Un país en cero… Garantías de derechos
La noticia colombiana más vista y controversial en este mes de agosto no son las exigencias de los y las estudiantes por #MatrículaCeroYa, presupuestos dignos para sus instituciones y por garantizar el derecho a la educación, o las masacres de nuestros jóvenes, sino la medida de aseguramiento de detención preventiva de Álvaro Uribe Vélez, decretada por la Corte Suprema de Justicia. Hecho político y judicial inédito en la historia del país para una persona de tan altas dignidades en la (para)política de Colombia.
Estos sucesos se deben exaltar porque nos dan halos de esperanza en medio de la disputa en la que se encuentra el país por el control del Estado, por parte de sectores de la ultraderecha y las mafias colombianas, que se han enriquecido a través de la sangre, fuego, tierra y cooptación de las ramas del poder público. Sin embargo, hay asuntos estructurales: la educación, la espiral de la violencia socio-política, el genocidio contra líderes y lideresas sociales, la entrega de recursos del presupuesto del Estado a grandes capitales financieros, el extractivismo de los bienes ambientales por parte de empresas trasnacionales, el incumplimiento a los acuerdos de paz firmados con las FARC, el cierre a cualquier posibilidad de diálogo con el ELN, el control territorial de regiones del país por el paramilitarismo y los carteles mexicanos, la latente invasión a Venezuela por parte de los EEUU con la colaboración efectiva del presidente Iván Duque, parece que sólo le importan y le duelen a las organizaciones sociales y estudiantiles, y a los defensores y defensoras de los Derechos Humanos ¿Estamos en ceros?
Ante estos escenarios de sistematicidad de violaciones a los Derechos Humanos a los que se enfrentan diferentes procesos sociales, también deberían hacerse las preguntas:
¿Qué sucede con la educación pública superior en Colombia?
La educación superior de carácter estatal se encuentra en una crisis estructural de desfinanciación, que se compone interrelacionadamente de:
Abandono y marchitamiento gradual. En más de 26 años, las Instituciones de Educación Superior Públicas (IESP) han acumulado un déficit aproximado de veinte billones de pesos entre su funcionamiento e inversión al año 2020, llevando a que estas instituciones recurran como parte de su labor misional a la venta de servicios a través de la extensión social, con el objeto de cubrir los recursos que ha dejado de girar el Estado. Esto representa entre el 45% y 50% de los presupuestos anuales que cada IESP ha logrado conseguir, cumpliendo bien con la tarea de administrar la crisis de desfinanciación y la miseria de los claustros.
Las políticas internacionales. Impuestas a las IESP los grandes negociantes de la educación, los organismos multilaterales: el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para desmontar las responsabilidades de los Estados en la garantía del derecho a la educación pública superior, y dejarla en manos de la oferta y la demanda del mercado. ¿Qué jóvenes y de qué sectores podrán pagar la matrícula en una IES ante la crisis de empleo y pobreza multidimensional? Sumado a ello, nos encontramos con cero avances en la financiación plena de la educación superior.
El desvío de recursos públicos del Presupuesto General de la Nación al sector privado, a través de programas de gobierno como Ser Pilo Paga, Generación E, y los dineros girados al ICETEX, que propician el endeudamiento de jóvenes para acceder a instituciones de educación superior privadas, en el marco de la oferta, la demanda, la capacidad de pago y el endeudamiento. Estos estudiantes deben tener claro que estos programas y la bonanza financiera en los gobiernos de Santos y Duque crearon una burbuja especulativa en los costos de matrícula, que en la actualidad son imposibles de sostener.
La instalación de dispositivos de vigilancia, control y de guerra, al interior de los campus universitarios, que han buscado mostrar a los colombianos que las IESP son inviables financieramente y que académicamente están formando a guerrilleros-comunistas. Señalamiento que ha posibilitado el genocidio del movimiento estudiantil y profesoral, la infiltración de organismos de inteligencia del Estado, la persecución, los hostigamientos, las amenazas a los liderazgos estudiantiles y los montajes judiciales, que buscan cercenar la movilización social.
Ante escenarios tan graves, ¿por qué sólo se exige la #MatrículaCeroYa?
Los y las jóvenes y sus familias están en ceros. Se encuentran en condiciones de pobreza multidimensional y desempleo estructural que les hacen preguntarse ¿cómo hacer para comer, pagar servicios, arriendos y deudas? Además, si hacen parte del sector de jóvenes que accedieron a la educación superior, se suma la preocupación sobre ¿cómo y con qué pagar matrícula de las universidades para garantizar seguir estudiando?
La situación está difícil. El capitalismo está en crisis y la pandemia contribuye a develar las condiciones de indignidad e injusticia. Las cifras reportadas son alarmantes. La tasa de desempleo en Colombia se encuentra en el 19,8% o el 21.1%, según el DANE y la OCDE. Superamos más de millón y medio de personas desocupadas. Y las cifras van a aumentar.
La necesidad y las condiciones materiales objetivas han llevado a la disyuntiva: comida o educación. Ya se sabe la respuesta.
El efecto de la crisis no va a permitir que los y las estudiantes y sus familias puedan pagar las matrículas en las IES, tanto públicas como privadas, lo que puede generar una alta deserción. Estas condiciones han propiciado, en casi la totalidad de la IESP, expresiones que se suman a la coyuntura de la #MatrículaCeroYa, pero como ya se indicó esta reclamación no es suficiente y, de no profundizar los repertorios de las agendas, seguiremos en ceros.
¿Cuál debería ser una posible agenda de movilización, que reconozca los repertorios de insumisión de los y las estudiantes, y que permita retomar los contenidos de agendas democráticas de 2017, 2018 y 2019, por la defensa al derecho a la educación pública superior?
Precisemos los debates y sus alcances.
Para proponer elementos de contenido a una agenda se hace necesario posicionarse sobre los debates que ocasiona la crisis estructural de desfinanciación y la coyuntura de #matrículacero, que resumo en dos puntos:
Lo primero es definir si el horizonte y el contenido de movilización se centra en exigir al gobierno el pago de los valores de liquidación de matrícula para el 2020 y que las directivas de las IESP ayuden a cubrir esos pagos con recursos propios, aumentando los déficits y quitando la responsabilidad al Estado. Ejemplo claro de hacia dónde gira este tipo de comportamientos es lo que está pasando en la Universidad Nacional, donde el Consejo Superior Universitario (CSU) “aprobó trasladar hasta $2.200 millones de los recursos propios de inversión, para apoyos de matrícula a estudiantes de bajos recursos en pregrado y hasta $800 millones para derechos académicos de posgrado, durante el período académico 2020-2” de acuerdo con lo informado por la propia Universidad a diferentes medios de comunicación.
También se evidencia con lo que está solicitando la Universidad Pedagógica Nacional a la Ministra de Educación en una misiva que hizo pública el 29 de julio, “Para aunar esfuerzos en favor del pago de matrícula de nuestros estudiantes, proponemos estudiar la opción de aumentar el número de beneficiarios de nuestra universidad que participan en el componente gratuidad del programa Generación E, de esta forma se podrían apalancar recursos adicionales. Para lograr este objetivo proponemos aplicar el beneficio de Generación E a toda la población estudiantil sin distinguir semestre académico ni pago de matrícula”, desconociendo la lucha incesante que está misma universidad lideró entre los años 2017 y 2019 en contra de los programas Ser Pilo Paga y su continuidad en la Generación E. Triste panorama, que difícilmente podrá sostenerse para el 2021.
El presidente Iván Duque señaló en su alocución del 11 de agosto que garantizará la matrícula cero y varios congresistas celebraron los anuncios sin leer las cifras, en tanto dijo que: “son cerca de 734.000 jóvenes que tenemos en las universidades públicas del país, cerca 569.000 en estratos 1 y 2, 400.000 tendrán descuento del 100% y en promedio esos 569.000 tendrán descuentos del 70% y 73%”. Gran engaño y seguimos en ceros.
Además, los mensajes de Duque y la Ministra de Educación son distractores para desmovilizar las exigencias del estudiantado con paños de agua tibia. El anuncio presidencial ya está siendo atendido como obligación del gobierno a través de Fondo Solidario de Educación, recursos de ser Ser Pilo Paga que cubren cerca de 40.000 beneficiarios, donde se apropió de más de 1.57 billones de pesos de los recursos del extinto CREE y dejó un déficit de más de 2 billones de pesos; Generación E, que asciende a los 110.800 jóvenes, casi triplicando Ser Pilo Paga, y aún no ha alcanzado la meta de los 336.000 beneficiarios. Hagan cuentas, seguimos en ceros.
La segunda alternativa al anterior panorama, que debe ser parte del horizonte del trabajo colectivo, es la movilización por la #MatrículaCeroYa en perspectiva de avanzar en la gratuidad universal de la educación pública superior en el nivel de pregrado e incorporarlo como un derecho fundamental, para lograr la financiación del 100% de los presupuestos de las IESP por parte del Estado de la siguiente manera:
Principios mínimos para agendas de exigibilidad de derechos
Para enfrentar las crisis, y como principios mínimos para avanzar en la construcción del vínculo comunitario en agendas de lucha, se hace necesario trabajar desde la horizontalidad y en el reconocimiento del otro y la otra, sin que importe si se es estudiante o directivo universitario, con perspectiva antipatriarcal, decolonial y anticapitalista, con alianzas entre los de abajo y los de arriba, con arraigo el territorio, y una postura firme en la defensa de los derechos.
Por eso, los principales actores de transformación para los destinos de la Educación Pública Superior son los y las estudiantes que con sus huelgas de hambre, encadenamientos, tomas y campamento, entre otros repertorios de resistencia y movilización, están poniendo al descubierto que la desfinanciación y la crisis en la IES no son causadas por la pandemia, sino que son el efecto acumulado del neoliberalismo, incrustado en un gran y rentable negocio en el que se convirtió la educación superior y los presupuestos del Estado para garantizar lo que debería ser la educación como un derecho universal.
Contenidos movilizadores de las agendas
| EJE MOVILIZADOR | TIEMPOS | CONTENIDO MÍNIMO | ACTOR(ES) PARA EXIGIR |
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#MatrículaCeroYa 2020 |
Inmediato |
Financiación del total de los costos operacionales que representa cada estudiante de pregrado en las universidades públicas. Ejemplo: un estudiante de la UPN le cuesta a la Universidad un valor aproximado de $4´300.000, pero su liquidación de matrícula es de $300.000. Si el estado cubre solo $300.000 o una parte de esta cifra, o si las universidades asumen esos pagos, estos generan déficit en sus presupuestos. | Del orden nacional: Ministerios de Educación y de Hacienda y Crédito Público.
Del orden departamental: las gobernaciones. Del orden municipal-distrital: alcaldías. |
| Presupuesto General de la Nación (PGN) 2021 | Inmediato | Aumento del PGN en por lo menos cuatro billones de pesos y que la distribución de recursos para la IESP se establezca, como mínimo, de acuerdo con las proyecciones del IPC en más tres puntos adicionales.
Dineros que deben garantizar la gratuidad de los costos operacionales de la matrícula de pregrado. Nota: El PGN para educación fue de $44.4 billones. Iván Duque anunció una reducción en más de un billón de pesos en el presupuesto de educación, dinero con que se va a fortalecer pago a la deuda y defensa. |
Del orden nacional: Ministerios de Educación y de Hacienda y Crédito Público, Congreso de la República, sistema universitario estatal.
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| Reforma Artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 | Mediano | Proponer un nuevo proyecto de ley que establezca, por regla fiscal y normativamente, aportes fijos de la nación más un incremento de acuerdo con el salario mínimo. En esta perspectiva, se debe solicitar la modificación o el retiro del Proyecto de Ley 212 de 2018 de la Cámara de Representantes[1]. | Del orden nacional: Congreso de la Republica, Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Sistema Universitario Estatal. |
| Reforma Constitucional | Mediano y largo plazo | Donde se incorpore el derecho a la educación superior en su justiciabilidad y fundamentabilidad como derecho fundamental, es decir de aplicación inmediata, renunciando a su carácter de derecho económico social y cultural de carácter progresivo. | Gobierno Nacional, Congreso de la República. |
- D.: La educación es la clave para las trasformaciones democráticas necesaria y urgentes de este país, de lo contrario seguiremos condenados a repetir y permitir la historia de los matarifes.
[1] Ver discusión y alcances de este proyecto en: https://www.revistahekatombe.com.co/por-que-las-universidades-deben-salir-a-las-calles/
