«Todo el mundo nos representa, menos nosotros mismos, sale Sabas Pretel (sic) De la Vega y dice que él representa la sociedad civil, salen las FARC y el ELN y dicen que ellos representan los intereses del pueblo, las autodefensas, dicen lo mismo, el ejército y el gobierno, todos son usurpadores de la representación. El único que no se representa es el pueblo, y no representa sus intereses porque como tiene tantos representantes en la Cámara, en el Senado, en las asambleas, en los consejos, en los sindicatos, en los partidos, en las alcaldías, tiene tanta representación que él no puede representarse, está por fuera de su propia representación».
— Carlos Medina, «Sobre el movimiento estudiantil».
Por primera vez después de poco menos de siete años, desde el proceso de la MANE en 2011, el tema de la financiación de la educación superior pública vuelve a estar en el centro de atención de la «opinión pública», y todo ello gracias al esfuerzo de multitudes de estudiantes que han sacado adelante la serie de marchas por la educación de 2018 para visibilizar esta problemática. Sin embargo, las tensiones políticas entre la Unees -Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior- y la Acrees – Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles – pueden amenazar la existencia y el éxito político del incipiente movimiento estudiantil. Aquí trataremos de explicar el porqué.
¿Ha habido un movimiento estudiantil colombiano?
La existencia de un movimiento estudiantil colombiano, entendido como una agrupación política organizada y permanente de un sector social articulado a nivel nacional, no debe darse por sentada. Siguiendo las palabras de Carlos Medina —proferidas en el año 2000—, lo que ha habido hasta ahora es activismo estudiantil y no movimiento, y ni siquiera la MANE pudo sobrevivir a esa tendencia histórica. Este activismo ha consistido en una serie de prácticas políticas que se nutren ideológicamente de los lineamientos de una determinada organización estudiantil —OCE (Organización Colombiana de Estudiantes), FEU (Federación de Estudiantes Universitarios), ACEU (Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios), etc.—. En la actual coyuntura, el desarrollo del Enees, hoy Unees, se plantea como la única alternativa seria para dar el tránsito del activismo al movimiento estudiantil.
Medina en aquel entonces propuso algunas tesis sobre el activismo estudiantil que se han convertido en trabas para su consolidación como movimiento y que pueden aplicarse para la presente coyuntura: (i) el activismo se encuentra amenazado por la despolitización —desinterés y apatía por la participación política— y la politiquería —«estrategismo» a favor de intereses de partidos o movimientos protopartidistas—; (ii) el activismo no ha podido articularse a nivel nacional y de forma permanente por su carácter contestatario y coyunturalista —ha reaccionado, por ejemplo, contra la reforma a la Ley 30 o contra Ser Pilo Paga pero sin consolidar una organización y un proyecto permanentes—; y (iii) el activismo ha sido esencialmente agitador, sin «un programa mínimo y un plan de trabajo de largo aliento».
La experiencia de la MANE y los riesgos de la representación estudiantil: elitización y burocratización
La lógica de las representaciones estudiantiles, en cuanto eje del activismo estudiantil, no está exenta de los riesgos que Beatriz Stolowicz denunciara para el caso del parlamentarismo como fenómeno explicativo del desprestigio de la política. El parlamentarismo, entendido como una forma de gobierno y una concepción ideológica según la cual la política queda reducida a la actividad parlamentaria —democracia representativa, contribuye al desprestigio de la política pues crea relaciones de burocratización y elitización que separan a los ciudadanos, a las bases sociales, de la participación política. Así pues, ésta queda en manos de un representante que no necesariamente representará los intereses de los ciudadanos.
Esta distancia entre representantes y ciudadanos se ha dado a nivel estudiantil y explica, en parte, la decadencia del proceso de la MANE y la resistencia a que la Acrees tome la vocería del incipiente movimiento. Uno de los exvoceros de la MANE, Sergio Fernández, renunció a la Mesa para lanzarse a la Cámara de Representantes por el Polo Democrático; y aunque se quemó, en el aire quedó la sensación de que su participación en la vocería de la MANE fue usada como trampolín partidista —«politiquería»—.
La MANE abandonó en mal momento la radicalidad del proceso político y levantó el paro nacional universitario para lograr una victoria pírrica, de ese modo, se separó tanto de las bases sociales a las que se debía que dejó que fuera desplazado por el CESU —Consejo Nacional de Educación Superior— y fracasó en su intento de construcción y aprobación de una nueva reforma a la educación superior. No pudo articular las representaciones estudiantiles regionales ni enfrentar contundentemente el «bogotacentrismo» y el «nachocentrismo» de sus voceros —devenidos representantes—, errores que se pueden repetir en el actual proceso. Huelga decir que las representaciones regionales también fracasaron en sus intentos «independientes» de negociación de una propuesta estructural alternativa.
Las representaciones no pueden exagerar su nivel de representatividad, pero tampoco se puede excluir a la Acrees del proceso político
Lo ocurrido en la marcha nacional del 10 de octubre pasado, en la que según Semana se concentraron 100.000 estudiantes de distintas partes del país —sólo en Bogotá se conglomeraron en la Plaza de Bolívar aproximadamente 15.000—, no se explica sin la institucionalización del Enees —Encuentro Nacional de Estudiantes por la Educación Superior—, hoy Unees —Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior—. Para Ana María Nates, exrepresentante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad Distrital, la Acrees —Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, nacida en 2016— ha estado ausente de ese proceso pese a su reciente protagonismo mediático, al punto de que otro exrepresentante pero de la Universidad Nacional, Inti Mesías Barrera, le adjudicó a la Acrees la coordinación de esta movilización, omitiendo sin razón el trabajo llevado a cabo por el Enees. No se puede desconocer, por consiguiente, cierta primacía de la Unees en la construcción de legitimidad e integración entre estudiantes organizados y no organizados. La inclusión de la Acrees debe partir de ese hecho político. De todas formas, la Unees tampoco está exenta de que sus delegados se eliticen y adopten lógicas burocráticas. ¡Ojo con eso, manitas y manitos!
Así pues, la mayor articulación nacional posible entre estudiantes —organizados y no organizados— y representaciones debería ser, hoy por hoy, una de las lecciones a tomar del fallido proceso de la MANE para evitar la disgregación del movimiento que se está construyendo. No se puede excluir a la Acrees, pero la Acrees tampoco puede hegemonizarse y exagerar su rol representativo y su legitimidad, más aún cuando las elecciones a representantes tienden a tener una participación muy baja. El parlamentarismo, que excluye al grueso del estudiantado de la participación política, es un riesgo latente. Además, el peligro de una radicalización de la división es inminente: las pretensiones del Ministerio de Educación de negociar con la Acrees por separado han de ser interpretadas como un intento de fragmentar el incipiente movimiento y aprovechar sus fracturas internas. Afortunadamente, la Acrees no ha caído en esta trampa y hay llamados de unidad.
El estudiantado, en fin, debe tener conciencia de sus propios intereses, más allá de las diferencias y sesgos partidistas
El estudiantado, al entender de Medina, no es una clase social particular sino un sector social que involucra distintas clases, aunque no en igual proporción. En ese sentido, y para evitar el parlamentarismo, debe procurar que su agenda política provenga de sí y no de la imposición de las alineaciones ideológicas de los partidos políticos o de las propias organizaciones estudiantiles que lo integran. El estudiantado, en definitiva, y especialmente el de las universidades públicas, debe ir más allá de la fractura histórica de la izquierda democrática entre Petro y Robledo y huir de la politiquería. Para ilustrar este problema tenemos el tuit del senador Gustavo Bolívar, quien, aunque reconoce que falta negociar el problema estructural de financiación de la educación superior pública, celebra como buena noticia la asignación de 500 mil millones de pesos para la educación superior, sin contarnos que «sólo 55 mil millones son presupuesto de base» y deben ser repartidos «entre 32 universidades y 30 ITT», como ha expuesto el exrector de la UNAL Ignacio Mantilla. Flaco favor a la educación superior pública.
Adenda
La violencia guerrillera, aunque estuviera asentada en causas estructurales —el problema de la tierra y la inflexibilidad institucional del Estado colombiano— derivó en una «guerra contra la sociedad» alimentada por el narcotráfico que terminó por ayudar a deslegitimar todo movimiento social contra el statu quo. Un fenómeno semejante se presenta con las «pintas», las «colatones», el «tropel» y todo aquello que implique un daño a la propiedad de otros, pues tales acciones se funcionalizan para acallar los motivos de protesta. Se requiere, pues, evitar a toda costa la creación de excusas para la deslegitimación y disgregación del movimiento estudiantil que se está forjando.
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Publicado: 14 de octubre de 2018.
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Camilo David Cárdenas Barreto. Licenciado en Filosofía por la Universidad Pedagógica Nacional y estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional. Me gusta escribir y hacer análisis político de coyuntura. Muchas gracias por leerme. Contacto: cdcardenasba@unal.edu.co
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