El pasado 14 de julio las organizaciones defensoras de derechos humanos Asomudem y Miconcamp, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Humanidad Vigente y Cajar presentaron un comunicado de prensa a propósito de los 20 años de la masacre de Mapripán, cuando cientos de hombres pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia con el apoyo de altos mandos del Ejército Nacional, asesinaron, desplazaron, desaparecieron y torturaron a cientos de campesinos de la zona.
La masacre fue alentada y patrocinada por el General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, el coronel Lino Sánchez, el Mayor Hernán Orozco Castro, el general Rito Alejo del Río, comandante de la XVII Brigada, con sede en Urabá desde donde despegaron dos aviones con paramilitares para llegar a la zona y otros mandos militares en el marco de la expansión paramilitar.
El comunicado afirma: “La masacre que hizo parte del proyecto de expansión paramilitar en los llanos orientales, se inició en el casco urbano del municipio de Mapiripán, fue avanzando por veredas y corregimientos como Puerto Alvira, La Cooperativa, Charra, entre otras, convirtiéndose quizás en uno de los hechos más macabros de la historia reciente de nuestro país”.
Cerca de 10 años después la Corte Interamericana de Derechos Humanos, halló responsable al Estado Colombiano por la violación de los derechos a la vida, integridad y libertad de las víctimas de la masacre perpetrada en Mapiripán, entre el 15 y 20 de julio de 1997, en la que en 204 páginas documenta los sangrientos hechos allí ocurridos. Asimismo, el Estado fue declarado responsable por la violación del derecho al debido proceso y la protección judicial de las víctimas y sus familiares.
Hasta la fecha han sido condenados el General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, a 37 años de prisión en 2014, “por el delito de comisión por omisión, de los homicidios agravados y secuestros simples ocurridos en el municipio. También han sido condenados el coronel Lino Sánchez, quien falleció en prisión, el Mayor Hernán Orozco Castro (…), está vinculado a la investigación el general Rito Alejo del Río(…). Sigue sin investigarse la responsabilidad del Comandante de la IV División del Ejército de la época y otros mandos militares, que contribuyeron, por acción y omisión, a consolidar esta estrategia paramilitar y de terror en esta región”, señala el comunicado.
En cuanto a los paramilitares que perpetraron dicha acción “Salvatore Mancuso y Raúl Emilio Hazbún Mendoza, quienes reconocieron su autoría en los hechos y solicitaron sentencia anticipada en junio de 2013. De igual manera, en noviembre de 2015, fue condenado Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel, Mauricio, o Cachama’, y también han sido condenados los paramilitares Elkin Casarrubia Posada alias ‘El Cura’ y Dúmar Jesús Guerrero Castillo alias ‘Carecuchillo’, entre otros”.
De acuerdo a las investigaciones adelantadas la masacre de Mapiripan contó también con la participación del zar de las esmeraldas Victor Carranza y el Coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo vinculado además con la creación de escuadrones de la muerte en la década de los 90, con Carlos Castaño, Fredy Herrera alias el Alemán con quien articuló la Operación Génesis en el Bajo Atrato Chocoano, que dejó como resultado el desplazamiento de más de 3.500 personas en febrero de 1997.
Como resultado de la Ley 1820 de 2016 de amnistía e indulto y otros tratamientos penales diferenciales, que prevé libertades transitorias bajo el compromiso de comparecer a la Jurisdicción Especial para la Paz, el 5 de mayo de este año, el general Uscátegui Ramírez fue dejado en libertad, alegando su inocencia y anunciando la solicitud de revisión de su condena en la JEP. Ante lo cual indica el comunicado: “Las víctimas y organizaciones acompañantes rechazamos con indignación la libertad concedida toda vez que no encontramos un ánimo real de aportar a la verdad y la reparación de lo sucedido”.
Mapiripán hoy
El comunicado señala que hasta la fecha, 20 años después de la masacre y 10 años después del mandato de la Corte Interamericana al Estado, la Unidad de Víctimas no ha cumplido con la reparación, ni reubicación del total 511 familias desplazadas por la alianza entre el ejército y el paramilitarismo. Cabe señalar que las pocas que han sido reubicadas, lo han hecho sin acompañamiento del Estado, sin garantías de seguridad, ni de estabilidad socioeconómica.
El comunicado señala que grupos neoparamilitares tienen el control de la zona “cometiendo diferentes violaciones a los Derechos Humanos, en especial, contra líderes y lideresas reclamantes de tierras, quienes han denunciado la apropiación de grandes extensiones, y los impactos ambientales de la agroindustria de palma aceitera que desarrolla la multinacional de origen italiano Poligrow, como la destrucción de morichales y otras fuentes de agua”.
A estos hechos se suman la destrucción y robo de tierras por parte de dicha multinacional, como lo denunció la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz el pasado 1 de junio, después de la quema de una hectárea de tierra propiedad de Leidy Vega, hija de Carlos Uriel Vega, víctima de desaparición forzada el 12 de marzo de 2002.
La misma comisión en carta enviada en el mes de enero al gobierno nacional señaló la: “Ausencia en la protección de DDHH ante daños ambientales provocados por la empresa palmera Poligrow, ausencia de control del erario público en Mapiripán, Meta”. Violación de derechos humanos como lo señala El Turbión en: Los negocios sucios de la agroindustria ‘verde’ en Colombia
El comunicado cierra: “Han transcurrido 20 años desde la masacre, 20 años de impunidad e incumplimientos. Pero también 20 años de memoria, resistencia y lucha inclaudicable por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Nuestro objetivo último es hacer realidad el sueño de Mapiripán como un territorio de paz con justicia social y ambiental.
¡Que no se olvide! ¡Que no se repita!”
Aquí encuentras el comunicado: De las masacres de Mapiripán al acaparamiento de tierras con daños ambientales.
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Por: Stephanía Pinzón, conocida en el bajo mundo como @TerribleStepha.
