Desde la mañana se ve si va a ser un buen día: la autonomía universitaria en la patria milagro
Por: Verónica Cortés Sánchez
El 8 de junio de 1954, Uriel Gutiérrez cayó muerto dentro de la Universidad Nacional después del ingreso de la fuerza pública. Al día siguiente, la protesta por su muerte dejó diez estudiantes y un civil asesinados. Treinta años después, el 16 de mayo de 1984, la fuerza pública volvió a entrar al campus en medio de otra jornada marcada por graves violaciones de derechos humanos.
Nadie necesita modificar el significado de la autonomía universitaria para sostener que cometer un delito dentro de un campus sigue siendo cometer un delito. La universidad pública tampoco es una embajada, por mucho que algunas caricaturas sobre ella parezcan imaginar una extraña república independiente detrás de la portería. El Estado dispone de instrumentos jurídicos para investigar delitos, individualizar responsables y actuar frente a situaciones excepcionales. De manera que la eficacia política del anuncio presidencial difícilmente puede medirse solo por las facultades adicionales que otorgue a la Policía sino que, conviene más bien, mirar la necesidad presidencial de anunciar públicamente que ahora sí podrá entrar.
Antes de que una intervención excepcional pueda ser socialmente aceptada, tiene que existir algo que justifique la excepción y esa justificación se construye también con palabras. El protocolo promete distinguir protesta, violencia y terrorismo, aun cuando el discurso presidencial aparecen “universidad”, “encapuchados”, “vandalismo”, “terrorismo urbano” y “orden público” como una forma de nombrar fenómenos diferentes, pero puestos una y otra vez dentro de una misma secuencia producen una poderosa asociación en donde la universidad deja de ser el lugar donde eventualmente ocurre una conducta violenta y pasa a ser percibida como uno de los lugares de los que podría provenir la violencia haciendo que la mirada se extienda hacia quienes la habitan, sus organizaciones y sus prácticas políticas.
Por otra parte, hay una inversión políticamente productiva y es la del actor que concentra la fuerza y empieza a narrarse como víctima de aquello que limita su capacidad de ejercerla. Los violentos estarían en “santuarios” y, al presentarse como débil, ampliar la capacidad de intervención deja de percibirse como ampliación del poder y eso supone que entonces, el Estado estaría simplemente recuperando la autoridad que alguien le quitó. Poner orden, recuperar el control, volver a llamar delito al delito. Un peligro.
Gobernar después de Petro también implica producir una interpretación de lo que acaba de terminar. El petrismo hizo del diálogo, la negociación, el reconocimiento del conflicto social y la Paz Total una parte central de su lenguaje político, mientras persistían violencias, extorsiones, economías ilegales y formas de control territorial que dejaron frustración y miedo en una parte de la sociedad. Esa contradicción deja disponible una interpretación peligrosamente sencilla según la cual si hablar no funcionó y si persiste el desorden, fue porque faltó autoridad.
Ahora bien, sería demasiado cómodo responder a todo esto exclusivamente desde la denuncia de la “criminalización de la protesta”. Ha habido violencia dentro de universidades públicas y hay estudiantes, comerciantes y ciudadanos cuyas experiencias de determinadas formas de protesta están asociadas con miedo, destrucción o pérdida de ingresos. Reconocer esto permite entender el material social con el que una política de mano dura construye legitimidad y si nuestra respuesta solo ofrece lenguaje para denunciar la estigmatización, dejamos sin lenguaje político a quienes defienden la protesta y rechazan esas violencias. En este sentido, la derecha queda entonces en mejores condiciones para recoger estas experiencias, ofrecerles una explicación y, finalmente, la promesa de que alguien, por fin, va a poner orden.
“Voy por ustedes” es la promesa de que alguien será puesto en su sitio. Y para que esa promesa funcione, necesita un “ellos” reconocible y suficientemente móvil para reunir al encapuchado, el vándalo, el radical, el manifestante violento o el “terrorista urbano”. No podemos olvidar que Colombia pasó décadas administrando conflictos políticos mediante categorías producidas por la guerra. Tenemos la obligación de mirar al Gobierno que se está formando frente a nosotros porque sabemos que no estamos ante episodios aislados sino ante una concepción más amplia del poder. Desde la mañana se ve si va a ser un buen día.
Sin que conociéramos todavía el protocolo, De la Espriella consiguió que rectores, estudiantes, profesores, juristas, periodistas y opositores discutiéramos durante una semana hasta dónde puede entrar la fuerza pública a las universidades. La discusión es necesaria, por supuesto, pero también advierte que estamos respondiendo exactamente una pregunta que el Gobierno formuló. Mientras discutimos si la autonomía está o no por encima del orden público, podemos terminar aceptando silenciosamente la premisa que hace posible toda la pregunta y es que existe un problema nacional llamado ‘universidades y orden público’ que exige una nueva respuesta estatal.
Setenta y dos años después de Uriel y cuarenta y dos después del 16 de mayo, el 13 de septiembre de 2026, Abelardo de la Espriella dijo que la autonomía universitaria no puede estar por encima del orden público y advirtió que irá por quienes cometan actos violentos, “incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar”. ¿“Sacarlos y hacerlos pagar” es una amenaza nueva, o es lo que ya le costó la vida a Uriel Gutiérrez y a diez estudiantes más en 1954? y ¿qué clase de santuario acumula 588 crímenes documentados contra quienes lo habitan y ninguno contra quienes gobiernan?
Verónica Cortés Sánchez
nterdisciplinar e indisciplinada. Magíster en Estudios Culturales y candidata a doctora en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Investiga y escribe sobre raza, poder, cultura y las desigualdades se producen y disputan en la vida social.
Instagram: @avecesveronica
