vergonzosos escándalos como el de las chuzaDAS, la Yidispolítica, o Agro Ingreso Seguro, tampoco Santos proclamó la supremacía del «Estado de opinión» sobre el «Estado de derecho» ni intentó una segunda reelección inconstitucional. A su vez, esa izquierda democrática que reeligió a Santos leyó correctamente el complejo momento histórico que se avecinaba: pese a la contradicción de votar por un programa económico neoliberal, apostó a que el fin de las FARC como organización guerrillera arrojaría más oportunidades de «acceso al poder» estatal-institucional —desde la presidencia de Belisario Betancur, sostuvo el colombianólogo recientemente fallecido Marc Chernick en la obra Acuerdo posible, el tema qué hacer con las FARC ha puesto presidente—, en consonancia con la tesis del historiador Daniel Pecaut según la cual la existencia de esa guerrilla impedía que la izquierda democrática tuviera éxito político. Este sector entendió que Uribe y Santos no eran exactamente iguales y que la división de las élites políticas de derecha en torno al proceso de paz era efectiva. Hoy estas élites se han unido en torno a Duque —una clara muestra de la decadencia del ejercicio del poder de la era Santos— y, como lo hicieron ver en su momento miembros de la Coalición Colombia como Antonio Navarro o Claudia López, existió una candidatura que las pudo haber derrotado: la de Gustavo Petro, quien registró en segunda vuelta la sorprente votación, inédita para un candidato de izquierda, de poco más de ocho millones. De ese modo, se comprobó que sí era cierto que la desaparición de las FARC como grupo armado abría más opciones de acceso al ejercicio efectivo del poder desde un plano estatal para la izquierda democrática. El propio Fajardo, candidato de «centroizquierda» de la Coalición Colombia y que votó en blanco en la segunda vuelta, se benefició de esa energía reformista propiciada por el proceso de paz.
Por todo lo anterior, y en conclusión, el presidente que prometía una «paz completa» dejó un país muy lejos de ella —recuérdese la incertidumbre del proceso con el ELN o la proliferación de «Bacrim» y el fenómeno del «neoparamilitarismo»— y con todavía muchos desafíos en términos de control estatal del territorio, lucha contra la desigualdad socioeconómica, garantía de derechos humanos para la oposición, fortalecimiento institucional o efectividad de políticas públicas. Haber continuado un modelo de dependencia minero-energética dejó a la «lotería» del mercado internacional el crecimiento económico, cuando se pudo haber desarrollado políticas de fomento a la creación de producción y riqueza. La corrupción estatal minó las posibilidades de efectividad de políticas públicas como las referentes a infraestructura, pese al fortalecimiento de la institucionalidad legal para ello. Además, Santos al final de su gobierno fue incapaz de mantener el ejercicio del poder y las élites políticas de la Unidad Nacional que lo acompañaron se reconfiguraron para apoyar al eventual gobierno de Duque, lo que retrasó todavía más la implementación de los Acuerdos de La Habana, algo que se vio en el pulso dado en el Congreso por la aprobación del marco jurídico para la JEP.
Así pues, el «gran ajedrecista» Santos dejó con el proceso de paz una oposición de izquierda democrática más empoderada, pero con la sombra acechante de un «neoparamilitarismo» que, ya opere sistemáticamente o no, parece haberse sentido legitimado con la elección de Duque y la reconversión de las élites santistas al uribismo 2.0, y que amenaza con la muerte el ejercicio de la oposición en Colombia. Igualmente, y como lo reportó La Silla Vacía, la reciente filtración de audios de Roberto Prieto —gerente de campaña de Santos en 2010 y 2014— sobre sus preocupaciones en torno al escándalo por el dinero recibido de Odebrecht y que violó el tope de financiación de la campaña, muestra que la otra sombra, la de la corrupción, acompañó a Santos hasta el fin de su era, aunque esta corrupción se hubiera dado, como en el caso del Proceso 8000 de Samper, «a sus espaldas».
En definitiva, un final desastroso y paradójico, incluso macondiano, para nuestro nobel de Paz, que obliga a la izquierda democrática y a los movimientos sociales a resistir todavía más y plantearse como alternativa seria de poder para 2019 y 2022. Pero ya la historia dirá si, finalmente, al menos Santos pudo poner la primera piedra para una verdadera paz que no niegue la existencia de los conflictos socioeconómicos, sino que los gestione óptimamente para todos y no sólo para unas oligarquías, lo cual dependerá en buena medida de la lucha política de los movimientos sociales y de la izquierda democrática.
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Camilo David Cárdenas Barreto. Licenciado en Filosofía por la Universidad Pedagógica Nacional y estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional. Me gusta escribir y hacer análisis político de coyuntura. Muchas gracias por leerme. Contacto: cdcardenasba@unal.edu.co.
