El panorama para la garantía de los derechos de las víctimas en Colombia no es nada alentador. A menos de dos años de la terminación de la vigencia de la Ley 1448 de 2011 tan sólo ha sido posible reparar a 986.961[1] de un total de 7.181.215 de víctimas reconocidas hoy por la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas.
En este contexto de precariedad, la restitución de tierras ha sido el patito feo dentro de las medidas de reparación, evidenciando una incapacidad estructural del Estado para acometer la tarea de devolver las tierras a quienes en el marco del conflicto armado fueron despojados de ellas o se vieron forzadas a dejarlas en condición de abandono. El patito más feo dentro de la política de víctimas ha estado acompañado de las múltiples fallas en la administración de justicia que arrojan un balance de amplia insuficiencia en la materia.
Pero además de las dolencias estructurales de la justicia, la fase terminal de la implementación del proceso de restitución como mecanismo de justicia transicional se ha visto impactada por un creciente fenómeno de politización de los operadores judiciales, como una tendencia que no precisamente se sitúa en los estándares deseados del activismo judicial en favor de la ampliación de los márgenes de protección a partir de interpretaciones garantistas y con un enfoque de derechos humanos, sino por el contrario, en decisiones políticas que son operativizadas por los jueces favoreciendo intereses privados y en detrimento de las víctimas.
Un bochornoso caso que ejemplifica de buena manera lo descrito, los constituye la actuación del Juez Segundo Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó, quien en una audiencia realizada el pasado 30 de septiembre, sometió a una reclamante de tierras a una situación degradante y agresiva, amenazándola con que la iba a “tirar” a la Fiscalía por negarse a decir que en la región del Urabá Antioqueño, el despojo de tierras por cuenta del paramilitarismo a finales de los años 90’s, había sido básicamente un cuento de hadas.
Entre otras el “administrador de justicia” afirmó que la restitución de tierras era “la mentira más grande” y exhibió como fundamento de su actuación un proyecto de ley radicado por el partido Centro Democrático a finales del año 2018, proyecto que sería archivado durante esa legislatura. Alejandro Rincón Gallego, quien obtuvo el puesto 1.439 entre 1.440 aspirantes al cargo de Juez Civil del Circuito en el concurso de méritos de la rama judicial, aceptó públicamente haber recibido en su despacho a un grupo de personas que le había hecho entrega del documento con los logos del Centro Democrático y que él decidió asumir como ley de la república.
Queda claro entonces que aun sin agotar trámite alguno en el Congreso, el proyecto de ley que fue nuevamente radicado a principios del mes de octubre en cabeza de la Senadora María Fernanda Cabal, ya cuenta con jueces dispuestos a violentar los mínimos del debido proceso como el principio de legalidad, que implica que las normas a partir de las cuales proceda la administración de justicia existan de manera previa y que hayan sido expedidas conforme dispone la Constitución. ¿Habrá en esto intereses distintos a los de un juez entusiasta por las iniciativas legislativas de un partido político?
Ni las quejas disciplinarias impulsadas por Procuraduría General de Nación y los apoderados de las víctimas, ni la denuncia penal radicada ante la Fiscalía, parecen tener repercusión alguna en el despacho del juez Rincón Gallego en Apartadó, pues contra todo pronóstico, a diario adelanta audiencias en otros procesos de restitución, y como si fuera poco, resuelve acciones de tutela presentadas por ciudadanos que tienen la “fortuna” de llegar ante él solicitando el amparo de sus derechos fundamentales.
A la fecha pareciera que un auténtico “poder divino” protege la actuación del juez que se siente con derecho para dictar la ley desde su estrado y de silenciar con una nueva y atroz forma de violencia, las voces de las víctimas del despojo que llevan años siendo silenciados.
[1] Esta cifra corresponde a lo publicado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas a corte junio de 2019 y corresponde al número de personas beneficiarias de la medida de compensación económica como uno de los componentes de la reparación integral.
