En tiempos de crisis regional latinoamericana ante el impacto de la desaceleración económica global y del consiguiente deterioro de las tasas de ganancia en sus economías dependientes, se ha generado una alta expectativa por lo que ocurrirá en Colombia tras el paro nacional del próximo 21 de noviembre convocado por la CUT. Lo que ha ocurrido en las movilizaciones de Chile o Bolivia, que de momento han conseguido perfilar, respectivamente, reformas constitucionales y la renuncia de Evo Morales, han encendido localmente el temor de sectores como el uribista y las burguesías amangualadas bajo su paraguas. Es en especial el caso chileno el que más miedo les provoca, pues ha sido el más radical y el que más cuestionamientos al bloque hegemónico de poder ha hecho, ya que ha supuesto una revisión crítica del régimen de mercado impuesto, gracias a un golpe de Estado militar, por el dictador Pinochet y sus «Chicago Boys» —economistas chilenos educados por Milton Friedman en la Universidad de Chicago—, edulcorado tantas veces bajo la idea del «milagro chileno» y hoy por hoy tibiamente criticado por Rolf Luders, uno de los «Chicago Boys».
Para el caso colombiano, la fuerza del movimiento popular podría constituir, al menos en principio, una revisión radical del orden neoliberal vigente que fue desplegado con fuerza en el gobierno de César Gaviria desde 1990 por su «paquete de reformas estructurales neoliberales, conocidas como las reformas de la apertura económica y de la modernización del Estado» —como ilustra Jairo Estrada en el capítulo 2 de su obra Derechos del capital—, y el cual puso fin al régimen de acumulación de exportaciones e «industrialización dirigida por el Estado» en consonancia con los cambios globales del sistema de acumulación capitalista. Una posibilidad de cambio social que amenace su posición hegemónica en el bloque dominante de poder es lo que teme el uribismo y sus beneficiarios.
Crisis en el uribismo
El uribismo aún no ha podido sortear la crisis desprendida por su modesta participación en las pasadas elecciones regionales de octubre, derrotado incluso en lugares que otrora habían sido sus bastiones electorales como Medellín o Antioquia. Culpar a Duque, como hizo el uribismo, esconde el hecho de que ya en las elecciones presidenciales de 2018 había sectores que pedían un cambio sistémico alternativo y que éste fue truncado por la llegada de Duque y el ambivalente uribismo 2.0, cuya política, salvo en la radicalización a la oposición contra el proceso de paz, que en todo caso ahí sigue en marcha, en términos generales era más de lo mismo: la tendencia a la liberalización económica y la disciplina fiscal continuaron siendo los supuestos «buenos sentidos tecnocráticos» que no podían ser cuestionados, porque hacerlo era «populista» o «castrochavista».
Después de la derrota electoral, el acumulado coyuntural del proceso político, que involucraba denuncias del New York Times sobre el retorno de políticas oficiales de «falsos positivos» o el ocultamiento del asesinato del desmovilizado Dimar Torres por parte de miembros del Ejército, llevó a que el uribismo sufriera otro golpe: la renuncia del ministro de Defensa Guillermo Botero el 6 de noviembre, luego de haber escondido al país información sobre el exterminio de ocho menores de edad por un bombardeo estatal en Casanare, autorizado por Iván Duque para matar al disidente de las FARC «alias Cucho». Las denuncias del congresista Roy Barreras al respecto pusieron la cereza en el pastel para concretar un suceso inédito en Colombia, acostumbrada a encontrar en el Congreso una extensión aprobatoria más del orden político-económico que se intenta consolidar desde el Ejecutivo. El argumento del constitucionalista Rodrigo Uprimny es claro: el que las disidencias hayan violado el Derecho Internacional Humanitario —DIH— al reclutar a niños y jóvenes menores de edad, no implica que el Estado colombiano estuviera eximido de cumplir el «principio de precaución» para verificar, antes de ejercer un ataque militar, si había población civil o si los guerrilleros jóvenes reclutados —que tienen un estatus de víctimas al «[carecer] de la autonomía necesaria para tomar la decisión de involucrarse en una guerra »— estaban participando directamente en enfrentamientos armados en el campamento donde residían. «Pero no lo hicieron: pesó más el deseo de mostrar un éxito rápido después del anuncio, hecho dos días antes, de Márquez y Santrich de que volvían a la guerra. Y bombardearon el campamento sin precaución ni compasión. La vida de ocho menores fue sacrificada», sentencia Uprimny.
La existencia del «paquetazo neoliberal»
La reacción contra el creciente clima de ilegitimidad del actual régimen de gobierno y del régimen de acumulación liberalizado al que le sirve y que distintas burguesías financieras y empresariales del país y la OCDE pretenden profundizar para sortear, presuntamente, el problema del alto desempleo y la alta informalidad, ha sido, en general: negar la existencia de esas reformas y promover teorías de conspiración, como la que dice, sin ninguna clase de evidencia empírica, que hay una conspiración internacional de anarquistas o planes de desestabilización política coordinados desde el Foro de Sao Paulo, como se desprende de un comunicado oficial del Centro Democrático del 7 de noviembre.
Pero hay que decir, primero, que ya hubo un intento de reforma tributaria —ley de financiamiento— que, como contamos, precarizaba a las clases bajas y medias bajo la idea, sin respaldo empírico significativo, de que «menos impuestos implica más salarios» y no más ganancias para las burguesías «más competitivas». Segundo, el abogado Alberto Ortiz ha presentado pruebas de que el líder del Centro Democrático Álvaro Uribe sí radicó un proyecto de reforma laboral —«gaceta 973 del 2 de octubre de 2019»— que pretendía reglamentar, como dice su artículo 6, el «trabajo por horas, días o semanas, cuando se trate de jóvenes entre 18 y 28 años que estén cursando estudios […]» y el pago de seguridad social según el tiempo trabajado, ¡así sea por horas y nunca haya posibilidad real de pensión!
Tercero, la propia Revista Dinero ha publicado un artículo que constata que dentro de la reforma pensional también se tiene pensado eliminar el régimen solidario de prima media, que es el que maneja Colpensiones; además de que Iván Daniel Jaramillo, en Portafolio, critica la privatización del régimen pensional, planteada por Duque, apoyándose en estudios de la Organización Internacional del Trabajo —OIT—, la cual sostuvo en 2018 que:
«Considerando que el 60 por ciento de los países que habían privatizado los sistemas públicos de pensiones obligatorias han revertido la privatización, y teniendo en cuenta la evidencia acumulada de impactos negativos sociales y económicos, se puede afirmar que el experimento de la privatización ha fracasado. La privatización de las pensiones no dio los resultados esperados».
El análisis de Sergio Guzmán y Daniel Díaz hace una recopilación de las reformas laborales y fiscales sugeridas por burguesías industriales y financieras y la OCDE, y de la distancia que tienen éstas respecto a las necesidades sociales de una parte de la población. Esta tensión, dicen, no está gestando un sentir anticapitalista, sino «una sensación de que la clase empresarial es indiferente a la desigualdad que atraviesa el país y que las medidas que proponen, en lugar de cerrar las brechas, las aumentan».
Algunas propuestas por ejemplo, respaldadas por la OCDE, y que miden la escasa autonomía relativa del Estado colombiano frente a la reacción de la burguesía nacional o nacional-trasnacional ante los problemas globales de crecimiento y tasas de ganancia, buscan más flexibilización laboral: contratación por horas y salario mínimo del 75 % para menores de 25 años durante un periodo de un año. Esta medida ha sido respaldada por la ANIF —Asociación Nacional de Instituciones Financieras, con Sarmiento Angulo a la cabeza— y Fenalco —Federación Colombiana de Comerciantes—, todo bajo la venia del Ministerio del Trabajo.
Que el uribismo y Duque intenten recular en sus propias propuestas dado el clima y los posibles cursos «desestabilizadores» del actual proceso político, no resuelve el problema: sólo aplaza la profundización de la política económica y social hegemónica que efectivamente representan.
Las supuestas conspiraciones regionales
Del hecho de que existan grupos anarquistas, comunistas o autonomistas con prácticas violentas insurreccionales en los movimientos sociales no se implica que a nivel general la organización del paro nacional no se pretenda «pacífica». Aun aceptando que puedan existir redes internacionales de anarquistas coordinadas entre Argentina, Chile o Colombia —de las cuales el uribismo no ha aportado ni una sola prueba de su existencia—, ello no significa que su nivel de organización haya permeado la dirección de las organizaciones sistémicas alternativas que convocan el paro, como el sindicato de la CUT —como señala su presidente Diógenes Orjuela, quien dice rechazar categóricamente el «vandalismo»—, ni que todos los participantes de la movilización tengan una vocación insurreccional o destituyente. Mucho menos que tales anarquistas estén coordinados por un poder regional conspiracionista representado en el Foro de Sao Paulo —institución creada en 1990 como reacción al «Consenso de Washington» y la crisis del socialismo soviético—. Y si tal Foro llegase a tener tal nivel de influencia internacional en Colombia, aun cuando no sean claras sus motivaciones reales, sólo estaría aprovechando marginalmente las circunstancias socioeconómicas y políticas que ya existen en el país y vividas y conducidas por una potencia política propia de las clases populares.
Por su parte, si en algunos de los sectores que pararán hay un deseo de ejercer poder destituyente que lleve a la renuncia de Duque, esto tampoco quiere decir que se defienda la violencia física como medio. La fuerza social de la multitud, aunque tenga un objetivo político sistémico o antisistémico «radical», puede expresarse mediante distintas formas de lucha y a distintas escalas, y no hay un acuerdo sobre los repertorios de lucha que aglomere a todos los actores. Como en Chile, lo que se puede prever es que la gran mayoría de la movilización estará animada por el «pacifismo», pero ello dependerá también de cómo el gobierno y sus brazos represivos traten las manifestaciones y qué instancias de apertura política se constituyan.
Igualmente, quienes defienden el uso de la violencia política intentarán legitimarse en la violencia estructural del Estado colombiano y el funcionamiento del régimen capitalista financiarizado articulado por ese mismo Estado según su posición dependiente y subordinada en el sistema mundial. Haría bien el bloque hegemónico de poder en reconocer y no invisibilizar la naturaleza política de este tipo de expresiones violentas, como lo hizo Santos con la exguerrilla de FARC.
En fin, el uribismo pretende hacernos creer que estamos combatiendo contra ilusorios fantasmas, cuando lo que en realidad quieren es tapar su responsabilidad política en la profundización de las exclusiones socioeconómicas del actual régimen capitalista global liberalizado, para lo cual necesitan ejercer poder simbólico y violencia simbólica: decir a los movimientos y organizaciones sociales que están representando mal el mundo, que sólo su visión conspiracionista y negacionista es la legítima representación del estado de cosas, aun cuando tal concepción construida para mantener su hegemonía atenta contra cualquier «principio de realidad» hasta donde sabemos, como hemos pretendido ilustrar.
¡Que viva el #21N!
