La decisión de la Corte Suprema de dictar medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe ante el peligro de que afecte el acervo probatorio seguramente dará de qué hablar durante las próximas semanas. No sólo es la primera vez que un expresidente colombiano es privado de su libertad, sino que se ha abierto un panorama conflictivo en el que el uribismo buscará impulsar sus narrativas de persecución judicial de la izquierda, de la importancia de reformar a las cortes y de necesidad de una nueva constituyente.
Un día atrás el uribismo, como es costumbre cuando no están a su favor, estaba creando un ambiente de deslegitimación de las instituciones jurídicas liberales del país. En una carta firmada por 15 funcionarios y exfuncionarios uribistas, estos clamaron con vehemencia la «honorabilidad» del Matarife y sostuvieron que una eventual medida de aseguramiento obedecería a «presiones indebidas a la justicia». Iván Duque hizo lo propio y, como si no importara la separación de poderes estatales, salió en defensa de su jefe político.
El conflicto llegó a tal punto que los/as presidentes/as de las altas cortes —otrora enfrentadas entre sí— unánimemente suscribieron una carta en la que reivindicaron la autonomía e independencia del poder judicial y que, en ese sentido, los jueces «jamás podrán estar facultados para emitir providencias motivadas por corrientes de opinión o consideraciones políticas, religiosas o de cualquier otra naturaleza». Soterradamente las altas cortes le estaban diciendo al uribismo: nuestro actuar está basado en el derecho vigente y la recolección rigurosa de pruebas y no es una persecución política, si hay medida de aseguramiento no será por «presiones indebidas».
El 4 de agosto finalmente la Corte Suprema anunció la histórica noticia. Se empezó a consumar así el golpe que el mismo Uribe propició al defenderse de sus vínculos con el narcoparamilitarismo a través de la acusación a Iván Cepeda de crear falsos testigos. Pero la medida de aseguramiento no es sólo una acción jurídica sin más, de un sistema jurídico «independiente», sino que se da en un contexto de post21-N y de tendencia al ocaso de la hegemonía uribista.
Hoy más que nunca los sectores antisistémicos y sistémicos alternativos hemos de enfrentar la reacción uribista, pues, aparte de que agite banderas antidemocráticas y autoritarias, es posible que las tensiones sociales aumenten en el campo y las ciudades y se sumen a la escalada de asesinatos contra líderes/as sociales y excombatientes. Duque y su política de simulación y saboteo del Acuerdo Final de Paz todavía siguen en el ejecutivo. Es menester, pues, practicar una y otra vez la guerra de posiciones de Gramsci: una batalla indefinida en el terreno político-cultural que siga minando el consenso existente en la sociedad civil en torno a Álvaro Uribe. Y recordar que el problema no es Uribe como sujeto político, sino el orden social vigente que representa y aglutina alrededor de su figura: el orden financiarizado, extractivista, bélico-asistencialista, latifundista, ganadero y narco que se impuso a sangre y fuego merced al paramilitarismo y la ley y el acuerdo generalizado que de allí se derivó. Detrás del ascenso del orden uribista, como se sabe, estuvo el contexto de deslegitimación de la insurgencia guerrillera debido a su ejercicio de la extrema violencia.
La tendencia al ocaso de la hegemonía uribista ha llevado a que las manifestaciones a favor de Uribe no sean generalizadas, ni siquiera comparables a las que tuvo Gustavo Petro cuando fue destituido como alcalde de Bogotá por el exprocurador Ordóñez. Por esa razón, contra las expresiones populares uribistas, y como efecto político-cultural del 21-N, surgieron cacerolazos para respaldar la medida de la Corte Suprema.
Pero no se puede subestimar los sentidos comunes ni el campo popular que construyó el uribismo, fuerza política que en 2013 creó un nuevo partido político llamado «Centro Democrático», supo aprovechar su resultado victorioso en el plebiscito de 2016 y renovarse en 2018 con una figura presidencial aparentemente fresca, moderada y de «centroderecha». De nada sirvió que periodistas como Daniel Coronell mostraran en 2014 con pruebas que Uribe también buscó una salida negociada con FARC-EP. El ocaso hegemónico, en fin, no significa el fin mecánico del bloque de poder uribista, sino la apertura de una nueva fase del conflicto. La crisis lo que abre es un panorama complejo e indeterminado cuyo cauce depende en gran medida del actuar colectivo de los movimientos y organizaciones sociales alternativos.
El Centro Democrático tendrá que jugar precisamente la carta popular en esta fase de la crisis, pues ello le servirá para mover la narrativa, tanto en las redes sociales como en las calles, de que todo se trata de una persecución jurídica amañada para hacer lo que esas fuerzas oscuras antiuribistas no pudieron hacer en las urnas: derrotar al uribismo. Seguirá promoviendo la idea de que todo se trata de una venganza de Santos y FARC. Agitará las masas con la propuesta de la nueva constituyente y una gran corte a su medida y tratará de incitar una indignación generalizada que pruebe que al bloque de poder uribista no sólo lo respaldan grandes banqueros, industriales y ganaderos, o sus fuerzas militares y paramilitares, sino sectores de las clases bajas y medias beneficiadas, a distintas escalas, del proyecto uribista.
Si la decisión de la Corte Suprema abre posibilidades para que el resto de los procesos en contra de Uribe avancen y el cerco judicial lo deja en una posición crítica de jaque, sólo acogerse a la JEP de la que tanto despotricó podría ser su última jugada para salvarse de la cárcel.
Contra la reacción uribista se requiere articular una propuesta democrática de izquierdas con aspiración a la hegemonía que garantice la implementación real del Acuerdo Final de Paz y las posibilidades materiales y culturales de construir mundos igualitarios donde quepan muchos mundos, incluso más allá del sistema mundial capitalista. El cómo hacerlo no se dará a priori, sino en el devenir de las nuevas luchas signadas por la crisis global por pandemia.
El camino se hace al andar, como dijera Antonio Machado. Ya la Marcha por la Dignidad mostró la necesidad de volver a caminar juntos/as, de volver a caminar…
