Empecé mi trabajo pedagógico con jóvenes hace ya bastante tiempo; cuando yo mismo tenía la magia propia de esa edad y soñaba que el poder de la juventud transformaría el mundo. De esos años conservo los mejores recuerdos que tengo, la decisión que asumí de trabajar como profesor de educación básica y media, y el anhelo de transformar la realidad injusta de los nadies en Colombia.
Cada vez que escucho hablar a mis estudiantes de sus sueños, del futuro, de la casa propia que algún día le podrán regalar a sus padres y de cómo superarán todos los problemas que se les atraviesen, siento que soy parte de sus vidas y que tengo una responsabilidad enorme con ellos, quizá por eso escribo ahora. En esos momentos me siento alegre, siento que la esperanza existe, que es posible transformar la realidad y que cada paso y cada triunfo de esos jóvenes es un logro propio. Pero al mismo tiempo siento miedo, tristeza y desolación de saber que la etapa del colegio solo es una burbuja, que al salir al mundo tendrán que estrellarse de frente con la realidad.
Podríamos definirnos como un país de gente joven, que tendría que ofrecerle a la juventud todas las garantías para una vida digna y la realización de sus sueños. Pero no es así: Colombia es un Estado Juvenicida.
De acuerdo con los resultados expuestos por el Departamento Nacional de Estadística (DANE) en el censo nacional de población y vivienda del año 2018, Colombia contaba para la época con un total de 48.2 millones de habitantes, con una proyección de 50.3 millones para el año 2020, de los cuales el 26.1% representa a la juventud, asumiendo este grupo poblacional como aquellas personas cuya edad se ubica entre los 14 y 28 años (Ley 1885 de 2018). Esta cifra nos permite definirnos como un país de gente joven, que tendría que ofrecerle a la juventud todas las garantías para una vida digna y la realización de sus sueños. Pero no es así: Colombia es un Estado Juvenicida.
Tal y como señalara Charles Feixa en la primera Bienal Latinoamericana de Infancias y Juventudes, el juvenicidio “es la desaparición de la adolescencia como etapa vital bajo las obligaciones que impone un sistema económico de baja inversión en salud y educación para los menores de edad”, determinando condiciones de precarización, pobreza, desigualdad, estigmatización y estereotipamiento para los jóvenes contemporáneos. Es posible identificar un juvenicidio directo cuando los jóvenes son exterminados y sus vidas son extinguidas, pero también es posible hablar de un juvenicidio simbólico cuando se les quitan las posibilidades de ejercer su juventud; cuando se les niega el acceso a la educación, cuando no se les ofrecen escenarios de participación social, política o cultural; cuando no se les presentan oportunidades laborales y; en general, cuando se restringen los marcos sociales y culturales que posibilitan el ejercicio de las juventudes. Para tristeza nuestra, la historia reciente de Colombia está plagada de ejemplos de juvenicidio.
Según cifras del DANE (Censo 2018) el 50.5% de la población juvenil en Colombia pertenece a los estratos sociales 1 y 2, y padece las diferentes problemáticas asociadas a dicha estratificación. En el contexto de la economía global, estos jóvenes pertenecen a familias de clase trabajadora y han sido excluidos históricamente de espacios sociales, económicos, políticos y culturales de participación (Reguillo, 2007). Para el primer trimestre del año 2021 en el grupo de jóvenes mayores de edad en Colombia existe una tasa de desempleo del 22.5% (Boletín Técnico del Dane primer trimestre de 2021). Estas cifras se traducen en pobreza, desigualdad, desempleo y precarización de las vidas de los jóvenes en nuestro país.
Por otro lado, en cuanto al acceso a la educación, en el estudio Graduación de la educación media (García, Maldonado & Jaramillo, 2016) investigadores de la Universidad de los Andes determinaron que la tasa de graduación de educación media para los jóvenes entre 16 y 24 años en Colombia, en el año 2014, alcanzó el 55.7% (63% para el sector urbano y 31% para el sector rural). Adicionalmente, la investigación titulada Education at a Glance 2018 (OCDE, 2018) evidenció que solo el 28% de los jóvenes colombianos ingresa a la educación superior y que el 78% de ellos culmina el proceso satisfactoriamente.
El juvenicidio “es la desaparición de la adolescencia como etapa vital bajo las obligaciones que impone un sistema económico de baja inversión en salud y educación para los menores de edad”: Charles Feixa en la primera Bienal Latinoamericana de Infancias y Juventudes.
Estos datos son algunos ejemplos de las precarias condiciones de vida de los jóvenes en Colombia y develan la ausencia de un proyecto de país para el ejercicio de las juventudes. Además, se presentan como el abrebocas de una situación todavía más triste y lamentable: el juvenicidio directo, el exterminio de los jóvenes en Colombia a manos del Estado.
El 15 de noviembre de 1992 en Villatina (Antioquía) un comando de policía del extinto F2 asesinó a 9 niños y jóvenes mientras se encontraban jugando en el parque de este barrio del sur de Medellín. El 28 de febrero de 1993 Sandra Catalina Vásquez, de 5 años, fue violada y asesinada por el agente Diego Fernando Valencia Blandón en la estación N. 3 de Policía de Bogotá. El 29 de agosto de 2019 un avión super tucano de la fuerza aérea bombardeó un campamento de las disidencias de las FARC en la Vereda Candilejas (San Vicente del Caguán) asesinando a 8 niños y jóvenes mientras se encontraban durmiendo. El 25 de enero de 2021 un Juez Penal del Circuito de Bogotá condenó al agente del Esmad Néstor Julio Rodríguez Rúa por el asesinato del joven Nicolás Neira el 1º de mayo de 2005. El pasado 18 de febrero la Justicia Especial para la PAZ (JEP) develó que entre los años 2002 y 2008 fueron asesinadas 6402 personas, en su mayoría jóvenes, por parte del Estado en el denominado caso 03, conocido como el de falsos positivos. El pasado 2 de marzo de 2021 el ejército colombiano bombardeó un campamento de las disidencias de las FARC, asesinando a 12 niños y jóvenes que se encontraban en este sitio. Estos asesinatos, sumados a decenas de casos de violaciones y excesos de la fuerza cometidos por el ejército y la policía en contra de los niños y jóvenes del país se vienen presentando cada vez con mayor fuerza y de manera reiterativa.
Históricamente se ha visto a la juventud como un estado de transición: adultos en potencia que requieren ser moldeados y regulados según los intereses del mercado y del poder; sujetos peligrosos que deben ser controlados para mantener el estado de las cosas. En el caso colombiano se les ha declarado la guerra a los jóvenes negándoles cualquier posibilidad de participación social, política o cultural, y en el peor de los casos se les ha exterminado con el pretexto de la guerra y con la excusa de la ley.
Esta semana el periodista Hollman Morris dio a conocer el asesinato de los 12 niños y jóvenes asesinados en el Guaviare a causa de un bombardeo de la fuerza aérea. Como respuesta a la prensa el ministro de defensa Diego Molano ha dicho que estos menores no eran niños ni jóvenes, eran máquinas de guerra y como tal debían ser eliminados. El ministro no solo desconoce el contexto de estos niños y las razones que los llevaron a estar allí. Molano desconoce el reclutamiento forzado, las dinámicas de la guerra y la inocencia propia de estas edades, y actúa enceguecido por la ira que siempre han tenido los poderosos sobre los pobres, con sed de sangre y dolor.
Históricamente se ha visto a la juventud como un estado de transición: adultos en potencia que requieren ser moldeados y regulados según los intereses del mercado y del poder; sujetos peligrosos que deben ser controlados para mantener el estado de las cosas.
Seguramente mañana, cuando hable con mis estudiantes sobre el futuro, no habrá alegría. Seguramente habrá tristeza, dolor e incertidumbre. Pero no serán lágrimas, señor ministro. Aquí siempre habrá un maestro, siempre habrá miles de maestros que abrazamos y abrazaremos a nuestros niños y a nuestros jóvenes, que les contaremos de los vencidos y de los vencedores, que les enseñaremos a pensar y a leer el mundo, y que les protegeremos siempre que sea necesario, quizá porque esa es nuestra responsabilidad.
Ahora nos queda convertir la rabia en ganas de seguir luchando y gritar a cuatro voces que en Colombia gobierna una clase juvenicida.
