Jóvenes detenidos en el paro deben ser judicializados por la justicia indígena: propuesta Misak

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Colombia, 10 de diciembre de 2021. Con una declaración pronunciada por el Tata Pedro Velasco Tumiña, gobernador de Guambía, Cauca, el pueblo Misak se propuso como la instancia que adelante los procesos judiciales que avanzan contra los jóvenes capturados e investigados por su activismo o participación en primeras líneas, en el marco del estallido social contra el no futuro.

En una actitud contra hegemónica, señalan en la declaración que al haber sido el Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente – AISO convocante de la Minga/Paro Nacional, reconocen a quienes se hayan movilizado como hijas e hijos de su pueblo, y por tanto, como integrantes también del pueblo misak:

Hoy, con la memoria y la fuerza ancestral queremos manifestarle al pueblo colombiano, que AISO considera como suyos, hijos de nuestra tierra, herederos de nuestras luchas, a todos y cada uno de los jóvenes colombianos, sectores sociales, populares, étnicos, académicos y cívicos que han venido siendo víctimas de la represión estatal, ahora en forma de criminalización penal de la protesta social, que busca castigar el derecho a disentir, a soñar y a construir un mundo diferente.

Por esta razón y en consecuencia del reconocimiento público que hoy hacemos de la plena pertenencia de los jóvenes mingueros de todo el territorio nacional a nuestro pueblo, incluso a nuestro censo, solicitaremos, de la mano de cada uno de ellos, que los casos que vienen adelantándose en la Jurisdicción Ordinaria, sean en adelante conocidos por la Jurisdicción Indígena”.

En la declaración, sostienen que se encuentran amparados por la Constitución para llevar a cabo ese proceso desde la jurisdicción indígena, al reconocer a las y los manifestantes con procesos judiciales como parte de su pueblo:

“Las personas privadas de su libertad por hechos desarrollados durante la Minga o el Paro Nacional y/o judicializados por estos, son prisioneros y procesados políticos. Nuestra Jurisdicción, tal como lo mandata la Constitución Política de Colombia y nuestras propias normas, aplicará justicia en estos casos y lo hará de manera autónoma, sin prejuicios racistas o de clase, y donde encuentre conductas que deban ser sancionadas, lo hará, con sentido restaurativo, conforme a nuestras normas y constumbres, pero lo hará también, velando por los derechos fundamentales consagrados en la misma Constitución, en donde entre otros, se garantiza el derecho a la movilización y a la protesta”.

Como elección simbólica, la declaración fue pronunciada desde el monumento a la Resistencia en Puerto Resistencia-Cali, el pasado 9 de diciembre. También resaltaron que el pueblo Misak fue testigo de la violencia paramilitar en contra de la población movilizada, así como de la violencia ejercida por la Fuerza Pública, que actuaba con uniforme y en forma de infiltración. 

Para el Tata Pedro Velasco, las manifestaciones de indignación que están siendo perseguidas por el Estado colombiano no son entendidas en realidad, y por ese motivo son tratadas como problemas concernientes a la seguridad nacional:

“El gobierno no debe entender que la lucha por la dignidad y la memoria traducida en la rebeldía sea vista como algo anormal dentro de esta democracia del gobierno tradicional-liberal, que todo lo quiere acomodar a sus intereses. Las dignidades y las rebeldías son procesos que nunca deben ser vistos como un problema de seguridad nacional, sino como un compromiso de debate a todos los sectores económicos, políticos y académicos, pero también llegando a los procesos sociales”.

Cabe recordar que el pueblo Misak protagonizó desde el 2020 las acciones anticoloniales de derribamiento de estatuas de figuras de la conquista y del poder colonial, y posicionaron las consignas “¡A tumbar para avanzar!” y “¡La fuerza de la gente!”.


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